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"Peor que los peligros del error son los peligros del silencio." ""Creo que mientras más critica exista dentro del socialismo,eso es lo mejor" Fidel Castro Ruz

domingo, 6 de septiembre de 2026

Nuevo marco normativo reordena el comercio interior cubano (+Infografía)

 Por: Randy Alonso Falcón, Ana Álvarez Guerrero, Frank Martínez Rivero

 

Imagen creada con IA usando ChatGPT.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, compareció en la Mesa Redonda de este viernes para explicar en detalle los alcances de las transformaciones que se están llevando a cabo en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios, como parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno y el Parlamento cubanos. 

Díaz Velázquez comenzó su intervención refiriéndose a los antecedentes de las transformaciones actuales, con el objetivo de dejar claro que no se trata de decisiones improvisadas, sino de un proceso de perfeccionamiento que se ha venido gestando durante más de una década.

En este sentido, recordó que el sector del comercio interior inició un cambio en su modelo de gestión a partir del año 2014, focalizado fundamentalmente en las actividades de los servicios personales, como los institutos de belleza, la barbería y la reparación de calzado, entre otras actividades afines.

Posteriormente, durante el período comprendido entre 2015 y 2016, se inició un proceso de arrendamiento de establecimientos gastronómicos que alcanzó unos 3000 establecimientos, y también se constituyeron las primeras cooperativas no agropecuarias en el sector. “El sector tiene un antecedente que es ese paso a gestionar determinadas actividades con formas no estatales”, afirmó la ministra, reconociendo que este primer momento sentó las bases para lo que vendría después.

Ya en el año 2020, a partir de la experiencia acumulada, tanto en sus aspectos positivos como negativos, se inició un proceso de perfeccionamiento que dotó de autonomía al sistema empresarial del sector. Este proceso, según explicó Díaz Velázquez, permitió que tanto establecimientos como empresas pudieran realizar autogestión y compras, y proporcionó herramientas desde el punto de vista administrativo y de dirección para estar en condiciones de asimilar los cambios que se avecinaban. “Hay varios centros que realmente hicieron un uso adecuado de eso y se convirtieron en referencia”, destacó la ministra.

Sin embargo, la titular del MINCIN reconoció que, aunque los mayores cambios se produjeron en la gastronomía, hubo actividades que no modificaron sus modelos de gestión en aquel momento. Entre ellas mencionó la actividad de venta de mercancías o comercio, específicamente las bodegas y los talleres del programa de ahorro energético, que mantuvieron su gestión estatal. En la gastronomía, aunque se mantuvo el modelo anterior con formas no estatales y estatales, se implementaron herramientas y una autonomía que hoy permiten asimilar las transformaciones.

El contexto actual y el diseño de las transformaciones

Las transformaciones actuales, explicó la ministra, se insertan en un contexto particularmente complejo para la economía cubana, marcado por una contracción del nivel de actividad del sector. “Prácticamente hoy tenemos una red que no ha podido sostener las ofertas por las vías tradicionales”, reconoció Díaz Velázquez, y precisamente en ese escenario se diseñaron las diez transformaciones específicas para el comercio, la gastronomía y los servicios.

Estas transformaciones, señaló, coinciden también con el surgimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), un sector que tiene un potencial importante en la actividad comercial. De hecho, la ministra informó que casi un 80% de estas empresas realizan actividades de comercio, lo que subraya la relevancia de incorporarlas al nuevo esquema normativo.

Díaz Velázquez destacó que, de las diez transformaciones diseñadas para el sector, la número 149 tiene un peso mayor, al prever la modificación de la gestión administrativa estatal del comercio, la gastronomía y los servicios, dándole prioridad a la forma de gestión estatal y a la inversión extranjera. No obstante, la ministra fue enfática en aclarar que “modificar la gestión no significa modificar la propiedad”. “Las empresas estatales que realizan las tres actividades mantendrán sus inmuebles, pero buscarán vínculos a partir de las modalidades de contratación para llevar adelante la gestión, una gestión combinada, una gestión mixta con las diversas modalidades que puedan existir”, precisó.

El marco jurídico de las transformaciones: Decretos 167 y 168

Para llevar adelante estas transformaciones, explicó la ministra, se necesitaba un marco jurídico actualizado, y es precisamente lo que se ha hecho con la publicación de varias normativas en la Gaceta Oficial. En este sentido, mencionó la existencia de una política aprobada y el Decreto-Ley 167, que entró en vigor este mismo viernes, así como el Decreto-Ley 168, que actualiza el reglamento del Registro Central Comercial.

La ministra calificó el Decreto-Ley 167 como una política integral para el comercio interior, algo que, en sus palabras, no existía después de tantos años de realizar esta actividad en Cuba.

La norma define y actualiza toda la regulación de la actividad del comercio mayorista y minorista, establece sus principios generales, las disposiciones de organización, cómo se realiza el comercio, los derechos y obligaciones de todos los actores, así como las contravenciones, infracciones y sanciones.

Enfatizó que el alcance del decreto es para todos los actores económicos, no solo para el comercio de subordinación local. “Es para todos los actores que realizan comercio, tanto estatales como no estatales, e incluso sucursales extranjeras que se están aprobando también a que realicen comercio mayorista y las modalidades de inversión extranjera”, subrayó.

Entre los ocho principios fundamentales del decreto, la ministra destacó la tutela al consumidor, que reconoce todos los derechos de los consumidores; el interés público de la actividad comercial; y el enfoque de cadena de valor, que parte de reconocer que el comercio es un sector terciario que depende mucho de la producción primaria y de la industria.

Cambios conceptuales y nuevas modalidades de venta

Uno de los cambios más significativos que introduce el nuevo decreto es la redefinición de los conceptos de comercio mayorista y minorista. La ministra explicó que tradicionalmente se consideraba comercio mayorista la venta a una persona jurídica. Sin embargo, con la nueva definición, el comercio mayorista y minorista se determina por el fin del producto. “Si usted compra para sí mismo, usted está haciendo una compra minorista. Si usted compra para ofertar bienes y servicios, usted hizo una compra mayorista”, ejemplificó Díaz Velázquez.

Esta redefinición tiene implicaciones importantes, ya que abre la posibilidad a que personas naturales puedan realizar compras al por mayor si el destino de esos productos no es la reventa. “De ahí que todos los proyectos que expliquemos hoy aquí que digan que tiene alcance a personas jurídicas y personas naturales, esa persona natural puede ser usted. No tiene que ser necesariamente un trabajador por cuenta propia que tiene una figura, sino puede ser usted como persona natural si usted lo usa para el fin propio”, aclaró la ministra.

El decreto también actualiza e incorpora nuevas modalidades de venta. Entre ellas, la ministra mencionó la venta ambulante y no sedentaria, la venta de regalías y la venta de oportunidad. En cuanto a la venta de garaje, una modalidad que se implementó durante la pandemia de COVID-19 como parte de la estrategia económica, se ratifica que es una venta eventual. Se especifica que se realizará solo los fines de semana y excepcionalmente días feriados a decisión de los territorios, y se mantiene la prohibición de vender alimentos y lotes de productos nuevos. Además, se exige un identificador visible que diga que es una venta de garaje y se incorpora una tarifa, que antes no se cobraba.

El decreto reconoce legalmente la figura del vendedor ambulante, que estará acreditado con un carnet, y, por primera vez, se incluye en las normas jurídicas la modalidad de comercio electrónico, reconociendo su crecimiento exponencial en el país. “Esta modalidad responde y también cumple todos los derechos y deberes del comercio físico, pero está plasmado”, afirmó la ministra.

Disciplina y sanciones en el comercio

La ministra reconoció que en el comercio existen indisciplinas y que hay un comercio a veces irresponsable que vulnera los derechos de los consumidores. Por ello, la política establece mecanismos sancionatorios. “Ante una violación, se aplican multas, se puede hacer un cierre temporal o parcial del establecimiento o la suspensión temporal o total de la licencia”, explicó Díaz Velázquez.

Las sanciones, incluidas las multas, están alineadas al contexto actual, ya que el decreto anterior databa de 1994 y Cuba ha cambiado considerablemente. La ministra insistió en que las multas “siempre serán correctivas, preventivas, porque tenemos varias etapas, van en función de ordenar el comercio”.

Díaz Velázquez también se refirió al Decreto-Ley 168, que actualiza el reglamento del Registro Central Comercial, una norma que también databa de 1994.

La ministra señaló que lo que más ha llamado la atención sobre este decreto es la derogación del Decreto-Ley 155 de 1994 sobre el decomiso a solicitud del Registro Central Comercial.

Explicó que anteriormente el registro podía, a partir de violaciones de lo establecido en sus requisitos, mandar aplicar el decomiso. Sin embargo, aclaró que por violaciones en el comercio, y también en el Decreto-Ley 177 sobre el régimen de contravenciones, sí se prevé el comiso de mercancías, pero ahora no es el registro quien ordena el decomiso, sino que son las acciones directas las que lo determinan.

Entre las novedades del decreto, la ministra destacó la incorporación de la declaración responsable. Este mecanismo, explicó, agiliza significativamente el proceso de obtención de licencias comerciales. El actor económico se presenta en el registro, llena un documento sencillo donde declara responsablemente que cumple los requisitos de la actividad que le fue aprobada, y el registro le emite la licencia comercial. “Usted no tiene que regresar. Agiliza el proceso tanto por vía digital como físicamente si usted se presenta”, afirmó la ministra.

El registro tiene luego un plazo de 60 días para verificar el cumplimiento de los requisitos; si no se cumplen, se retira la licencia. De esta manera, la persona puede iniciar su negocio desde el primer día de su constitución.

El decreto también reduce la cantidad de licencias a emitir. Anteriormente, si un actor económico iba a realizar actividad de servicio de gastronomía, venta minorista y mayorista en cinco establecimientos, se emitía una licencia por cada actividad y por cada establecimiento. Ahora se otorgará una licencia común de todas las actividades por establecimiento, lo que disminuye el tiempo y agiliza los trámites.

Además, se reduce el clasificador tipológico de establecimientos de 109 a 33 tipos, lo que permitirá referenciar las redes, tener la mejor ubicación y también proporcionarle a la población, a través de determinadas aplicaciones, información sobre la localización de los establecimientos.

Se actualizan las tarifas y se establece que se paga según la moneda en que se opera: el que opera en pesos paga en pesos y el que opera en divisas paga en divisas.

Inversión extranjera y nuevos proyectos sectoriales

En materia de inversión extranjera, la ministra informó que, desde 2022 hasta la fecha, el sector cuenta con más de 50 negocios aprobados. De estos, 16 están patrocinados por el MINCIN, incluyendo 8 empresas mixtas, un contrato de administración y 7 empresas de capital totalmente extranjero.

Una ventaja significativa de estos negocios, explicó la ministra, es que pueden incorporar la gastronomía en los establecimientos donde prestan servicios de ventas minoristas, y que los mayoristas pueden vender al detalle. Esto responde a la necesidad de flexibilizar las operaciones, ya que anteriormente una empresa totalmente extranjera solo podía vender a personas jurídicas bajo el concepto tradicional, lo que limitaba sus posibilidades.

“Que si hoy teníamos un almacén donde la empresa 100% extranjera sólo podía vender a personas jurídicas, un concepto que teníamos, digamos, no actualizado, hoy usted puede llegar y hacer una compra por mayor. O puede hacer una compra al detalle si el establecimiento también decide vender al detalle, porque puede vender minoristas”, explicó Díaz Velázquez. Además, podrán aceptar efectivo cuando vendan al detalle, superando barreras operativas previas relacionadas con la falta de conexión o efectivo.

La ministra también anunció que las sucursales de empresas extranjeras ya establecidas en Cuba podrán realizar actividad de exportación, importación y comercio mayorista, y que en un tiempo prudencial podrán convertirse en modalidades de inversión extranjera. Anteriormente, estas representaciones comerciales no podían realizar actividades con fines lucrativos.

Retos y perspectivas

Díaz Velázquez reconoció que el principal reto ahora es llevar a estos actores a cadenas de tiendas y cadenas de restaurantes que puedan llegar a todas las provincias, ya que los negocios se concentran fundamentalmente en La Habana, con alguna representación en Matanzas, Villa Clara, Santiago y Sancti Spíritus. El objetivo es invitar a franquicias, tanto internacionales como nacionales, a que vengan al país bajo estas modalidades.

“Yo considero, nosotros, el equipo de trabajo, consideramos que estamos totalmente abiertos al comercio en el país. Y eso nos permite complementarnos con esa forma de gestión estatal y poder llevar adelante el desarrollo del comercio, incorporando una mayor oferta de bienes y servicios”, concluyó.

Proyectos concretos dinamizarán el comercio minorista y mayorista en Cuba

Aracelys Cardoso Hernández, viceministra de Comercio Interior, fue la encargada de exponer en la Mesa Redonda los proyectos que ya están en fase de implementación en el sector, como parte del nuevo marco regulatorio que pone a los actores económicos en igualdad de condiciones para actuar en las actividades comerciales.

La viceministra explicó que, una vez establecido el marco normativo que permite la participación de todos los actores en condiciones de igualdad, se diseñaron un grupo de proyectos que les otorgan participación en función de sus intereses, necesidades y el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada uno de ellos.

Cardoso Hernández comenzó su intervención refiriéndose al proyecto de compras públicas, una iniciativa que busca ordenar la actividad mayorista para poner ofertas de bienes en el mercado cubano que faciliten el acceso de todos los que necesitan reproporcionar su negocio o adquirir mercancías para su propio consumo particular.

El proyecto concentra compras a actores estatales y no estatales para la adquisición de productos de primera necesidad, con el objetivo de dirigirlos al consumo de la población a través de programas que hoy atiende el sistema de comercio, y también para las ventas mayoristas. Para esto, se aprobó un fondo presupuestario que permite ser el capital de esas compras mayoristas, con una operatoria establecida en diferentes normas de otros ministerios que se involucran en el proyecto.

La viceministra explicó que el sistema de comercio, a través del grupo de alimentos, que es el que tiene el punto de partida para la adquisición de compras públicas, selecciona proveedores con las mejores ofertas, los mejores precios, que logren tener una disponibilidad del producto en grandes cantidades. “Las compras públicas se le puede hacer lo mismo a un grupo de la alimentaria que a un actor no estatal, a un primer mayorista”, precisó Cardoso Hernández.

Estos actores que participen como proveedores de las compras públicas van a tener un incentivo fiscal, que será explicado posteriormente. El proyecto se extenderá al resto del sistema de comercio en la medida que este grupo logre concretar las primeras experiencias, y ya está disponible para iniciar la compra.

Los productos que se adquieran a través de estas compras públicas serán comercializados en una red minorista que defina la propia empresa que gestiona la compra, o puede conveniarlo con una red minorista. Pueden utilizar las bodegas y se pueden hacer productos que, por el interés que tenga el territorio, puedan controlarse, utilizando inclusive la propia libertad de abastecimiento.

“Va a ser una red que va a tener el Estado también para propiciar precios favorables a sectores sociales, a manejar también la actividad del comercio, no solo a lo que puede hacer cada uno de los actores, sino el Estado también manejando posibilidades”, afirmó la viceministra. Las principales prioridades de los productos que hoy demanda el consumo de nuestra producción son, en este primer inicio, productos alimenticios, aunque el proyecto puede servir como fuente para otros proyectos de aseguramiento.

Mercados de abasto: Un espacio físico para múltiples transacciones mayoristas

La viceministra se refirió también al proyecto de mercado de abasto, una modalidad que existe en el mundo con diversas particularidades, tecnologías y niveles de desarrollo, pero que en Cuba adquiere características propias para dar respuesta a las principales necesidades de los actores de la economía y también a las personas naturales.

Cardoso Hernández enfatizó que este mercado de abasto es un mercado cubano, porque es el mercado que le va a dar respuesta a las principales necesidades de nuestros actores de la economía y también a las personas naturales.

En Cuba, el mercado de abasto es un espacio físico donde van a concurrir compradores y vendedores, y que van a tener como principal gestión la comercialización en múltiples transacciones. Bajo el principio de la oferta y la demanda, va a ser al por mayor y en diferentes formatos, lo que va a dar la posibilidad de adquirir, por cantidad, una mercancía. Al concurrir varios actores a este espacio, los precios tienden a disminuir.

La viceministra detalló quiénes pueden concurrir a un mercado de abasto. Con el nuevo marco regulatorio, que pone los actores en igualdad de condiciones, todo el que pueda ser mayorista en Cuba puede concurrir: empresas estatales, formas de gestión no estatal como las Mipymes, productores nacionales y locales, comercializadoras, y la modalidad de inversión extranjera.

¿Quién no puede concurrir? Cardoso Hernández aclaró que lo que regula la ley: los trabajadores por cuenta propia no pueden hacer comercio mayorista, exceptuando los productores, que también pueden tener acceso a un mercado de abasto.

La gestión administrativa del establecimiento —que puede ser un almacén, una tienda por departamento, o inclusive áreas abiertas que tengan las condiciones que permitan la comercialización— puede ser gestionada por uno o varios actores.

“Es decir, un complemento de administración, porque usted tiene como actor estatal un establecimiento que cumple los requerimientos, las características que exige el proyecto, y todo para complementar un financiamiento, servicios que va a prestar ahí, para darle mayor fortaleza a la gestión comercial mayorista, al por mayor, que es una modalidad que generalmente no se aplica en el país”, explicó la viceministra.

Cardoso Hernández enfatizó que los mercados de abasto pueden estar en cualquier lugar del mundo, y no son privativos de los que hoy hacen comercio mayorista. “Se trata de un establecimiento y lo quiere gestionar con un mercado de abasto, se rige por lo que establece la norma, que esta propia puede hacer. Ya, a partir de hoy, eso es posible”, afirmó.

Principios y funcionamiento de los mercados de abasto

La viceministra detalló los principios que establece el funcionamiento de los mercados de abasto. Deben ser de fácil acceso, en lugares donde se puedan mover mercancías y donde se pueda tener una transportación que sea viable, para que no se obstruya el proceso de comercialización. Lo que vincula la comercialización del vendedor y el comprador es la emisión de una factura, que va a permitir transparencia en el proceso de comercialización, a diferencia del comercio mayorista habitual, que utilizaba una contratación económica. “Todo el que vende tiene la obligación de emitir una factura, que le va a permitir a los actores que compren, para reproporcionar su negocio, que es novedoso”, subrayó.

La viceministra precisó que los mercados de abasto operarán en la moneda que gestiona el actor. El que está autorizado a vender en divisas, vende sus productos en divisas; y el que gestiona sus productos en moneda nacional, vende en moneda nacional. Pueden concurrir en un mismo mercado con interés en algún renglón determinado.

“¿Es decir que esto puede dinamizar el mercado? Es el propósito. Más actores, más posibilidades de abastecer ese mercado de abasto, y por supuesto más concurrencia de compradores también a esos lugares”, afirmó Cardoso Hernández.

Los que gestionan el mercado de abasto deben lograr mayor cantidad de facilidades para los que concurren, con servicios logísticos y servicios complementarios.

La viceministra mencionó que ahora está autorizada la casa de cambio, por lo que se pueden poner servicios complementarios como una oferta gastronómica ligera para los que vayan a adquirir mercancía, el servicio logístico de llevar y traer la mercancía, estimadores para el descargue y el montaje de la mercancía tanto para el que va a concurrir a vender como para el que va a adquirir, y el servicio de pesaje. “Quiere decir que usted puede ser, como actor, hacer todas las actividades complementarias que faciliten la operación de la comercialización al por mayor”, resumió.



Mercados de barrio: Una novedosa modalidad minorista con incentivos fiscales

La viceministra explicó también el proyecto de los mercados de barrio, una modalidad de comercio minorista que calificó como novedosa. El objetivo es lograr la comercialización minorista de una nomenclatura de productos aprobados que incluye productos alimenticios de primera necesidad y productos de aseo e higiene.

Esta nomenclatura tendrá incentivos fiscales, lo que significa que los proveedores de ese mercado de barrio y los que lo van a gestionar van a tener la posibilidad de obtener incentivos que les permitirán que los costos de estas mercancías estén por debajo del mercado normal. “Esto para la población va a ser muy novedoso”, afirmó Cardoso Hernández.

Se seleccionó una red que incluye bodegas —que hasta ahora no se habían incluido en ningún tipo de negocio, se había respetado esta red—, camiserías que hoy no se están comercializando, mercados ideales u otros establecimientos que en la localidad se determinen en esa selección, y que se pueden gestionar por mercado de barrio.

¿Quién puede participar en los mercados de barrio?

A partir del marco regulatorio, todo el que pueda hacer comercio minorista. Y no necesariamente tiene que ser un actor estatal; puede ser una empresa estatal que tenga resultados y sea capaz de gestionar los productos que establece la norma. También puede hacerlo una base productiva, una cooperativa agropecuaria, una empresa de la pesca, y no tiene que ser del sistema de comercio.

“Es decir, todo el que sea capaz puede participar de ponerle en el barrio a la población ofertas de productos de primera necesidad”, enfatizó la viceministra. “Eso no quiere decir que no pueda vender otros productos. Los otros no van a tener los incentivos pero pueden tener también otras ofertas que también pueden ser interesantes”.

Incentivos adicionales y experiencias en marcha

Cardoso Hernández detalló otros incentivos de los mercados de barrio que pueden impactar en el precio. El que obtenga el proyecto a través de un proceso de licitación restringida, como establece el nuevo marco regulatorio que está por publicar y aprobado, va a hacer el control de sus recursos, va a ser el dueño, pero va a estar exonerado de dos a tres años del arrendamiento. “Esto es otro incentivo que ayuda a que los precios de esos productos puedan ser por debajo de lo que hoy se comercializa en el mercado normal”, afirmó.

Además, si el actor hace una inversión para mejorar la imagen de la red minorista y también de la red mayorista —“necesitamos también recuperar la imagen de la red minorista y también de la red mayorista”, dijo la viceministra—, esas inversiones se pueden deducir de las utilidades que se van a compartir a través de los contratos de administración y servicios, y por lo tanto el actor no va a tener más carga que pueda contribuir a que los precios estén por debajo del mercado normal. Los trabajadores que están en esos establecimientos también tienen prioridad en estos proyectos, y deben convertirse en otra modalidad para que puedan participar.

La viceministra subrayó que para poder concurrir en este proceso es a través de un proyecto de licitación, y adelantó que se darán más detalles posteriormente sobre los requisitos y el procedimiento.

La viceministra informó que ya existen experiencias concretas de mercados de barrio en funcionamiento. “Hasta este momento tenemos ya 27 mercados de barrio, específicamente en la provincia de Guantánamo y La Habana, hay experiencias y no todas se gestionan por el comercio estatal”, afirmó Cardoso Hernández.

Mencionó el caso de la empresa agroforestal de Maisí y la empresa de café y cacao de Baracoa, ambas en Guantánamo, que ya gestionan mercados de barrio. También señaló que en La Habana, en el municipio de Plaza, se están haciendo convocatorias para visitar esos mercados.

La viceministra explicó que, en estos establecimientos, la población podrá encontrar arroz, jabones y otros productos de primera necesidad a un precio menor, a partir de las ventajas que se le otorgan a los vendedores en esos establecimientos mediante los incentivos fiscales, las exoneraciones de arrendamiento y la posibilidad de deducir inversiones de las utilidades.

sábado, 5 de septiembre de 2026

La población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes




La población mundial está envejeciendo rápidamente, y se espera que las personas de 65 años o más representen casi una quinta parte de la población mundial para 2060, según el informe "Un mundo que envejece: 2025" de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Se prevé que la proporción de personas de 65 años o más aumente del 10,5 % en 2025 al 19,6 % en 2060. Ya se ha producido un hito demográfico importante. Entre 2020 y 2025, por primera vez en la historia registrada, los adultos mayores superaron en número a los niños de 5 años o menos.

En 2025, el 18,9% de la población estadounidense tenía 65 años o más, lo que situaba al país en el puesto 48 entre los más envejecidos de 227 países. Se prevé que para 2060 este porcentaje alcance el 23,4%. A pesar de este aumento, se proyecta que Estados Unidos descienda al puesto 110, ya que la población de muchos otros países envejece aún más rápidamente.

En 2025, Japón tenía la población más envejecida del mundo, con un 29,7 % de personas mayores de 65 años. Se prevé que para 2060, Corea del Sur tome la delantera, con adultos mayores que representarán aproximadamente el 41 % de su población.

Europa sigue siendo la región más envejecida del mundo, con una población de 65 años o más que se prevé que aumente del 21 % en 2025 al 30,8 % en 2060. Sin embargo, se espera que África supere a Europa en el número total de adultos mayores. Para 2060, África podría tener 249 millones de personas de 65 años o más, en comparación con los 214 millones de Europa.

El informe señala que la disminución de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida, la mejora de la atención médica, el mejor sistema educativo y el desarrollo económico impulsan esta transformación demográfica. Se prevé que este cambio ejerza una presión creciente sobre los sistemas de salud, las finanzas públicas, el empleo y la atención a largo plazo.

La salud es una preocupación de suma importancia. Si bien la esperanza de vida es mayor, no aumenta al mismo ritmo. En Estados Unidos, se estima que entre 2016 y 2019, el 73 % de los adultos mayores de 65 años padecían al menos dos enfermedades crónicas. La enfermedad de Alzheimer y otras demencias también se encuentran entre las cinco principales causas de muerte a nivel mundial en personas mayores de 60 años.

El envejecimiento de la población también podría aumentar la presión financiera sobre los gobiernos. En los países de la OCDE, se prevé que el gasto público en salud crezca aproximadamente al doble del ritmo de los ingresos públicos durante la próxima década. Los sistemas de pensiones también varían significativamente: en algunos países, las prestaciones de jubilación reemplazan más del 90 % del salario medio, mientras que en otros, incluido Estados Unidos, solo alcanzan la mitad.

El cuidado de personas mayores representa otro desafío. Los cuidados no remunerados que brindan familiares y amigos siguen siendo la principal fuente de apoyo a largo plazo para las personas mayores en todo el mundo, y las mujeres son quienes proporcionan una gran parte de esos cuidados. La pandemia de COVID-19 puso aún más de manifiesto las vulnerabilidades de las personas mayores, como el aislamiento social, la interrupción de la atención médica, la pérdida de empleos y el acceso limitado a la tecnología digital.

Al mismo tiempo, las personas mayores siguen realizando importantes contribuciones económicas y sociales. La participación en la fuerza laboral de las personas de 65 años o más ha aumentado en muchos países de altos ingresos, mientras que el voluntariado sigue siendo significativo en algunas naciones.

Los datos de la Oficina del Censo demuestran que el envejecimiento de la población ya no se limita a un puñado de países ricos. Se está convirtiendo en un cambio demográfico mundial que transformará la atención médica, el empleo, las pensiones, los cuidados y las políticas sociales durante las próximas décadas.

El informe «Un mundo que envejece: 2025» es la sexta edición de la serie global sobre el envejecimiento de la población de la Oficina del Censo de Estados Unidos, publicada por primera vez en 1987. El informe se basa en la base de datos internacional de la Oficina del Censo y en datos de organizaciones como el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE.


viernes, 4 de septiembre de 2026

Los pequeños parques fotovoltaicos y sus complejidades


septiembre 4, 2026
8:21 am

Una parte considerable de estas instalaciones generadoras de electricidad limpia, con respaldo de baterías y conectados a la red hoy, se construyen con deficiencias en el diseño y montaje.

Por LUIS GUTIÉRREZ URDANETA (*)



En Australia, la energía solar generada en paneles solares sobre techos estaba a punto de superar en 2022 al carbón como la mayor fuente de generación. Más de la cuarta parte de los hogares generaban energía en las cubiertas. En Cuba hace pocos años comenzó la instalación de sistemas fotovoltaicos en techos con inversores de red (sin baterías), tanto para el sector residencial como empresas, y debido a la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) esta labor se ha acelerado en los últimos tiempos.

Los componentes fundamentales de un sistema fotovoltaico son los paneles solares (con una vida útil de entre 25 y 30 años; el inversor, que transforma la corriente directa, CD) en alterna a fin de poder alimentar la inmensa mayoría de los equipos (cuya vida útil se halla entre 5 y 15 años dependiendo de la calidad y el mantenimiento); y la batería, generalmente de litio (con vida útil de 10 años o más).

El inversor es el “cerebro” del sistema. Existen dos tipos de ellos para sistemas con respaldo de baterías: inversores cargadores y los híbridos. La principal diferencia entre ambos es que los primeros se conectan a la red, pero no le suman energía, mientras los segundos vierten los excedentes al SEN.

Erróneamente, muchas veces se denominan inversores híbridos a aquellos que se conectan al SEN: la mayor parte de los que se encuentran en el mercado cubano son cargadores y tienen un precio menor que los híbridos y su instalación es menos costosa.

Diseño y montaje

Hoy en Cuba una porción mayoritaria de pequeños parques se instala por MIPYMES, trabajadores por cuenta propia y montadores improvisados. Sobre todo, cuando los clientes son privados, se instalan inapropiadamente. Las insuficiencias más usuales son: no se realiza un proyecto técnico del sistema para que se aproveche al máximo la energía solar, ni se evalúan variantes tecnológicas de equipamiento.

No se realizan el análisis de cargas de viento (Norma Cubana 285:2025) cuando se realiza la colocación de los paneles. El clima de Cuba, con huracanes, tormentas eléctricas locales y tornados, requiere que se aplique con rigor esta Norma Cubana, que además es obligatoria. Por ello, tampoco se ejecutan los cálculos mecánicos y civiles de las fijaciones o lastres.

Se descartan los estudios electroenergéticos de los circuitos internos, que a menudo presentan problemas con el cableado y las protecciones de CA. No se balancean correctamente las fases y se desconoce, o no se aplica, el Código Electrotécnico Cubano.

Además, en unos casos falta el aterramiento del sistema y en otros no se determina la resistencia mediante instrumentos. Se ejecuta a “ojo de buen cubero”.

Al cliente no le suministran los esquemas eléctricos ni planos, ni una memoria que refleje las características de la instalación. Se utilizan materiales inadecuados, como la conexión de paneles con cable eléctrico en vez de fotovoltaico. Y se hace sin las debidas protecciones CA. Igualmente, no se le adiestra en las medidas de seguridad, protección eléctrica y operación, y mantenimiento.

Los sistemas vienen ya preconfigurados en los llamados kits. El consumidor debe ajustar su gasto energético a esos kits. Puede que la sobre potencia del inversor o que la cantidad de paneles no se ajusten a las necesidades técnicas. Usualmente se ofertan paneles bifaciales (que generan por ambas caras) sin tener en cuenta la forma de instalación real de los módulos.

Se ubican paneles a distancias entre filas incorrectas y con áreas de sombreados casi permanentes (esto puede dañar los paneles); la garantía, cuando se otorga, es para tiempos cortos y el servicio de posventa es muy deficiente.

Es una necesidad estratégica que el gobierno regule con premura, tal vez en un solo cuerpo, todo lo concerniente al diseño e instalación de los pequeños parques fotovoltaicos en techos o terrenos, sobre todo en zonas urbanas. Debe promover u organizar la certificación de diseñadores e instaladores, y exigir que solo personal calificado ejecute estas labores.

Debido a los altos costos del equipamiento fotovoltaico, el propio estado podría tratar de promover un emprendimiento conjunto con empresas chinas que ejecuten la provisión, diseño e instalación de pequeños parques fotovoltaicos a un menor costo para el país. Hoy se importan por intermediarios y en pequeñas escalas a precios que triplican el de su fabricación en China.



Daños por tormenta en un parque fotovoltaico de Bayamo en mayo de 2026

Beneficios y limitaciones

La instalación de pequeños parques fotovoltaicos con baterías tiene claros beneficios. En el sector residencial mejora el bienestar de los individuos y puede, en algunos casos, reducir el monto de la factura eléctrica. A los negocios, sean estatales o privados, les permite la continuidad parcial o total del proceso productivo o de servicios.

Pero con relación al SEN, los resultados deben evaluarse con cautela. Si bien el autoconsumo solar ayuda a reducir las pérdidas de trasmisión, no siempre se obtiene un alivio de la carga del SEN.

Si la energía neta consumida de la red que alimenta el equipamiento y la carga de las baterías es superior a la demandada por el SEN, antes de instalar el parque, lejos de aliviarse, aumenta el consumo de electricidad proveniente del SEN. Esta es la situación más común.

Con los actuales regímenes de apagones de más de 16 horas, los usuarios instalan baterías de mayor capacidad, para las cuales la carga solar es solo una fracción. Sólo con la recuperación del SEN y la disminución de la duración de los apagones, se puede obtener, fundamentalmente con los inversores híbridos, que el balance energético del sistema sea positivo.

Incluso, para que los inversores híbridos inyecten energía al SEN debe existir red activa. A pesar de esta limitación, los parques fotovoltaicos con respaldo, bien diseñados e instalados, son una opción racional para familias y empresas, al menos en los momentos actuales y en el mediano plazo.

(*) Luis Gutiérrrez Urdaneta, es Especialista en diseño de parques fotovoltaicos.

Decreto-Ley 120/2026 “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano”. Breves comentarios


Para descagar el Decreto Ley en el siguiente link     https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2026-o72.pdf

Por Humberto Herrera Carlés

Sistema Empresarial Cubano (Decreto-Ley 120/2026)

1. ACIERTOS PRINCIPALES

Reforma Estructural y Gobernanza

Descentralización de facultades: Permite a grupos empresariales, empresas y nivel territorial crear nuevas entidades, democratizando el emprendimiento estatal.

Juntas de Gobierno técnico: Órganos colegiados con 80% de expertos y 20% de representantes trabajadores, profesionalizando la supervisión sin interferir en la autonomía empresarial.

Autonomía Empresarial Ampliada

Facultades sustantivas: Definición de productos, precios por métodos de mercado, aprobación de estructura y plantilla sin indicaciones externas, apertura de cuentas bancarias.

Autonomía salarial: Determinación del sistema salarial con participación sindical, bajo principios de igualdad y diferenciación.

Instrumentos financieros: Emisión de bonos corporativos, pagarés e inversiones financieras, ampliando las fuentes de financiamiento.
Participación y Control

Participación vinculante: Los trabajadores participan obligatoriamente en planificación, control mensual, sistema salarial y destinos de utilidades.

Transparencia: Obligación de rendir cuentas a trabajadores y órganos estatales, con controles externos espaciados mínimo 6 meses.

Fondos comunes: Los grupos empresariales pueden crear fondos de inversión, liquidez y garantía para financiar proyectos colectivos.

2. LIMITANTES PRINCIPALES

Centralismo Residual

Concentración de decisiones clave: El INAEE mantiene control sobre accionistas, composición accionaria y cuantía mínima del aporte estatal.

Clasificación discrecional: Las categorías empresariales (estratégicas, competitivas, etc.) no tienen criterios objetivos definidos, generando incertidumbre.

Inversiones presupuestarias: Las sociedades mercantiles no pueden recibir financiamiento estatal para inversiones, excepto por excepción con múltiples aprobaciones.

Restricciones Fiscales y Financieras

Provisiones voluntarias no deducibles: Desincentiva la creación de reservas para contingencias, contrario al principio de prudencia.

Suspensión de la insolvencia: La causal de extinción por insolvencia patrimonial queda postergada, manteniendo empresas ineficientes.

Desafíos Operativos

Inconsistencia de plazos: 180 días para transformar unidades organizativas vs. 180 días hábiles para liquidación, creando tensiones.

Burocracia documental: Exigencia extensa de documentos para movimientos organizativos que ralentiza procesos ágiles.

Escasez de expertos: Las Juntas de Gobierno requieren especialistas, pero la base calificada es limitada a nivel territorial.

3. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento Institucional

Capacitación masiva: Crear una "Academia del INAEE" para formar especialistas en gobierno corporativo y gestión empresarial, aprovechando el período de transición de 180 días.

Registro nacional de expertos: Establecer un banco de profesionales calificados para integrar Juntas de Gobierno, con programas de formación continua.

Sistema de mentoría: Acompañar a los nuevos equipos territoriales con funcionarios experimentados durante el primer año.

Flexibilización y Simplificación

Revisión fiscal: Permitir la deducibilidad parcial de provisiones voluntarias para incentivar la previsión financiera y la gestión de riesgos.

Régimen simplificado para mipymes: Establecer tratamiento fiscal y administrativo diferenciado para micro, pequeñas y medianas empresas estatales.

Digitalización de trámites: Implementar plataformas electrónicas para movimientos organizativos, reduciendo plazos y cargas documentales.

Implementación Gradual

Hoja de ruta por etapas: Priorizar la autonomía plena en empresas "competitivas" en el primer año, con evaluación semestral y ajustes progresivos.

Criterios objetivos de clasificación: Desarrollar reglamento con indicadores cuantitativos para cada categoría empresarial, con revisiones trienales.

Fondo de capitalización: Crear mecanismos de rescate para empresas viables con dificultades financieras temporales, antes de llegar a la disolución.

Participación y Transparencia

Indicadores de participación efectiva: Medir no solo la asistencia a asambleas, sino la incidencia real de los trabajadores en decisiones clave.

Portal de transparencia empresarial: Publicar estados financieros, auditorías y destinos de utilidades en plataformas accesibles para trabajadores y sociedad.

Protocolos intersectoriales: Establecer mecanismos ágiles de coordinación entre INAEE, Ministerio de Finanzas y Precios y Banco Central para decisiones complejas.

Desarrollo del Ecosistema

Polos empresariales: Promover la convergencia de empresas estatales, mipymes y cooperativas en cadenas de valor con potencial exportador.

Ventanilla única para internacionalización: Agilizar la obtención de autorizaciones de comercio exterior e inversión en el exterior.

CONCLUSIÓN

El Decreto-Ley 120/2026 constituye un avance histórico al reconocer la autonomía, descentralización y participación como pilares de la empresa socialista cubana. Sus aciertos en gobernanza, autonomía financiera y participación trabajadora sientan bases sólidas para la transformación estructural. Sin embargo, persisten desafíos en centralismo residual, restricciones fiscales y capacidad institucional que requieren atención. 

El éxito dependerá de la capacidad del INAEE para ejercer un rol facilitador y de la voluntad empresarial para asumir la autonomía como responsabilidad. La implementación gradual es prudente, pero debe acompañarse de hojas de ruta claras con hitos verificables. Este marco normativo, bien implementado, puede catalizar la transformación del sistema empresarial cubano hacia un modelo más eficiente, participativo y socialmente responsable, manteniendo su esencia socialista.