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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

martes, 28 de julio de 2026

Cuba reduce las actividades prohibidas para el sector no estatal y anuncia nuevas flexibilizaciones (+ PDF)

 Por: Oscar Figueredo Reinaldo

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En consonancia con las trasformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional, las autoridades cubanas han anunciado la reducción de las actividades no autorizadas para el sector no estatal.

La medida, que incluye la derogación del Decreto 107 y la implementación de un nuevo marco legal, busca ampliar la participación de los actores económicos privados en la economía nacional, en un contexto de profundas dificultades financieras y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

La información fue ofrecida en conferencia de prensa por la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, quien detalló los alcances de esta actualización normativa que impacta directamente a empresas privadas, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.

Un proceso de escucha y actualización en medio de un contexto complejo

López Acea explicó que el nuevo decreto es el resultado de un "proceso de revisión, actualización e intercambio" con los propios actores económicos no estatales. "Escuchamos cuáles eran sus preocupaciones, algunas insatisfacciones, las recomendaciones y sugerencias", señaló, subrayando que el objetivo es que estas actividades no solo contribuyan al aporte económico con sus resultados, sino también a la mejora de los servicios y ofertas para la población.

La funcionaria enmarcó la decisión en el complejo escenario que atraviesa la isla, agravado por "el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos". Asimismo, vinculó la actualización a las transformaciones económicas y sociales aprobadas en la reciente Asamblea del Poder Popular celebrada en junio, que aconsejaron proceder a revisar las actividades que debían autorizarse o flexibilizarse para estar en coherencia con los nuevos lineamientos del país.

Coherencia con otras medidas estructurales: el Decreto-Ley 114

La presidenta del instituto fue enfática en señalar que esta flexibilización no es un hecho aislado, sino que forma parte de un paquete de medidas estructurales. En este sentido, recordó la existencia del Decreto-Ley 114, que ya permite la asociación económica y la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y no estatales.

"Esto complementa todas estas medidas que se han venido tomando y realmente permite, facilita la participación de los actores económicos no estatales en la economía del país", afirmó López Acea, subrayando que el nuevo decreto y el Decreto-Ley 114 actúan de manera sinérgica para derribar barreras y facilitar la inserción del sector privado en el entramado productivo nacional.

Reducción histórica de actividades prohibidas

El punto central del anuncio es la notable disminución de las actividades vedadas para el sector no estatal. Según detalló la presidenta del instituto, el anterior Decreto 107 contenía un listado de 125 actividades prohibidas. Con la nueva normativa, que deroga al anterior, se ha producido una reducción sustancial:

  • 46 actividades se eliminan totalmente del listado de prohibiciones, lo que significa que ahora quedan autorizadas sin restricciones.

  • 35 actividades se modifican, lo que implica que se flexibilizan sus condiciones de operación o se abren nuevas aristas dentro de ellas, lo que a su vez "libera otras actividades" y radica otras prohibiciones.

En términos prácticos, esto se traduce en que el nuevo decreto mantiene un número significativamente menor de actividades reguladas o prohibidas, ampliando de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados en la isla.

Sectores estratégicos y ramas económicas beneficiadas

López Acea detalló que la flexibilización abarca un amplio abanico de sectores productivos y de servicios, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y del capital humano formado en el país. Entre las ramas que se verán beneficiadas, mencionó:

  • Industria y manufactura: con énfasis en actividades vinculadas al Ministerio de Industria.

  • Energía y minería: con autorizaciones que involucran al Ministerio de Energía y Minas.

  • Transporte: con nuevas posibilidades de participación para actores no estatales.

  • Comercio: ampliando el espectro de servicios y bienes ofertados.

  • Salud y Educación: dos sectores sensibles donde se abrirán espacios para la participación privada, siempre en consonancia con las políticas sociales del país.

"De manera coherente con las transformaciones económicas y sociales que se han venido aprobando, estamos favoreciendo no solo el desarrollo de las fuerzas productivas en el entorno estatal, sino también en esa conexión con el sector estatal", puntualizó la funcionaria.

Mayor participación, mejor aprovechamiento del capital humano

Uno de los argumentos centrales de la medida es la optimización del capital humano. La presidenta del instituto destacó que Cuba cuenta hoy con un alto nivel de técnicos y profesionales que se desempeñan tanto en el sector estatal como en el no estatal.

"La flexibilidad de esas actividades va a permitir que contemos con todo ese capital humano para poder impulsar la economía", afirmó, añadiendo que la nueva normativa también facilitará una "mejor utilización de la capacidad productiva existente en el país en diferentes ramas de la economía", lo que, de implementarse correctamente, podría aportar resultados significativos.

Expresión territorial: el impulso a las economías locales

López Acea hizo hincapié en que la flexibilización no solo tendrá impacto a nivel central, sino que tendrá una "expresión también en los municipios, en las localidades". La medida permitirá que todo el potencial de actores económicos, tanto estatales como no estatales, se ponga en función de las soluciones a los problemas locales y al desarrollo de actividades económicas desde el nivel territorial.

"Todo lo que estamos haciendo va a permitir no solo una mirada del nivel central, sino que también [...] va a permitir que todo el potencial que tenemos hoy de actores económicos, tanto estatales como no estatales, puedan aportar y puedan ponerse en función de las soluciones de los problemas locales", subrayó.

Cifras del tejido empresarial: más de 15.600 Mipymes aprobadas

En un dato relevante sobre el crecimiento del sector, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales informó que en la actualidad existen más de 15.600 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya aprobadas en el país. Se estima que para finales del mes de agosto, esa cifra ascenderá a prácticamente 16.000, a partir del proceso de aprobación de nuevas solicitudes.

"Con ese entramado de prácticamente hoy unas 15.600 y otras que están en proceso que completan casi unas 16.000, el sistema empresarial, el tejido empresarial del país realmente se incrementa", afirmó, destacando la consolidación de un ecosistema empresarial diverso y en expansión.

Aclaración: no es un proceso de privatización

En un momento clave de su intervención, Lázara Mercedes López Acea fue contundente al despejar cualquier interpretación que pudiera sugerir un giro hacia la privatización de la economía cubana.

"No es que estamos yendo a la privatización de la economía", enfatizó. "Mantiene la empresa estatal socialista ese papel fundamental que como empresa tiene, como este eje fundamental tiene, pero evidentemente se está ampliando y se le está dando más participación a los actores económicos no estatales".

La funcionaria explicó que la ampliación del espacio para el sector no estatal responde al potencial que estos actores tienen en términos de capital humano, recursos y capacidad de financiamiento e inversión, lo que les permite "incurrir en determinadas inversiones que pueden desarrollar las diferentes ramas de la economía" y, por tanto, tener una mayor participación en correspondencia con las necesidades del país.

Objetivos finales: bienestar de la población e igualdad de condiciones

López Acea resumió los dos grandes objetivos de esta flexibilización:

  1. Aportar al bienestar de la población, mejorando la prestación de servicios y la oferta de bienes a los ciudadanos.

  2. Poner en igualdad de condiciones a todos los actores económicos de la economía, favoreciendo el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector no estatal e incrementando el sistema empresarial del país en todas sus ramas.

"Estamos entonces definiendo en este decreto, en esta flexibilización del decreto, una reducción notable de las actividades que no estaban autorizadas, por tanto se autorizan o condicionan un nivel importante de actividades que permite la participación de los actores económicos no estatales en la economía y poder entonces también aportar al bienestar de la población", concluyó.

Se aprueba la gestión de servicios farmacéuticos para MiPymes y cooperativas

El Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció este miércoles importantes novedades en el marco del nuevo decreto que reduce las actividades prohibidas para el sector no estatal, al tiempo que ratificó que la atención médica en sus tres niveles continúa siendo una actividad reservada de manera exclusiva al Estado.

La información fue ofrecida por Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea.

Lara Bastanzuri fue clara desde el inicio de su intervención: en el nuevo decreto que deroga el anterior Decreto 107, la atención médica sigue sin estar permitida para los actores económicos no estatales.

"La atención médica sigue siendo de encargo estatal, sigue estando la actividad médica en sus tres niveles de atención garantizada para la población cubana con los servicios hospitalarios gratuitos, como ustedes ya lo saben", afirmó la funcionaria.

Destacó que la actividad profesional y técnica que se realiza en la atención médica y en los servicios de salud "sigue estando regulada estatalmente y liderada, por supuesto, metodológicamente por el Ministerio de Salud Pública".

La gran novedad: servicios farmacéuticos para Mipymes, cooperativas y empresas privadas

Si bien la atención médica permanece como un ámbito reservado al Estado, la directora nacional señaló que "hay un grupo de actividades que sí hemos dado de alguna manera oportunidad de acompañamiento de las nuevas formas de gestión".

Lo más novedoso en el sector salud, según explicó, es la flexibilización para la participación de actores no estatales en la gestión de los servicios farmacéuticos. Esta apertura está dirigida fundamentalmente a:

  • Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)

  • Cooperativas no agropecuarias

  • Empresas privadas

Estas figuras podrán, a partir de ahora, prestar servicios farmacéuticos, siempre que cumplan con un estricto conjunto de requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Requisitos y regulaciones para las nuevas farmacias no estatales

Lara Bastanzuri enfatizó que "todo el tema de la gestión de los medicamentos es altamente regulado" y que la participación del sector no estatal "también va a ser regulada". Para poder prestar el servicio farmacéutico, los interesados deberán cumplir con:

  1. Locales adecuados: no puede ser el portal de una casa ni un local que no reúna las condiciones óptimas de humedad, temperatura y almacenamiento para preservar los medicamentos.

  2. Personal farmacéutico calificado: se requiere contar con profesionales farmacéuticos capacitados para prestar el servicio.

  3. Habilitación por Salud Pública: el Ministerio de Salud Pública habilitará los locales y, a partir de esa habilitación, se otorgará la licencia operativa que permitirá la extensión del objeto social de la entidad para brindar el servicio farmacéutico.

  4. Medicamentos con registro sanitario: las farmacias no estatales solo podrán disponer de medicamentos que cuenten con registro sanitario y autorización de comercialización, garantizando así la seguridad de los productos que se ofrecen a la población.

Un complemento a la red estatal ante el desabastecimiento

La directora nacional explicó que esta medida está intencionada para que "un porcentaje de la población pueda hacer una alternativa a nuestra farmacia en el tema del desabastecimiento que ellos están teniendo".

El objetivo es que estas nuevas farmacias se conviertan en "un lugar donde la población puede encontrar el medicamento que necesita de forma segura", con la garantía de que los productos cuentan con registro sanitario y autorización de comercialización.

Lara Bastanzuri fue enfática en señalar que la red de farmacias comunitarias estatales no se ve afectada por esta medida. "Farmacias comunitarias que tienen precio, como ustedes saben, altamente subsidiado y que responden a las necesidades de la población y que además por encima de todas las cosas vamos a proteger", afirmó.

Precisó que estas instituciones "se mantienen con los mismos precios que hasta hoy tiene, se mantiene el personal farmacéutico brindando servicio" y que el país está inmerso en un grupo de medidas para incrementar la disponibilidad de medicamentos en la red estatal, en medio de la situación compleja actual.

Control y supervisión conjunta

La funcionaria adelantó que se establecerá un sistema de control conjunto entre el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales y el Ministerio de Salud Pública, para garantizar que "todo lo que se ha establecido que permitió la apertura de ese local no se distorsione".

Se supervisará:

  • La calidad de los medicamentos que se reciben

  • El servicio que se presta

  • Los precios que se aplican

"De alguna manera de conjunto garantizaremos que esas entidades funcionen de forma adecuada como complemento a la actividad de medicamentos que gestiona hoy y que liderea el sistema de salud pública", concluyó.

Salud Pública autoriza residencias de cuidados diurnos y permanentes para adultos mayores

El Ministerio de Salud Pública anunció este miércoles la aprobación de una nueva modalidad de atención para adultos mayores a través de la forma de gestión no estatal, denominada residencia de cuidados diurnos y residencia de cuidados permanentes, que podrán operar con una o ambas modalidades de atención.

La información fue ofrecida por el Dr. Alberto Fernández Seco, jefe del departamento de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública

Una respuesta al envejecimiento poblacional y la demanda de cuidados

El Dr. Fernández Seco contextualizó la medida dentro de la política que tiene Cuba para atender la dinámica demográfica, en un país que enfrenta un acelerado envejecimiento de su población. Actualmente, se estima que el 26,7% de la población cubana es adulta mayor, una cifra que se acerca al 27%.

"Uno de los retos que tiene la sociedad cubana hoy es el tema del cuidado", afirmó el especialista, quien explicó que los sistemas de salud fueron diseñados para la promoción, prevención, atención y rehabilitación, pero que el cuidado ha sido históricamente una responsabilidad asumida por el sistema de salud cubano.

Hasta ahora, el país cuenta con 156 hogares de ancianos y 307 casas de abuelos, instituciones de carácter social que continuarán ampliándose conforme a la política establecida, que incluye el incremento de estas instituciones, la recuperación de camas y plazas activadas, y la mejora del confort de las mismas en conjunto con los gobiernos locales.

Demanda de cuidados: cifras y necesidades

El Dr. Fernández Seco citó estudios que revelan la magnitud de la demanda de cuidados en la población adulta mayor:

  • El 1,3% de los adultos mayores demandan cuidados permanentes.

  • El 2,2% demandan cuidados diurnos.

Añadió que el envejecimiento, sumado al fenómeno migratorio (tanto al exterior como la migración interna), ha llevado a un incremento de personas adultas mayores que viven solas, lo que "demanda también un incremento de los cuidados".

Características de las nuevas residencias de cuidados

La nueva modalidad aprobada para el sector no estatal permitirá la creación de residencias de cuidados diurnos, residencias de cuidados permanentes o instituciones que combinen ambas modalidades. Estas vienen a complementar la oferta estatal existente y a responder a la creciente demanda de cuidado en el país.

El doctor detalló los principales aspectos regulatorios de esta nueva forma de gestión:

1. Capacidad máxima y cupo reservado para vulnerables

  • Capacidad máxima: cada institución podrá tener hasta un máximo de 60 plazas, ya sea para modalidad interna (permanente) o semiinterna (diurna).

  • 10% reservado para el Estado: de esa capacidad, el 10% de las plazas serán destinadas a personas vulnerables, con un mecanismo de asignación establecido por el Ministerio de Salud Pública, similar al que rige para la asignación de plazas en hogares de ancianos estatales.

  • El pago de ese 10% será el establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios para las casas de abuelos y hogares de ancianos certificados.

"Ahí nos permite a nosotros que mientras más instituciones de este tipo ahora, más capacidades tenemos a favor para los casos vulnerables de la comunidad", destacó Fernández Seco.

2. Atención médica a cargo del médico de familia

Un aspecto clave de la regulación es que las residencias de cuidados no contarán con médico propio. La atención médica será garantizada por el médico de familia del área de salud donde esté enclavada la institución, quien la visitará al menos una vez al mes.

"La residencia de cuidados permanentes va a ser atendida por un médico de familia o por el médico determinado por el director del municipio una vez al mes", precisó el doctor, añadiendo que esta misma lógica se aplica ya en las casas de abuelos.

3. Capacitación obligatoria de cuidadores y titulares

La capacitación será impartida por las áreas de salud, que otorgarán un certificado que acredite que están preparados para el cuidado de adultos mayores.

4. Vínculo sistemático con el área de salud

El área de salud a la que pertenezca la institución mantendrá un vínculo constante con la residencia. Especialistas como el epidemiólogo, el higienista y la dietista del policlínico darán seguimiento a la institución, de manera similar a como ocurre con las casas de abuelos.

"Todo lo demás corre por supuesto por responsabilidad del titular", aclaró el doctor, en referencia a la alimentación y otros aspectos operativos y de gestión.

Complemento al sistema estatal, no privatización de la salud

El Dr. Fernández Seco fue categórico al señalar que esta medida "viene complementando el incremento de la demanda de cuidado" y que no constituye una privatización de la salud pública.

"Esto es social, no es asistencial. O sea, si de alguna forma estamos privatizando, cuidado, no la salud pública", enfatizó, dejando claro que la atención médica sigue siendo responsabilidad del Estado y que estas instituciones son un complemento al sistema de cuidados existente.

El especialista subrayó que para la elaboración de esta normativa se tuvieron en cuenta "todas las experiencias internacionales" con relación a estas modalidades de atención, que existen en cualquier parte del mundo.

Incluso se consideraron los errores cometidos internacionalmente, especialmente los evidenciados durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas instituciones de cuidados privadas "quedaron a la deriva porque no tienen una participación del Estado".

En contraste, Fernández Seco destacó que en el modelo cubano el Estado mantiene el control y la atención sistemática a este tipo de instituciones, por lo que "no queda improvisada, sino que está bien establecido".

MINCIN flexibiliza el comercio mayorista para el sector no estatal

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) anunció este miércoles importantes modificaciones en la regulación del comercio mayorista y minorista para los actores económicos no estatales, como parte del nuevo decreto que deroga el anterior Decreto 107 y reduce sustancialmente las actividades prohibidas para el sector privado en Cuba.

La información fue ofrecida por el viceministro primero del MINCIN, Yosvany Pupo Otero, durante la conferencia de prensa.

Antecedentes: resoluciones 56 y 18, y su polémica

Pupo Otero recordó que el Decreto 107, en su disposición transitoria única, mandató a la entonces ministra del Comercio Interior a establecer las normas para el ordenamiento de la comercialización tanto mayorista como minorista. Como resultado, en octubre de 2024 se emitió la Resolución 56, que resultó "polémica en su momento" porque establecía condiciones que limitaban la actividad comercial de los actores no estatales.

"A partir de esas polémicas y con un principio básico que siempre existe en el país que es oír a toda la población y en este caso a los actores, se desarrollaron recorridos por todo el país", explicó el viceministro, quien añadió que se escucharon los criterios de los actores económicos, que argumentaban que la normativa "no respetaba la voluntad de las partes".

Posteriormente, en 2025 se emitió la Resolución 18, que extendió los plazos para que las Mipymes y cooperativas no agropecuarias pudieran desarrollar su actividad comercial.

Derogación de las resoluciones 56 y 18

Con la entrada en vigor del nuevo decreto, Pupo Otero anunció que se derogan tanto la Resolución 56 como la Resolución 18 de la ministra del Comercio Interior, que establecían el proceso de emisión, tramitación y control de todas las licencias comerciales vinculadas a la actividad de los actores económicos no estatales.

"Con las modificaciones que acaba de explicar Mercedes y que ya son públicas en Gaceta en el día de hoy, no tiene razón de ser que exista la resolución 56 y la resolución 18", afirmó.

Novedades en la sección F del nuevo decreto

El viceministro detalló los principales cambios introducidos en la sección F del nuevo decreto, relativa a las actividades de comercio, gastronomía y servicios:

1. Comercio mayorista: voluntad de las partes y sin condicionamientos

  • No está condicionada a relaciones con entidades estatales: la realización de la actividad del comercio mayorista ya no está condicionada a que los actores no estatales establezcan relaciones contractuales con entidades estatales. "Está sobre la base de la voluntad de las partes", enfatizó Pupo Otero.

  • Puede ser actividad principal o secundaria: tampoco se exige que el comercio mayorista sea la actividad principal de la entidad. Puede desarrollarse tanto como actividad principal como secundaria, eliminando así una de las principales críticas a la normativa anterior.

  • Se mantiene la prohibición para trabajadores por cuenta propia: sin embargo, el nuevo decreto mantiene la prohibición de que los trabajadores por cuenta propia realicen actividades de comercio mayorista. Los argumentos, según Pupo Otero, son "múltiples", relacionados con la cantidad de trabajadores vinculados a esta actividad y las complejidades que conlleva.

2. Comercio minorista: abierto a todos los actores

El comercio minorista "lo podrán seguir haciendo todos los actores", incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, las Mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los productores, quienes también podrán vender sus producciones tanto al por mayor como al por menor.

Obligación de inscripción en el Registro Central Comercial

Pupo Otero recordó que todos los actores económicos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Central Comercial, una norma que "data de 1993" y que se mantiene vigente. Esta obligación no es exclusiva para los actores no estatales, sino que aplica a todos los actores económicos y otros que se autoricen en este proceso.

El viceministro adelantó que próximamente se modificará el Decreto 184 que rige este registro, con el objetivo de "flexibilizar términos" y "agilizar trámites". Estas modificaciones responden a dos ejes temáticos de las transformaciones económicas y sociales:

  • Eje temático número 1: reducir los términos y trámites, y eliminar la limitación de que las actividades productivas y de servicios deban realizarse solo como actividad principal o secundaria.

  • Eje temático número 19: transformaciones en el comercio, la gastronomía y los servicios, dirigidas a una mayor presencia de los actores económicos no estatales.

Requisitos técnicos y formales sin carácter retroactivo

Un elemento novedoso que se incorpora es la exigencia de requisitos formales y técnicos para la inscripción en el Registro Central Comercial, siguiendo el derecho comparado de "cualquier parte del mundo", donde para realizar una actividad comercial se deben cumplir ciertos requisitos.

Pupo Otero aclaró que estos requisitos no tienen carácter retroactivo: los actores que ya estén funcionando "perfectamente podrán seguir funcionando su actividad sin tener que hacer ninguna modificación". Existirá un término para la comprobación de estos requisitos, permitiendo que el actor económico "vaya creando las condiciones y fomentando las ofertas de bienes y servicios".

El viceministro destacó la posibilidad de que los actores no estatales utilicen la infraestructura existente del comercio estatal, en línea con la transformación 149 del eje temático número 19, que prioriza "las formas de gestión no estatal" en el proceso de transformación de la gestión administrativa del comercio, la gastronomía y los servicios.

"Es una ventaja poder utilizar la red que hoy existe a lo largo de todo el país", afirmó.

Beneficios para la población y el mercado interno

Pupo Otero resumió los beneficios de estas modificaciones:

  • Mayores ofertas de bienes y servicios para la población.

  • Eliminación de condicionamientos que limitaban el acceso a bienes en las modalidades mayorista y minorista.

  • Favorecimiento del mercado interno cubano, al ampliarse las posibilidades de participación de los actores económicos no estatales.

"Es un decreto que permite que todos ganemos y el que más gana es la población", concluyó el viceministro.

MITRANS flexibiliza importación de vehículos eléctricos y gestión de terminales

El Ministerio de Transporte (MITRANS) anunció este miércoles importantes flexibilizaciones en el sector del transporte como parte del nuevo decreto que reduce las actividades prohibidas para los actores económicos no estatales, incluyendo la importación directa de vehículos eléctricos y la gestión de terminales de pasaje y carga.

La información fue ofrecida por Danna Álvarez, directora general de la dirección de planificación, organización e información del MITRANS, durante la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer las medidas del nuevo marco legal que deroga el anterior Decreto 107.

Importación directa de vehículos eléctricos con exoneración de impuestos

Una de las principales novedades anunciadas por Álvarez es la autorización para que personas jurídicas estatales y no estatales autorizadas puedan realizar la importación directa con carácter comercial para el ensamblaje y comercialización de vehículos eléctricos.

La medida abarca las siguientes clases de vehículos:

  • Ciclos motor

  • Motores

  • Motocicletas

  • Ciclos

  • Autos

"Vamos a permitir o se permite la importación directa con carácter comercial para el ensamblaje y comercialización de vehículos eléctricos", afirmó la directora.

Condiciones para la importación

La funcionaria precisó que esta importación deberá cumplir con dos condiciones esenciales:

  1. Estación de carga con fuentes renovables de energía: los vehículos importados deberán venir acompañados de su correspondiente estación de carga, que debe utilizar fuentes renovables de energía.

  2. Cobertura total: la estación de carga debe garantizar cobertura total para el funcionamiento de los vehículos.

Exoneración de impuestos

Álvarez destacó que, en este sentido, los importadores serán exonerados de impuestos, lo que representa un incentivo significativo para fomentar la movilidad eléctrica en el país y la participación del sector no estatal en esta actividad.

Gestión de terminales y explotación de espigones

Además de la importación de vehículos eléctricos, el MITRANS valoró la flexibilización de otro grupo de actividades "muy importante para la economía del país" que pueden incrementar su desarrollo con la participación de los actores no estatales.

Entre estas actividades se encuentran:

  • Gestión de terminales de pasaje: especialmente en el transporte automotor y ferroviario.

  • Gestión de terminales de carga: también con énfasis en el transporte automotor y ferroviario.

  • Explotación de espigones: instalaciones portuarias que permiten el atraque de embarcaciones.

  • Terminales portuarias: aquellas que no sean de interés nacional para el país podrán ser gestionadas por actores no estatales.

"Se valoró la flexibilización de otro grupo de actividades muy importante para la economía del país y que puede incrementar o puede aumentar en su desarrollo", señaló Álvarez.

¿La caja de Pandora? Seguridad, instituciones, credibilidad y transformación en Cuba


Los obstáculos políticos para un proceso negociador entre Cuba y Estados Unidos se encuentran en el primer capítulo de cualquier manual de solución de conflictos: la incertidumbre para establecer medidas de confianza mutua.



En un receso durante las reuniones celebradas en la dirección del MINFAR para analizar los acontecimientos de Granada, a raíz de la invasión norteamericana en 1983, el General de Ejército Raúl Castro se retiró de la sala. Al reiniciarse la sesión, Raúl apareció vestido con una guayabera en lugar del uniforme verde olivo.

Dirigiéndose al auditorio de altos oficiales reunidos en el edificio Sierra Maestra, les dijo que a partir de ese momento no les iba a hablar el Ministro de las FAR, sino el Segundo Secretario del Partido. Su discurso ese día criticó severamente las debilidades y errores de las FAR, el Ministerio del Interior y el propio Partido en los hechos que habían conducido al derrocamiento del gobierno granadino y a la intervención de los Estados Unidos, y que habían propiciado la muerte de un grupo de colaboradores civiles de la isla.

Pocos años después, otros acontecimientos confirmaron en qué medida los militares, en sus múltiples roles dentro y fuera del país, estaban sujetos a la autoridad y el control del Partido. Los más trascendentes fueron los procesos judiciales públicos seguidos contra altos oficiales del MINFAR y el MININT, involucrados en negocios con el narcotráfico, corrupción, abuso de poder y operaciones fraudulentas, algunas de cuyas acciones pusieron en riesgo los sensibles mecanismos de la seguridad nacional cubana y al cabo de los cuales también se impusieron penas muy severas.

En ambos casos —aún más en el de las dos causas judiciales de 1989— se ratificó que la condición de militar o alto oficial no creaba inmunidad ante la ley ni toleraba conductas incongruentes con las normas establecidas. Esas normas, que incluían compartimentar estrictamente sus relaciones con todo tipo de instituciones o personas naturales extranjeras, habían contribuido también a preservar su legitimidad y prestigio ante los ojos del pueblo.

Que altos oficiales, con poder de decisión discrecional al mayor nivel, actuaran por su cuenta, implicaba un riesgo mayor para la seguridad nacional, no solo porque les había permitido concertar acuerdos con carteles de la droga y desactivar los dispositivos de la defensa antiaérea, sino, como enfatizó el propio Fidel en el juicio, porque daba a Estados Unidos una razón para intervenir.


“Causa 1/89. Fin de la conexión cubana”, Editorial José Martí, 1989.

Apenas seis meses después de que el gobierno cubano iniciara una investigación e hiciera público el vínculo de aquellos altos oficiales con el narcotráfico, Estados Unidos invadió Panamá, alegando que el gobierno del general Manuel Noriega trabajaba con cárteles de la droga colombianos.

Un documento elaborado por el Colegio de la Defensa Nacional (CDN) afirmaba, a fines de los años 90, que “el Estado cubano considera una insuficiencia reducir el concepto de seguridad a lo estrictamente militar, porque se ha de tener en cuenta su relación con lo económico, político y social, pues las inestabilidades en estos campos afectan tanto la seguridad nacional como la colectiva”. [CDN, Cap. “Cuba y su seguridad nacional en el hemisferio”, p. 39].

De manera que la imagen en la sociedad de las instituciones encargadas de la defensa, la seguridad y el orden interior ha constituido una dimensión fundamental de esa seguridad.

Una prueba al canto de ese principio fueron aquellos mismos procesos judiciales, que conmovieron la conciencia de todos los cubanos. En efecto, el halo de heroísmo, integridad y autoridad que había acompañado las trayectorias de algunos de los encartados formaba parte de una cultura política.


La Causa 1/89, mediante juicio militar sumarísimo, culminó con el fusilamiento de altos oficiales cubanos acusados de narcotráfico: Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón. En la foto, el general Arnaldo Ochoa durante el juicio.

Esa cultura había generado un alto grado de confianza no solo en el liderazgo histórico, y en particular, en Fidel, sino también en aquellos oficiales que la transparencia del juicio público mostraba en su pérdida de valores, “dulce vida” y debilidades personales. El peso de esa imagen y aquella cultura política se manifestaba en que, a pesar de las evidencias aportadas en los juicios, y de que las máximas sentencias aplicadas se apegaban a lo establecido por el código militar, era posible palpar el malestar entre no pocos cubanos, que las consideraban muy drásticas.

En medio de una situación tan compleja y contradictoria, la audacia de lidiar con aquellas transgresiones de frente al pueblo y al mundo constituyó una respuesta política a la altura del problema. Su eficacia radicó en hacer prevalecer el orden institucional y la ley, por encima de ninguna otra consideración de carácter personal. Institucionalidad y transparencia no precisamente simbólicas, pues incluyeron la amplia cobertura informativa de los procesos, las explicaciones ofrecidas en su desarrollo, las sucesivas instancias de apelación militares y civiles, lo que les otorgó el alcance de un vasto ejercicio de pensamiento crítico y educación política para todos —las FAR, el MININT, el PCC, los ciudadanos de a pie, y también los que miraban a Cuba desde afuera, amigos y enemigos.

Los que vivieron aquellos juicios amargos seguramente no han olvidado que, a pesar de su costo, renovaron la confianza de la gente en el liderazgo y en los principios políticos puestos a prueba. Los que nacieron después, es decir, los que tienen menos de 42 años (edad media actual), quizás no hayan oído ni siquiera hablar de aquellos acontecimientos.

Si de cultura política cambiante se trata, la memoria (y la desmemoria) resultan clave para escrutar el presente, en especial uno tan opaco y ahumado por las redes como este.

Negociar con EEUU: memoria y desmemoria

Cualquier reflexión sobre fortalezas y tropiezos en materia de seguridad nacional se intersecta con nuestras relaciones con los EE. UU.

Aunque algunos comentaristas mediáticos no lo recuerdan así, los patrones de esas relaciones confirman que su conducción y ejercicio, tanto en materia de agenda como de actores designados para explorar el diálogo y avanzar en la búsqueda de acuerdos, constituyen un capítulo aparte de nuestras relaciones exteriores.

Si nos remontamos medio siglo atrás, hasta la mitad de los años 70, y examinamos el primer intento de restaurar relaciones, durante la parte final de la Administración Ford-Kissinger, podemos comprobar que las agendas respectivas abarcan áreas de problemas que rebasan el encargo de un solo organismo —como es lógico, dados su jerarquía y alcance.

Según la investigación más documentada y profunda sobre esa diplomacia secreta (Back Channel to Cuba, Leogrande y Kornbluh, 2014), Washington quería entonces recibir compensación por las propiedades nacionalizadas; la liberación de presos políticos estadounidenses; “progresos en derechos humanos”; suspender la “intromisión maliciosa” en torno a Puerto Rico; refrenar el apoyo a las insurgencias latinoamericanas; y el respeto al “principio de que Cuba no será base para armas ofensivas”.


Cuba buscaba el fin del bloqueo; la eliminación de las restricciones estadounidenses sobre envíos y conexiones aéreas en terceros países; suspender los vuelos espías en su espacio aéreo; el cese de operaciones subversivas y terroristas por organizaciones de exiliados; la devolución del territorio ocupado por la base naval de EEUU en Guantánamo; y al menos su abstención en cuanto al levantamiento de las sanciones de la OEA de 1964.

Los enviados a aquel diálogo con Kissinger, en 1975, Ramón Sánchez-Parodi y Néstor García Iturbe, provenían de la inteligencia cubana. Como se sabe, aquel primer acercamiento naufragó cuando Cuba puso por delante su compromiso político con Angola, enviando un contingente militar a enfrentar la invasión sudafricana, que estaba a punto de tomar Luanda, en diciembre del mismo año.

Cuando se iniciaron los contactos, pocos meses después, para explorar un diálogo con la nueva administración (1977-1980), y para gestar la nueva política hacia la emigración (1978-79) con algunos de sus representantes, los enviados especiales designados fueron dos altos oficiales del MININT: José Luis Padrón, coronel de Tropas Especiales, y Toni de la Guardia, su segundo al mando.

Avanzadas estas negociaciones, celebradas tanto en Washington como en otros países del Caribe y Centroamérica, y en la propia Habana, se sumaría José Antonio Arbesú, que tampoco era un diplomático, sino un funcionario del Departamento América del CC del PCC, bajo el mando de Manuel Piñeiro.

Una vez establecida la Sección de Intereses de Cuba en Washington, durante los quince años iniciales, sus dos primeros jefes serían precisamente Sánchez-Parodi (1977-1989) y Arbesú (1989-1992).

Lo que tenían en común aquellos complicados diálogos en la década de los 70 era que todos aquellos negociadores y representantes habían sido elegidos por Fidel y le respondían a él directamente, no al organismo del que procedían. Y que transcurrían en un plano de estricta confidencialidad, por acuerdo de ambas partes, ya que los dos gobiernos sabían que desarrollarlas a plena luz las exponía al ataque de quienes se oponían a un acercamiento, tanto en Miami como en el Congreso de los EE.UU.

El mismo patrón se repetiría en las últimas negociaciones (2014), iniciadas en torno al intercambio de presos acusados de espionaje, y que servirían de trampolín para acordar el viejo y frustrado propósito de normalizar relaciones entre ambas partes, impulsadas esta vez por Barack Obama y Raúl Castro.


Josefina Vidal, jefa de la delegación oficial de EE.UU. en la tercera ronda de conversaciones Cuba-EEUU, en mayo de 2015 en Washington. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.


Roberta Jacobson, jefa de la delegación oficial de EE.UU. en la tercera ronda de conversaciones Cuba-EEUU, en mayo de 2015 en Washington. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Como he argumentado antes en esta misma columna, esa normalización, que abrió la puerta a la interacción entre cancillerías, produciendo 22 acuerdos (entre ellos la cooperación en la lucha contra el terrorismo), fue luego congelada, en términos prácticos, durante Trump I, y definitivamente enterrada en Trump II. Ahora parece estar en manos, como nunca antes, de un político afanado en alcanzar la presidencia, para quien esa carrera puede justificar cualquier costo, incluido llevar las relaciones a su momento más peligroso e impredecible desde la Crisis de los misiles de 1962.

Como resultado de todo lo anterior, nos hemos alejado más que nunca antes del camino hacia un entendimiento con los EE.UU. Este no se explica por la ineptitud de los negociadores escogidos del lado cubano; ni por haber desaprovechado oportunidades; ni por los errores y lentitudes en las reformas; u otras tantas razones imaginadas retrospectivamente.

Por encima de todo, se requiere comprender la naturaleza de la actual Administración de EE.UU., su base política (no me refiero al movimiento MAGA, sino a los sectores de la élite poderosa) y, especialmente, su vocación imperialista sin máscaras, unilateralismo radical, egotismo, autoimagen mesiánica, brutalismo diplomático y carencia de principio alguno, para entender que sus personalidades protagónicas son incapaces de negociar nada a lo que no estén forzadas por razones de fuerza mayor; ni de respetar ningún compromiso.

Algunas amistades mías que los comparan con Valeriano Weyler o los líderes nazis, tomando en cuenta su falta de escrúpulos, pasan por alto que el militar español, precursor de la contrainsurgencia, tenía la misión de ganarle la guerra al ejército mambí, cuya base de apoyo estaba en el campo cubano; y que los dirigentes del nacionalsocialismo estaban convencidos de su superioridad racial y la inferioridad de los demás pueblos.

Su barbarie tenía una razón de ser, un método, una ideología estructurada. Nada de eso aparece en quienes han secuestrado las instituciones de EE.UU., violado todas y cada una de sus propias leyes, roto pactos con sus aliados, convertido el manejo del Estado en un sistemático abuso de poder e instaurado un régimen más cercano al orden mafioso que al equilibrio de poderes imaginado por los remotos padres fundadores hace 250 años.

Aunque parecieran dispuestos a negociar, y Cuba reiterara su disposición a hacerlo, lo anterior implica una alta cuota de riesgo. Incluso si llegáramos al extremo de estar dispuestos a hacerlo en sus propios términos, con interlocutores aprobados por ellos o elegidos a su conveniencia.

Más que el sentimiento de venganza (hubris) que los psicoanalistas aficionados puedan detectar en la conducta de los decisores en Washington o los recalcitrantes de Miami, los obstáculos políticos para un proceso negociador se encuentran en el primer capítulo de cualquier manual de solución de conflictos: la incertidumbre para establecer medidas de confianza mutua.


Una estación de combustible vacía en La Habana. Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa.

No hay peor ciego

Quiero discutir por qué la idea de que la pelota está del lado de Cuba, en el campo de la política interna o de las relaciones exteriores, es un sofisma sin base.

El factor EE.UU. no ha funcionado nunca como catalizador de cambios positivos en Cuba. Ninguno de esos cambios, desde los años 70 o posteriormente, se derivó de una negociación con los EE.UU., ni siquiera las decisiones coincidentes con reclamaciones en la agenda estadounidense.

Ejemplos son, a fines de los 70, la liberación unilateral de presos como parte de las nuevas políticas hacia los emigrados, entre ellas un mayor reconocimiento de sus derechos ciudadanos. A fines de los 80 y principios de los 90, el retorno de las tropas desplegadas en el Cuerno y en el suroeste de África, la drástica reducción en el tamaño (50 %) y el presupuesto de las fuerzas armadas (11 veces, según el SIPRI de Suecia), las medidas anticrisis económica (legalización del trabajo por cuenta propia y la tenencia y uso de dólares, la apertura de mercados libres, la redistribución de tierras estatales a cooperativas, etc.).

Esos importantes reajustes en seguridad y defensa, y ese giro de 180 grados en políticas económicas establecidas, no respondieron a la interacción con EE.UU., como tampoco las desregulaciones a la libertad de viajar y residir en otro país, manteniendo derechos de residencia y regreso a Cuba (2013), o la firma del Tratado de Tlatelolco sobre la prohibición de armas nucleares en América Latina (2021).

No fueron presiones de EE.UU., ni formaron parte de acuerdos entre los dos países los avances en derechos humanos, libertad de expresión, igualdad de oportunidades para los creyentes religiosos, ampliación del acceso a la información, a Internet y las redes sociales, adopción de reformas económicas y políticas, especialmente desde 2011.

Con la excepción de las obligaciones derivadas de los acuerdos puntuales de 1994-95 en cuanto al trato a los migrantes, las políticas de EEUU hacia Cuba se mantuvieron esencialmente iguales a sí mismas hasta las postrimerías de la Administración Obama, a pesar de los cambios ocurridos en la isla desde el Periodo Especial.

De hecho, parecían más bien estar esperando que el régimen político colapsara, igual que los de Europa del Este y la URSS, según preconizaban las calcomanías “next Christmas in Havana” que circulaban en Hialeah y Coral Gables.

Por muchas intenciones favorables al cambio que pareciera anunciar el presidente Obama ante los gobiernos de la región reunidos en Trinidad y Tobago (2009) al inicio de su mandato, y su acto de contrición por una política hacia Cuba ineficaz (“fallida en promover la libertad de los cubanos”), no “injusta” ni “moralmente reprobable”, el giro radical real en 2014-2017 tampoco ocurrió porque Cuba hiciera despegar un plan de reformas en 2011, ni porque lo tuvieran programado desde el inicio, sino gracias al pie forzado del intercambio de presos y del diálogo creado por el proceso mismo de negociarlo.

A pesar de la lista de cargos contra Cuba sobre terrorismo y capital del comunismo internacional recopilados por el reciente informe del Departamento de Estado, si revisamos la historia de las relaciones cubanas con movimientos y gobiernos progresistas y de izquierda, en su contexto histórico real, y su inserción actual en el sistema internacional, vamos a encontrar otra cosa muy diferente a la ristra interminable de pecados que revelan la maldad intrínseca del régimen cubano y su incapacidad para convivir con la civilización occidental.

La mayoría de las relaciones de Cuba con los movimientos de liberación nacional (MLN) en el Tercer Mundo ocurrieron en el contexto del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), es decir, excolonias devenidas países independientes, luego de luchas cruentas en muchos de los casos, de las que surgieron los actuales estados africanos, del sur y el este de Asia.

La participación de Cuba en el NOAL, sus relaciones de solidaridad con los MLN, estuvieron avaladas por esa nueva mayoría de estados independientes, así que no tenía nada de ilegítima, ni consistía en acciones terroristas, sino en el derecho a la revolución contra regímenes coloniales y dictaduras militares. Aunque desde Washington y sus socios se vieran como “una internacional de terroristas armados”, su objetivo no era tanto “exportar la revolución”, sino construir, sobre intereses comunes, un espacio de concertación más allá de las instituciones de un sistema internacional dominado por los más fuertes.

Ciertamente, los movimientos sociales, las luchas estudiantiles y por los derechos civiles en EE.UU., Europa, América Latina, Asia, la nueva izquierda anticapitalista en esas y otras regiones, admiraban y encontraban inspiración en la causa cubana, aunque no compartieran su ideología revolucionaria o su camino al socialismo. Esa simpatía natural se derivaba sobre todo de que la isla había logrado sobrevivir en una guerra no declarada de parte de la mayor potencia de la historia, que había usado todos sus recursos para someterla, incluida la inminencia del arma nuclear.

Si el radicalismo de la Revolución cubana llegó a tocar fondo en la segunda mitad de los 60, esa etapa coincidió con la circunstancia de su aislamiento perfecto, obra de unos EE.UU. obsesionados por “impedir otras Cubas” en el hemisferio. A pesar de ese radicalismo, y del compromiso con los movimientos armados en la región, así como en África, Medio Oriente, Asia, la imagen de Cuba entre los movimientos progresistas y liderazgos de la mayoría del Tercer Mundo, y aun de las potencias de Occidente, no era la de un promotor del terrorismo ni un “exportador de comunismo”. Como se puede comprobar si se examinan una a una, la mayoría de esas alianzas con gobiernos y MLN no se basaban en una ideología comunista.

Si la percepción de “la amenaza cubana” en América Latina y el Caribe se empezó a desvanecer en 1970, y ese aislamiento dejó de existir, entre gobiernos que no tenían nada de izquierdistas, fue porque estos encontraron que la isla era un actor legítimo en la comunidad hemisférica, a pesar de la presión en sentido contrario de parte de EEUU.

Basta preguntarles hoy a los demás países, incluyendo a los que no comparten nada con el socialismo, para saber que el reciente informe es un acumulado de referencias anacrónicas y manipulaciones extraídas del clímax de la Guerra Fría. Ninguno de ellos, ni siquiera los principales aliados de los EE.UU., parece creer que la mejor manera de fomentar cambios de ningún tipo en Cuba sea la asfixia energética y el cerco comercial y financiero eufemísticamente llamado sanciones. 

Al contrario.

Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa.

Epílogo. ¿Un reformismo antisocialista?

El anticomunismo macarthista de esta Administración resulta tan extemporáneo como impresentable, también para quienes defienden la transformación radical del sistema político cubano hacia un régimen de democracia liberal. Una política antidemocrática, americanocéntrica y supremacista como la de Trump-Rubio resulta indefendible en su brutalidad.

Sin embargo, discordar de esos medios brutales no excluye compartir su lógica y objetivos. Digamos, el retorno de Cuba a un orden geopolítico y geoeconómico (misma cosa en definitiva) que le viene sobredeterminado como “natural”.

Como se diría en el tute subastado, “a las diez de última”, la fórmula abogada por algunos, como mis amigos economistas en la propuesta “Cuba Transformación” del Cuba Study Group, consiste en que la única opción realista para Cuba, en los términos de la modernización del sistema, sería precisamente la de acabar de reconocer esa sobredeterminación.

Una lectura por el revés sonaría así: sin aceptar una reconciliación que le haga regresar a la órbita de EE.UU., y a una dependencia conscientemente asumida, no hay salida para el país.

Bien visto, este enfoque económico realista contiene en una nuez la vieja ley patentada por John Quincy Adams acerca de “the political gravitation”, popularizada luego como teoría de la fruta madura.

No me queda espacio aquí para discutir esta lógica determinista respecto a un ancien regime liberal que restaure a Cuba en la órbita de los EE.UU. como un fatum irremisible. Solo quiero apuntar acerca de la congruencia entre convertir a Cuba en una “economía social de mercado” y al mismo tiempo encaminarla por la senda china o vietnamita.

Aquí parecería haber una confusión conceptual. No hay que haber hecho investigación de campo en China o Vietnam para saber que ni el “socialismo con características chinas” ni el del Doi Moi vietnamita se definen como “economías sociales de mercado”. Las diferencias son legión.

En todo caso, si de un “modelo transformacional” para Cuba se trata, abogar por la propiedad de la tierra para los campesinos, en lugar del derecho de usufructo por 30 o 40 años; por la disminución del papel del Estado al nivel de proveedor de servicios básicos, y dejarle todo lo demás al sector privado, en lugar de mantener la planificación estratégica, las prioridades de inversión, innovación tecnológica, infraestructura, desarrollo industrial, sostenibilidad ambiental, bienestar social; si es el mercado el que va a determinar todo eso, en vez de un Estado que lo regule, controle sectores como la energía, las telecomunicaciones, las finanzas, intervenga para estabilizar precios; si todo eso se reemplaza por el protagonismo del sector privado y el papel determinante del mercado, no como instrumento, sino como ultima ratio de las decisiones políticas, eso no se parece a China ni a Vietnam.

Para no hablar del reemplazo por un sistema político que, en vez de descentralizar el existente y democratizar sus instituciones, facilitar y asegurar el control desde abajo, expandir radicalmente la participación ciudadana y el debate de ideas, hacer real el imperio del Estado de derecho, incluyendo a una oposición leal, se abriera a un orden liberal, importando las instituciones y la dinámica entre partidos que caracterizan a los países de las “economías sociales de mercado”.


Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa.

Por otro lado, si bastara con copiar el diseño político de Alemania, Austria, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza, para alcanzar el nivel de bienestar, autonomía, desarrollo, redistribución del ingreso, equidad, independencia y soberanía, y previniendo que ninguna potencia nos amenazara impunemente, sería estupendo construir una economía social de mercado como la de esos países en esta isla, “tan lejos de Dios y tan cerca de los EEUU”, según dicen los mexicanos.

Tanto las políticas brutales de Rubio-Trump como esas propuestas intelectuales modernizadoras comparten un mismo desprecio (¿invisibilización?) ante las transformaciones en curso en Cuba, como si las 176 medidas adoptadas por el gobierno cubano, propuestas y adiciones de los demás investigadores y académicos en la isla hubieran desaparecido de su radar o se percibieran de entrada como inútiles, extraviadas, insignificantes o, para decirlo en buen cubano, perdidas en el llano.

¿Podría darse que toda esta confusión se disipara, según piensan algunos, cuando las elecciones de medio término en noviembre produjeran un cambio fundamental de la circunstancia política que la nutre? ¿Tal vez pasen cosas que las rebasen como no podemos imaginar hoy? ¿Quizás la confianza en las instituciones cubanas deje de caer, y el descreimiento en la eficacia de sus políticas deje de amanecer en alza? ¿Por qué y cómo?

Si muchos coinciden en que no hay vuelta atrás, porque la caja de Pandora ya está abierta, bien podríamos saber que lo único en el fondo de esa caja tendría que ser la esperanza.