Proyectan aprobación en abril de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional

La propuesta de Ley regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y el consumo de alimentos

Autor: Daniela Leyva Fernández | internet@granma.cu

12 de marzo de 2022 09:03:35

La Ley prevée el cumplimiento de las estrategias para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos Foto: Ismael Batista Ramírez

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, como parte de las regulaciones generales para alcanzar la soberanía alimentaria, así como fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada, debe aprobar en abril de 2022 la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN).

Según la web del Ministerio de la Agricultura (Minag), la Ley SSAN es la instrumentación jurídica del Plan SAN, y para su elaboración fue constituido un Grupo Temporal de Trabajo, coordinado por el organismo.

La propuesta de Ley regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, y a su vez pauta un sistema de educación nacional relativo a las buenas prácticas alimentarias, en aras de prevenir enfermedades asociadas a la nociva y deficiente alimentación.

Entre otros aspectos, establece las responsabilidades de los sistemas de Salud, educación, cultura y comunicación social, así como la insertación de los aspectos auditables a las entidades del sector agroalimentario por la Contraloría General de la República, el cumplimiento de las estrategias para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en las cadenas alimentarias.

Dichos elementos, entre otros, conforman los fundamentos para la necesidad de su aprobación, así como las estrategias en el ordenamiento jurídico cubano.

Participaron en su redacción representantes de 22 Organismos de la Administración Central del Estado, 12 Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, 27 entidades, 11 organizaciones de la sociedad civil de Cuba, académica e investigadora de instituciones científicas y universidades, así como productores agropecuarios.