Por Jorge Gómez Barata
Los beneficiarios del autoritarismo estatal y los ponentes del neoliberalismo faltaron a clase cuando se explicó que: “El estado representa los intereses de la clase dominante en su conjunto, no de un segmento de ella”. Eso explica, entre otras cosas, las leyes anti trust aplicadas con el propósito declarado de proteger la competencia y a los consumidores de la fijación de precios de monopolios y otros vicios derivados de poderes excesivos.
Bajo ese precepto, no tan beatíficamente filantrópico como se le enuncia, el pasado miércoles fueron citados a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos cuatro pesos completos del staff tecnológico mundial: Jeff Bezos, presidente de Amazon, Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook y Sundar Pichi de Google. Se trata de empresas que presumiblemente por su desmesurada capacidad operacional y financiera pueden dictar reglas al mercado.
La investigación de más de un año realizada por el Congreso y la convocatoria a declarar ante ese órgano de cuatro de los empresarios más ricos del mundo, trata de esclarecer las dudas sobre presuntas prácticas monopólicas o desleales de estas mega empresas.
La historia de las intervenciones del estado contra las prácticas monopólicas comenzó en Estados Unidos cuando en 1890 el Congreso aprobó la primera ley antitrust. La lógica del senador John Sherman pareció impecable: “Si no soportamos un rey como un poder político por qué habríamos de soportar un rey sobre la producción, el transporte y la venta de cualquiera de las necesidades de la vida…” Al amparo de esa legislación el presidente Theodore Roosevelt demandó a 45 consorcios y William Taft a 90.
En el más sonado de los procesos anti trust del siglo XX, en 1911 la Corte Suprema de los Estados Unidos obligó a la Standard Oil Company de John D. Rockefeller que, mediante absorciones y prácticas comerciales dudosas, llegó a controlar gran parte del mercado petrolero y a disolver el monopolio. Por los mismos motivos, en diferentes momentos, otras mega empresas han sido enjuiciadas y sancionadas, entre ellas figuran American Tobacco Company (1946), IBM (1967), AT&T (1982) y Microsoft (1998).
En este caso, el estado se moviliza para preservar la libre concurrencia a los mercados y proteger a los consumidores frente a actores económicos cuya capacidad operacional y recursos financieros les permiten controlar los mercados y dictar sus propias reglas.
Aunque se discute la constitucionalidad de las leyes anti trust e incluso las potestades del estado para regular de modo judicial la producción y el comercio, lo cierto es que el estado continúa interviniendo en la economía lo cual, de alguna manera, impide el desmadre de signo neoliberal asociado a la desregulación. Allá nos vemos.
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