Los acuerdos comerciales más nuevos incorporan reglas que están esencialmente destinadas a generar y preservar las ganancias de las instituciones financieras y las empresas multinacionales a expensas de otros objetivos políticos legítimos
Dani Rodrik, Project Syndicate
Las siete décadas que transcurrieron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fueron una era de acuerdos comerciales. Las principales economías del mundo estuvieron en un estado perpetuo de negociaciones sobre comercio y concluyeron dos acuerdos multilaterales importantes a nivel global: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y el tratado que estableció la Organización Mundial de Comercio. Por otra parte, se firmaron más de 500 acuerdos comerciales bilaterales y regionales –la gran mayoría de ellos desde que la OMC reemplazó al GATT en 1995–.
Las revueltas populistas de 2016 casi con certeza pondrán fin a esta actividad frenética de firma de acuerdos. Si bien los países en desarrollo pueden aspirar a implementar acuerdos comerciales más pequeños, los dos principales acuerdos sobre la mesa, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés) y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), están prácticamente muertos tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
¿Qué propósito tienen realmente los acuerdos comerciales? La respuesta parecería obvia: los países negocian acuerdos comerciales para alcanzar un comercio más libre. Pero la realidad es considerablemente más compleja. No es sólo que los acuerdos comerciales de hoy se extienden a muchas otras áreas de políticas, como la salud y las regulaciones sobre seguridad, las patentes y los derechos de propiedad intelectual, las regulaciones para cuentas de capital y los derechos de los inversores. Tampoco resulta claro si realmente tienen mucho que ver con el libre comercio.
La argumentación económica estándar para el comercio es doméstica. Habrá ganadores y perdedores, pero la liberalización comercial agranda el tamaño de la torta económica en casa. El comercio es bueno para nosotros y deberíamos eliminar cualquier impedimento por nuestro propio bien –no para ayudar a otros países–. De modo que el comercio abierto no requiere ningún cosmopolitanismo; sólo precisa los ajustes domésticos necesarios para asegurar que todos los grupos (o por lo menos los políticamente poderosos) puedan participar en los beneficios generales.
Para las economías que son pequeñas en los mercados mundiales, la historia termina aquí. No tienen ninguna necesidad de acuerdos comerciales, porque el libre comercio, para empezar, los favorece (y no tienen poder de negociación frente a los países más grandes).
Los economistas ven una justificación para los acuerdos comerciales en los países grandes porque esos estados pueden manipular sus términos de comercio –los precios mundiales de los bienes que exportan e importan–. Por ejemplo, al imponer un arancel a las importaciones, digamos, de acero, Estados Unidos puede reducir los precios a los que los productores chinos pueden vender sus productos. O, al gravar las exportaciones de aviones, Estados Unidos puede aumentar los precios que los extranjeros tienen que pagar. Un acuerdo comercial que prohíba estas políticas proteccionistas puede ser útil para todos los países porque, de no existir, todos podrían terminar colectivamente perjudicados.
Pero es difícil cuadrar este razonamiento con lo que sucede con los acuerdos comerciales reales. Aunque Estados Unidos imponga aranceles a las importaciones de acero chino (y muchos otros productos), el motivo no parece ser reducir el precio mundial del acero. Librado a sus propios medios, Estados Unidos preferiría subsidiar las exportaciones de Boeing –como lo ha hecho a menudo– que gravarlas. Por cierto, las reglas de la OMC prohíben los subsidios a las exportaciones –que, en términos económicos, son políticas que benefician a todos– sin aplicar restricciones directas a los impuestos a las exportaciones.
De manera que la economía no nos ayuda mucho a entender los acuerdos comerciales. La política parece un camino más alentador: las políticas comerciales de Estados Unidos en materia de acero y aviones probablemente encuentren una mejor explicación en el deseo de los responsables de las políticas de ayudar a esas industrias específicas –que tienen una fuerte presencia lobista en Washington– que en sus consecuencias económicas generales.
Los acuerdos comerciales, suelen decir quienes los proponen, pueden ayudar a controlar este tipo de políticas ineficientes haciendo que a los gobiernos les resulte más difícil dispensar favores especiales a industrias con conexiones políticas. Pero este argumento tiene un punto ciego. Si las políticas comerciales están esencialmente diseñadas por el lobby político, ¿acaso las negociaciones de comercio internacional no estarían también a merced de estos mismos lobbies? ¿Y pueden las reglas comerciales redactadas por una combinación de lobbies domésticos y extranjeros, en lugar de sólo lobbies domésticos, garantizar un mejor resultado?
Sin duda, los lobbies domésticos tal vez no obtengan todo lo que quieren cuando tienen que lidiar con lobbies extranjeros. Una vez más, los intereses comunes entre los grupos industriales de diferentes países pueden derivar en políticas que consagran la captación de renta a nivel global.
Cuando los acuerdos comerciales giraban en gran medida alrededor de los aranceles a las importaciones, el intercambio negociado de acceso a los mercados en general producía menores barreras a las importaciones –un ejemplo de los beneficios de los lobbies que actúan como contrapesos mutuos–. Pero también existen muchos ejemplos de connivencia internacional entre intereses especiales. La prohibición de la OMC a los subsidios a las exportaciones no tiene una explicación económica real, como ya dije anteriormente. Las reglas sobre anti-dumping también son explícitamente proteccionistas en su intención.
Estos casos perversos han proliferado más recientemente. Los acuerdos comerciales más nuevos incorporan reglas sobre "propiedad intelectual", flujos de capital y protecciones a la inversión que están esencialmente destinadas a generar y preservar las ganancias de las instituciones financieras y las empresas multinacionales a expensas de otros objetivos políticos legítimos. Estas reglas ofrecen protecciones especiales a los inversores extranjeros que suelen entrar en conflicto con regulaciones sobre salud pública o medio ambiente. Hacen que a los países en desarrollo les resulte más difícil acceder a la tecnología, gestionar los flujos de capital volátiles y diversificar sus economías a través de políticas industriales.
Las políticas comerciales impulsadas por un lobby político e intereses especiales domésticos son políticas proteccionistas. Pueden tener consecuencias proteccionistas, pero ese no es su motivo. Reflejan asimetrías de poder y fallas políticas al interior de las sociedades. Los acuerdos comerciales internacionales pueden contribuir sólo de manera limitada a remediar estas fallas políticas domésticas, y a veces las agravan. Para abordar las políticas proteccionistas hace falta mejorar la gobernnacia doméstica, no establecer reglas internacionales.
Tengamos esto en mente cuando lamentamos la muerte de la era de los acuerdos comerciales. Si administramos bien nuestras propias economías, los nuevos acuerdos comerciales serán esencialmente redundantes.
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