La presentación oficial del proyecto Ecovalor incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas en el manejo de los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba, trascendió su alcance nacional al tratarse de la primera iniciativa de su tipo aprobada por el Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) en América Latina y el Caribe.
Con un Taller de Inicio del Proyecto, recién efectuado en el Hotel Nacional de Cuba, el país da cauce a una acción que cuenta con el apoyo financiero del GEF como socio de la cooperación, específicamente en las áreas de biodiversidad, degradación de tierras y manejo forestal sostenible; se implementa por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se ejecuta por el Centro Nacional de Aéreas Protegidas (CNAP).
La arquitecta Aylem Hernández Ávila, directora del proyecto que rectorea el CNAP, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), explicó a Opciones que el propósito es promover la generación de beneficios ambientales múltiples basados en la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos como herramienta para la toma de decisiones en diferentes niveles de gestión.
En esta ocasión se logra abarcar esas tres áreas esenciales y la participación de 158 instituciones de diferentes organismos que trazan la política económica y financiera del país, lo cual aumenta su complejidad.
“Se involucran en el plan cinco provincias, 30 municipios, 15 áreas protegidas, 10 polígonos de suelos, agua y bosque y siete forestales, además de tres establecimientos pesqueros, cuatro polos turísticos y dos empresas de hidrocarburos”, señaló.
En cuanto a los ministerios, están representados el de Finanzas y Precios, Economía y Planificación, el Banco Central de Cuba y entidades como la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el Instituto de Planificación Física, más otras que responden a sectores productivos: la agricultura en cuanto a la rama forestal y agropecuaria, la industria alimentaria con la pesca, el turismo, energía y minas en los hidrocarburos.
También se incluyen el Cuerpo de guardabosques, los Órganos Locales del Poder Popular, el Ministerio de Educación Superior y los temas de conservación con el CNAP, entre otros.
El proyecto tiene marcada su arrancada en este mes y debe concluir en diciembre de 2024, es decir, que debe implementarse durante seis años, con un monto que alcanza los 9,6 millones de dólares y abarca el ordenamiento territorial en las cinco provincias implicadas como son las áreas norte de Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas y Holguín.
También aparece Matanzas que se escogió de forma total como un modelo a seguir por su integralidad en lograr las valoraciones económicas de los bienes y servicios que brindan sus ecosistemas, para que sean una herramienta a incorporar en la toma de decisiones en diferentes niveles y escalas en pos de generar beneficios ambientales múltiples acorde con los planes de desarrollo socioeconómico del país hasta 2030.
La especialista reconoció en Ecovalor su estrecha vinculación con la Tarea Vida que emprende el país para enfrentar el cambio climático, pues el límite territorial del proyecto son los municipios costeros y se trabajará en temas relacionados con ese fenómeno y su influencia en sectores productivos como la agricultura y la pesca.
“Es un proyecto con importantes retos que trata de cambiar paradigmas e incorporar elementos de la economía al medio ambiente, la conservación y protección de esos recursos ecológicos que están implícitos en el plan del país hasta 2030 a partir de sus ejes estratégicos, que reconoce el equilibrio que debe existir entre el capital natural y financiero”, subrayó la especialista.
“Estaremos aportando también -dijo- un nivel relevante de capacitación pues se incorporan expertos de la academia con la inclusión de las universidades de esos cinco territorios, los institutos y centros de estudios ambientales a nivel local, y varias facultades de la Universidad de la Habana, además de los grupos de investigación de los entes productivos”.
Insistió en que se trata de englobar e integrar todos los saberes en función de aportar una herramienta para la toma de decisiones en los gobiernos a nivel local, provincial y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), para estar a tono con la política de descentralización del país al darle más protagonismo in situ a los principales actores socioeconómicos.
En diferentes etapas se prevé que el proyecto contribuya al desarrollo ambiental económico y social del país a través de diferentes componentes, entre estos, el fortalecimiento de los marcos jurídicos, normativos e institucionales en sectores claves, al favorecer la optimización del flujo de bienes y servicios ecosistémicos con énfasis en la promoción de mecanismos económico-financieros.
También se tendrá en cuenta el diseño y validación de herramientas metodológicas que incluyen análisis de escenarios focalizados en apoyo a la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales y la implementación de experiencias pilotos que generan, validan y demuestran mecanismos para optimizar e internalizar los valores de los bienes y servicios de los ecosistemas en las localidades seleccionadas.
El compromiso va más allá de la parte regulatoria pues cuenta con un componente muy fuerte en el desarrollo de metodologías, estudios que validen resultados de la investigación para demostrar y generar a nivel de las localidades pilotos, sistemas de producción que apliquen las evaluaciones económicas en esos sitios, directamente con los productores, y lograr desarrollar buenas prácticas consecuentes con su entorno natural.
“No se trata de poner precio a los recursos medioambientales sino de buscar un equilibrio entre el capital natural y el financiero, y poder valorar económicamente lo que cuesta el mantenimiento y conservación de esos bienes y servicios aportados por los ecosistemas para que los sectores productivos los utilicen de manera sostenible mediante prácticas adecuadas. Es eso lo que el país necesita hoy”, concluyó Hernández Ávila.
Un proyecto trascendente e innovador
Soledad Bauza, representante residente adjunta del PNUD en Cuba, calificó a Ecovalor como un innovador proyecto, que tiene el desafío de continuar aproximando las áreas de economía y medio ambiente, en el ámbito de las actuales proyecciones de desarrollo del país.
Se refirió la funcionaria a los inicios de este camino que han recorrido juntos, desde el año 2013, cuando, a solicitud del Gobierno de Cuba, el PNUD inició el acompañamiento a las instituciones nacionales para el fortalecimiento de capacidades en la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos.
Durante este período se ha logrado la elaboración de la Guía metodológica para la valoración económica de Bienes y Servicios Ecosistémicos y daños ambientales y su más reciente actualización, además se han organizado múltiples actividades de entrenamiento a expertos cubanos del nivel nacional y provincial.
Citó a varios proyectos que contribuyen con el diseño de herramientas metodológicas y propuestas de soluciones financieras para fortalecer la dimensión económica en las decisiones relacionadas con el uso de la diversidad biológica y los recursos naturales.
“A mediados de 2014, con el inicio del ciclo GEF 6, Cuba y el PNUD acordaron preparar una propuesta de proyecto específica para estos temas, y surgió Ecovalor, la primera iniciativa de su tipo aprobada por ese Fondo en América Latina y el Caribe”, subrayó.
En paralelo, la Mayor de las Antillas se incorporó a la iniciativa global Biofin, dirigida a apoyar el Financiamiento para la Biodiversidad y también se avanzó en la identificación y logro de soluciones financieras para el Manejo Sostenible de Tierras.
Todos estos esfuerzos se suman a los 25 años de implementación de proyectos ambientales del PNUD en Cuba, lo cual permite que hoy Ecovalor comience sobre una plataforma articulada de instituciones nacionales y en condiciones más propicias para su ejecución, además de brindar herramientas metodológicas que perfeccionan la integración de la gestión sostenible de la diversidad biológica en los planes y estrategias de desarrollo.
“Se dará continuidad a alianzas establecidas entre los sectores ambiental y productivos y estamos seguros de que la capacidad de articulación interinstitucional, que de manera muy especial ocurre en Cuba, será un elemento clave para el logro de estos resultados.
“Este proyecto apoyará la implementación de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hacia el 2030. El objetivo específico 4 del Eje Estratégico Medio Ambiente y Recursos Naturales se centra en la “protección de la diversidad biológica y en la utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas de forma sostenible”.
También se alude al objetivo específico 15 en la “sostenibilidad financiera en el uso y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, la lucha contra la contaminación, y el enfrentamiento al cambio climático”.
“Hemos identificado -comentó Bauza- que Ecovalor contribuye a la implementación en Cuba de 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 16 metas.”
“La Agenda 2030 de la ONU propone que trabajemos de conjunto hacia la prosperidad mundial, el bienestar del ser humano y la salud del planeta como ruta para fomentar el desarrollo sostenible”, argumentó.
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