Caricatura: Osvaldo Gutiérrez (Osval).
La malversación entra de puntillas a esta o aquella oficina para no ser descubierta. Ha ocurrido en Sancti Spíritus, en Cuba y medio mundo, nadie sabe desde cuándo; aunque el Derecho Romano ya la describía con el nombre de apeculatus o apeculado.
Desenmascararla a veces tarda más; otras, menos. Sobre la mesa, dos sentencias judiciales emitidas por el Tribunal Provincial Popular (TPP), cuyos sancionados se encandilaron con los fondos públicos y recursos bajo su administración, custodia y disponibilidad, y se llevaron cuantías estimables a sus bolsillos.
Sucedió en el motel Brisas del Norte, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Alojamiento, del municipio de Sancti Spíritus, donde en los primeros siete meses del año pasado, el administrador y subadministrador de entonces defraudaron 1 068 698.50 pesos, incluido el valor de las mercancías apropiadas por ellos, según consta en la sentencia de la causa No. 31/2019*, de la Sala Penal Primera del TPP.
A esas alturas era historia el desfalco a las arcas de la UEB Matadero Víctor Ibarra, subordinada a la Empresa Cárnica, con una afectación económica general cifrada en 1 378 173.01 pesos, resultado de una compleja trama urdida de septiembre del 2015 a octubre del 2016 por el director de la entidad y otros acusados, a tenor de la sentencia de la causa 135/2017**.
Ambos procesos penales acuñan el axioma: no hay abismo entre la malversación y la corrupción; fenómeno universal, que, como alega el catedrático español de origen argentino Jorge Malem Seña en su artículo La corrupción. Algunas consideraciones conceptuales, ha atravesado todas las épocas; se ha manifestado en todas las zonas del planeta, de norte a sur y de este a oeste; ha afectado a todos los sistemas políticos, y ha perjudicado prácticamente a toda actividad humana, sea esta pública o privada.
Por cierto, el sociólogo estadounidense Edwin H. Sutherland (1883-1950), considerado uno de los criminólogos más influyentes del siglo XX, identificó entre las principales expresiones del delito corporativo a la malversación, realidad corroborada años atrás por una encuesta a cargo de la PricewaterhouseCoopers —entre las firmas de consultoría de mayor renombre en el mundo—, aplicada a más de 1 200 compañías de 50 países.
Calificada como la manifestación más frecuente de la corrupción administrativa por estudiosos cubanos, la malversación —denominada en la doctrina y en muchos códigos penales como peculado— estuvo en el 2018 entre las figuras delictivas recurrentes en Cuba en materia penal relacionadas con los delitos económicos o asociados a la corrupción, según declaró el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, al programa televisivo Mesa Redonda en diciembre último.
Incluso, expertos del Tribunal Provincial Popular aseveran que la malversación mostró un ligero crecimiento en relación con otras tipicidades delictivas el año anterior en Sancti Spíritus y con respecto al 2017, al considerar las causas judiciales radicadas en el territorio. Si bien habría que lamentar esa tendencia, no es menos verdad, además, que revela un mayor enfrentamiento por los sistemas de auditoría y de control.
Las máscaras de los malversadores cayeron en entidades como la Unidad Provincial de Apoyo a la Cultura; UEB Empacadora Roberto Quesada; UEB Fábrica de Conservas Bonico, de Jatibonico, y Campismo Manacal, de Trinidad, donde ya aconteció otro hecho similar en el 2019, válido para corroborar la máxima del poeta romano Horacio: “Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”.
Igualmente, Salud Pública registró más de un caso el año anterior: Empresa Provincial de Aseguramiento y Servicios, Taller Provincial de Ambulancias y la Farmacia 658, del municipio trinitario.
No importa si son causas judiciales distintas: defraudaciones menores o mayores a la hacienda pública, escenarios diferentes, más o menos involucrados en los hechos… Desde otra arista, dialogan entre sí. Y lo hacen si se repara en las condicionantes que allanaron el camino hacia cada uno de los desfalcos.
Exponía el historiador y senador romano Tácito: “En un espíritu corrompido no cabe el honor”. Y podría agregársele: tampoco la honestidad, uno de los tantos valores ético-morales sepultados por los encartados en las causas penales radicadas; cualidades que vendrían a ser “el antídoto contra muchos venenos” y “el gusto por la limpieza de la vida”, referidos por ese intelectual íntegro que se llamó Cintio Vitier.
Desprovistos de eticidad, quienes escudados en sus funciones públicas malversan caudales, clasifican en la tipología de la delincuencia ocupacional, como manifestación de la económica; propuesta teórica de Fernando Barral Arranz construida a partir de indagaciones de la sociedad cubana, dotada de órganos y disposiciones legales para prevenir y enfrentar la corrupción.
Cuando se desmontan los procesos judiciales acontecidos en Sancti Spíritus, emerge como denominador común la existencia de condiciones favorables para que prosperara clandestinamente el actuar corrupto y malversador, léase el incumplimiento de las normativas regentes del control interno en las entidades, en quebranto de la Resolución No. 60, suscrita por la Contraloría General de la República.
¿Por qué los implicados en la causa No. 31/2019, del motel Brisas del Norte, pudieron actuar con impunidad? Entre otras razones, por la no implementación correcta de los mecanismos de conciliación financiera por la UEB Alojamiento de Sancti Spíritus y la falta de contrapartida. Una máxima parece desestimada en esa y otras entidades: el sistema de control interno, más que para detectar delitos, se articula con miras a evitarlos y alcanzar una gestión eficiente.
Precisamente, en la sesión del Consejo de Ministros en marzo pasado, la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, señaló —en un informe evaluativo del 2018— que, si bien en las entidades existe mayor percepción del riesgo y de la urgencia de aplicar sistemas de control interno efectivos, los problemas detectados se reiteran y no se logra frenar la ocurrencia de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción.
Se repite, por ejemplo, la falta o el débil monitoreo de las estructuras responsabilizadas con la supervisión y el control, fisuras aprovechadas por funcionarios públicos para obtener beneficios personales o favorecer a terceros.
Hoy por hoy, los procesos judiciales abiertos por la Sala Penal Primera del TPP tienden a incluir a un mayor número de encartados, como lo ejemplifica lo sucedido en la Empresa Provincial de Floricultura y Jardinería; la Unidad Básica de Producción Cooperativa Bernal, de Jatibonico, y en la UEB Matadero Víctor Ibarra, que involucró a 20 acusados.
Aunque son excepción, tal como subraya la jueza Yaneiky Cortijo Caballero, presidenta de la mencionada Sala, existen causas radicadas donde algunos implicados que desempeñaban funciones públicas poseían antecedentes penales —mínimos, pero antecedentes al fin— o habían tenido problemas en otra entidad, situación detectada en la UEB Alojamiento de Sancti Spíritus.
En virtud de estas y otras evidencias, todavía los muros contra la malversación no han sido levantados a la altura suficiente en Comercio y Gastronomía. La prueba descansa en lo acaecido en la empresa municipal de ese sector en Trinidad y en el mercado Ideal El Convenio, de Sancti Spíritus, también el año precedente, expresiones, a su vez, de la erosión que provoca dicho delito en la economía.
Sin embargo, los daños de esta figura delictiva trascienden el erario público; por cierto, al menos en Sancti Spíritus es casi nula la ocupación del dinero defraudado. El proceder malversador va más allá: lesiona la confianza en las instituciones y la credibilidad de la Revolución, y tiene su costo moral, pues desmoviliza a aquellos en quienes no encuentra repulsa, y lo toleran, en medio de un escenario nacional saturado de privaciones y carencias materiales individuales, que en modo alguno justifican delinquir.
Imposible sería homologar la realidad de estos tiempos con los mal vividos por Cuba antes del Primero de Enero de 1959, cuando la malversación sí comprometía la gobernabilidad en la nación, panorama denunciado por el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro en La historia me absolverá:
“Enviáis a la cárcel al infeliz robador hombre, pero ninguno de los cientos de ladrones que han robado al Estado durmió nunca una noche tras las rejas; cenáis con ellos a fin de año en algún lugar aristocrático y tienen vuestro respeto. En Cuba, cuando un funcionario se hace millonario de la noche a la mañana y entra en la cofradía de los ricos, puede ser recibido con las mismas palabras de aquel opulento personaje de Balzac, Taillefer, cuando brindó por el joven que acababa de heredar una inmensa fortuna: Señores, bebamos al poder del oro. El Valentín, seis veces, millonario actualmente acaba de ascender al trono”.
A sabiendas de que la vía judicial constituye apenas una de las tantas para prevenir y enfrentar la malversación, el Código Penal cubano la tipifica en su artículo 336, aplicado con rigor a los enjuiciados en las causas 135/2017 y 31/2019, a partir de la peligrosidad que supone la figura delictiva, en opinión de Yaneiky Cortijo.
En el caso de la UEB Matadero Víctor Ibarra, el Tribunal absolvió a dos de los 20 acusados, e impuso condenas al resto que oscilan desde 4 años de trabajo correccional sin internamiento hasta 20 años de privación de libertad —ratificadas por el TSP—, junto a las sanciones accesorias, incluida el decomiso y la confiscación de bienes, y a la responsabilidad civil de reparar el daño material ocasionado a la entidad.
Además de la pena accesoria y la responsabilidad civil, en la causa del motel Brisas del Norte el administrador, quien reintegró a la UEB 189 715.70 pesos del total apropiado, recibió 9 años de privación de libertad, en tanto, el subadministrador, 10 años.
Así, la Ley tuvo la última palabra, sin olvidar el impacto familiar de estos procesos penales, los cuales pudieron evitarse de no haberse cometido el acto corrupto de la malversación. Por ello, habría que coincidir con el académico Malem Seña, quien discrepa con quienes sostienen que la corrupción es un fenómeno inevitable, una catástrofe, debido a su universalidad. La malversación y, en su defecto, la corrupción no son desastres naturales que ocurren ajenos a la voluntad humana. De puntillas entran en esta o aquella oficina con sus demonios a cuestas. Hasta un día.
Notas:
⃰ Seguida por los delitos de Falsificación de documentos bancarios y de comercio y falsificación de documentos privados como medio a fin para cometer malversación.
⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ Seguida por los delitos de Falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado como medio a fin para cometer Malversación, Falsificación de documentos públicos de carácter continuado como medio a fin para cometer Malversación, Abuso en el ejercicio del cargo o empleo en entidad económica, y Portación y tenencia ilegal de armas o explosivos.
(Tomado de Escambray)
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