El gobierno cubano insiste en reordenar las cooperativas y el trabajo por cuenta propia, en una doble señal del interés declarado de compartir espacio con las formas de gestión no estatales y del sambenito de un pasado ajeno a tal convivencia.
Los ómnibus ruteros permanecen entre las 429 cooperativas con que el gobierno experimenta la ordenación el cooperativismo en el modelo económico cubano.
Foto: Tomada de Flickr
Con el anuncio de próximas regulaciones para ordenar la gestión económica no estatal, el gobierno cubano confirmó pasos anticipados a mediados de 2017, y dio continuidad a una estrategia de búsqueda y ensayo que promete alargarse. En lugar de indicar rechazo a esta alternativa económica, los ajustes confirman más bien insistencia por labrarles a los negocios privados un espacio en el modelo económico socialista. Solo que el empeño se le ha tornado tan difícil a los nuevos actores de la economía como al propio gobierno.
Cuando presentó en diciembre al Parlamento el informe habitual de fin de año sobre la actualización del modelo económico, el coordinador de este proceso, Marino Murillo, anticipó medidas concretas únicamente en relación con los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias. Sobre otras prioridades –empresas estatales, inversiones extranjeras y ordenamiento monetario- hizo comentarios generales y evaluaciones significativas, pero sin adelantar pasos igual de específicos.
Acerca de estas cooperativas -429 al cierre de 2017-, Murillo consideró como novedad más importante que quedarán limitadas a operar solo en la provincia donde están registradas. Estas formas de gestión, que desde 2013 el gobierno cubano extendió de manera experimental a la construcción, el transporte, la recuperación de materia prima, pequeñas producciones industriales, mercados y otras actividades de los servicios, tendrán solo un alcance territorial.
“No podrán hacer actividades fuera de la provincia donde tengan su domicilio legal”, dijo Murillo al Parlamento en diciembre. “Tributan al desarrollo del país desde el territorio”.
Pero mayor importancia e impacto que ese ajuste pudiera tener la regulación sobre ingresos de los cooperativistas. El gobierno establece una norma entre el que menos gana y el que más gana en esas entidades. La diferencia entre ambos no puede ser mayor de tres veces, explicó el jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, después de aclarar que esto no significa que el gobierno limite cuánto pueden ingresar los trabajadores de una cooperativa.
El vicepresidente del gobierno, Marino Murillo, informó de próximas regulaciones para reordenar la actividad de los trabajadores por cuenta propia y de las cooperativas no agropecuarias. Foto: Tomada de Cubadebate
Murillo insistió en la necesidad de normar tales ingresos para evitar desviaciones de la concepción original de estas cooperativas, criticadas en reunión del Consejo de Ministros desde junio pasado y a la que siguieron un primer grupo de medidas de para reordenar esta alternativa. Como ejemplo, informó a los diputados sobre casos en que el presidente de una cooperativa ganaba hasta catorce veces más que otro de sus trabajadores. “Eso no es una cooperativa, eso es una empresa privada, y eso no se puede permitir”.
El gobierno se propone atajar también cooperativas que vivían del trabajo contratado y no del trabajo de sus socios. “Eso también viola un principio del cooperativismo”, explicó Murillo.
Las normas legales para establecer estas y otras regulaciones –el número de socios y de trabajadores que podrá tener una cooperativa- serán publicadas en la prensa próximamente, informó Murillo.
La otra forma de gestión no estatal en desarrollo en Cuba, el trabajo por cuenta propia, cierra el año igualmente con noticia de ajustes en su legislación. La regulación anunciada que más preocupa a algunos de esos trabajadores es que no tendrán luz verde para desempeñar más de una actividad de autoempleo, como ocurre aún hoy. “Se podrá tener solo una autorización para el trabajo por cuenta propia”, informó Murillo al Parlamento.
Es una limitación que amenaza a negocios de pequeñas empresas, que habían tomado vuelo bajo la sombrilla de varias licencias de actividades vinculadas entre sí. Los restaurantes privados, conocidos como paladares, se encuentran entre las que pueden verse afectados si se proponen poner también un bar, porque el mismo dueño no podría tener ambas licencias, como exige hoy el gobierno al considerarlos servicios diferentes.
En contraste y compensación, la decisión de integrar en una sola denominación varias de las actividades legalizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia le ahorrará a otros la incomodidad de mayores gestiones e impuestos por más de una licencia. El caso más notorio es el de los servicios de belleza, que estaban segmentados en siete licencias (peluquera, manicuri y barbero, entre otras) y quedarán como una sola actividad.
Si desean contar también con bar, los restaurantes conocidos como paladares son algunos de los negocios privados que se las verán en apuros por la imposibilidad de un mismo trabajador por cuenta propia de disponer de dos licencias. Foto: Jorge Luis Baños_IPS
Con el negocio de los arrendadores de casas y habitaciones, las autoridades siguen dando pasos para derribar los muros burocráticos y políticos entre actividad estatal y no estatal. Reconocidos por el Ministerio de Turismo como aliados en la recepción de turistas extranjeros, los arrendadores también podrán ofrecer sus servicios a personas jurídicas cuando entren en vigor las nuevas normas legales.
Murillo reiteró que con esos pasos, tratan “de poner orden y no de negar el papel que tienen las fórmulas no estatales dentro de todo el proceso de actualización del modelo”. Ya el Consejo de Ministros había ratificado en junio pasado “que las cooperativas no agropecuarias constituyen una alternativa para liberar al Estado de la administración de actividades económicas, productivas y de servicios que no se consideren principales”.
Los ajustes anunciados responden a problemas de funcionamiento que tienen su origen no tanto en los posibles pecados de cooperativistas o trabajadores por cuenta propia, como en fallas de las regulaciones estatales. En algunos casos, por excesivas; en otros, por el desconocimiento inevitable de las reglas del juego bajo las cuales el Estado debe convivir con estos actores no estatales de la economía, agentes que constituyen la avanzadilla para dar entrada luego, legalmente, a las empresas privadas.
Los documentos programáticos del VII Congreso del Partido Comunista admiten las empresas privadas como necesidad del modelo económico que Cuba intenta reedificar. Pero a juzgar por los tropiezos de las experiencias que abrieron el camino, esas empresas llegarían bajo la presión de la inexperiencia jurídica del sistema y con el sambenito de constituir una forma de propiedad negada durante décadas por el socialismo cubano. (2017)
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