Por Joaquín Benavides Rodríguez*
Yo recomendaría que esa Resolución 320 del Ministerio de Finanzas, se convirtiera en un Decreto firmado por el Presidente y el Primer Ministro. Han sido tantos los cambios con precios agrícolas impuestos administrativamente, sin contar con los productores, que un decreto firmado por el Presidente daría suficiente seguridad a los productores agropecuarios de invertir su dinero en incrementar su capacidad productiva de alimentos.
Muchos advertimos y recomendamos que la aprobación de las Micros, Pequeñas y Medianas empresas privadas (MiPymes) precediera a la reforma cambiara y monetaria, o sea a la Tarea Ordenamiento. No era un capricho de los economistas y académicos que advertían y hacían esa recomendación. Estaba claro lo que iba a ocurrir, y por alguna razón no explicada por nadie, el 1ro. de enero del 2021 comenzó la tarea ordenamiento y todavía 7 meses después, a pesar de que se han dado diferentes fechas, incluso para que fuera aprobado por el Consejo de Estado, aún no están legalizadas las Pymes.
Las Pymes, de haber sido autorizadas a operar legalmente aunque fuera 6 meses antes de la tarea Ordenamiento, hubiesen contribuido a la estabilización laboral y de ingresos de muchas familias principalmente de los jóvenes de esas familias. No se hizo y ese es el primer error. La burocracia no le dio importancia, no quiso o no se ocupó. Siempre la Burocracia tiene una explicación. Y es el Gobierno quien queda como incumplidor ante el Pueblo.
Ahora se decide correctamente eliminar los topes de precios a los productos agropecuarios para estimular a los productores agrícolas a que inviertan su dinero y su trabajo para incrementar la oferta de productos a la población y también al consumo social. Pero al eliminar los topes en los precios antes de legalizar las Pymes para que se incorporen a la economía, lo que debe ocurrir es que los precios agrícolas se incrementaran en función de lo que demanda el mercado desabastecido, mientras las Pymes, las Cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia no pueden aún incorporarse para ir creando posibilidades de empleo y de mejoras económicas para los que hoy no tienen trabajo ni posibilidades de subsistir sin delinquir y que puedan incorporarse al sector privado y cooperativo como trabajadores. Las empresas estatales, muchas de ellas semiquebradas, ni el Presupuesto del Estado tienen posibilidades de subsidiar más nada, que además con ello contribuyen a aumentar la inflación y complicarlo todo.
La economía no se puede manejar con estertores ni con remilgos ideológicos. La economía, como ciencia que es, tiene sus leyes y no se puede estar inventando con ellas, ni resolviendo los problemas como en un rompecabezas.
Hay comentarios que comienzan a circular entre especialistas, no confirmados ni desmentidos por el Ministerio de Economía, que las regulaciones que se están elaborando sobre las Pymes privadas, están redactadas en algunos aspectos con mentalidad burocrática, para ser controladas por la burocracia, que aunque sea municipal es burocracia. Se informó por el Ministerio de Economía, que las Pymes privadas funcionarían como unas SRL. O sea como una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Eso es lo fundamental. La ley debe regular cómo funcionan, pero se debe de tener en cuenta que la forma de controlarlas no puede ser igual a como el Estado cubano controla las estatales. El proceso de creación de esas empresas en cualquier parte del mundo es sencillo. Es un asunto de abogados y notarios. Todos lo que tenemos cierta experiencia internacional lo sabemos. Y por supuesto hay que inscribirlas y tienen que pagar impuestos sobre sus utilidades. Sería muy bueno que quienes redacten la Ley de su creación y funcionamiento traten a acercarlo lo más posible a la práctica internacional. En el País hay muy buenos abogados, con experiencia internacional amplia y revolucionaria que si se les pide asesoría la darían con gusto.
No reincidamos en el error de que las Pymes no entren a jugar su papel cuando hacen falta. A la única que le conviene eso es a la burocracia.
5 de agosto de 2021
**Joaquín Benavides Rodríguez. Ocupó el cargo de Jefe del Departamento económico del Comité Central (1977- 1980). El de Ministro- Presidente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (1980-1986). Fue Ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía (1986-1991). Entre 1991 y 2003 ocupó el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Transporte
Muy acertado su artículo, Alejandro Gil y Murillo reconocían que los dos principales riesgos que enfrentaría la tarea ordenamiento serían que la inflación rebasara los límites previstos y el no contar con fuentes de empleo para las personas que salieran a buscar trabajo y aún así se decidió emprender la necesaria y aplazada tarea ordenamiento, en medio de la pandemia que ya en diciembre había comenzado a complicarse.
ResponderEliminarLas Pymes pueden ayudar bastante si sabemos que en muchos países generan más del 40 % de los empleos y el PIB, pero está claro que debieron preceder a la tarea ordenamiento y que deben nacer despojadas del burocratismo y el exceso de control y ya hay señales de que eso no va a pasar. La misma demora en su aprobación es la primer señal, en otras economías nacen y mueren cientos de ellas diariamente.
En la práctica sabemos que muchos TCP lo único que necesitan es la personalidad jurídica para ser una Pymes, entonces, ¿por qué dilatar tanto algo en lo que sabemos, nos va la vida?