En este artículo: Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Cuba, Derechos, Fotografía, Infancia, Juventud, Niños, Poder Popular
Jorge Luis Perdomo Di-Lella presentó la Política integral de niñez y juventudes. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Al presentar a los diputados la Política Integral para la Atención a la Niñez y Juventudes, el vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella destacó que es una política integral que responde a la importancia que el Estado brinda a las nuevas generaciones en Cuba, su adecuación al contexto demográfico y socioeconómico actual y a la necesidad de transformar la legislación vigente en correspondencia con la Constitución de 2019.
La carta magna en sus artículos 86 y 87 reconoce a niños, adolescentes y jóvenes como plenos sujetos de derecho y activos participantes en la sociedad, a la vez que señala el deber del Estado, la sociedad y la familia de brindar protección contra todo tipo de violencia y garantizar su desarrollo armónico e integral, afirmó.
Perdomo explicó que la Política se orienta a articular todos los factores que intervienen en las diversas condiciones que viven niños, adolescentes y jóvenes cubanos, transversalizar sus derechos y concebir a las generaciones jóvenes como actores estratégicos del desarrollo.
Para ello –agregó–, se identifican las acciones necesarias con vistas a su implementación, se reconocen las fortalezas de las que se parte y se destacan las áreas que requieren mayor apoyo y trabajo conjunto de todos los sectores que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida.
Sobre su elaboración, el vice primer ministro explicó que se constituyó un grupo temporal de trabajo, con la participación activa de instituciones y organismos de la Administración Central del Estado, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones estudiantiles y juveniles, los cuales elaboraron un diagnóstico de la situación actual y la propuesta de acciones para su tratamiento.
Con el propósito de fortalecer la visión participativa e inclusiva en su elaboración, la Política fue sometida a consulta pública.
De acuerdo con Perdomo, en ella participaron alrededor de 20 000 niños, adolescentes y jóvenes, mediante cuestionarios y foros en las redes sociales de las revistas Pionero y Alma Máter y el periódico Juventud Rebelde. También se tomaron en cuenta criterios recogidos por la dirección del país en encuentros con jóvenes y opiniones derivadas de distintas instancias de discusión.
Esta propuesta tiene como antecedentes las acciones que se han desplegado desde el triunfo de la Revolución para la atención a la niñez y la juventud como una prioridad del proyecto social, y se articula con otras políticas y programas actuales como el plan nacional de desarrollo económico y social, la política para la atención a la dinámica demográfica, el programa para el adelanto de la mujer, el programa de lucha contra el racismo y la discriminación racial, y el programa de atención a la ruralidad.
Además, tiene en cuenta la estrategia para fortalecer el papel integral de la UJC en el presente y el futuro del país y los acuerdos emanados del Décimo Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria.
¿Qué grupos abarca la política?
La niñez y la juventud son una condición social, un proceso de desarrollo continuo con dimensiones históricas, físicas, sicológicas, sociales y espirituales, que varían según los contextos histórico-sociales, por lo que no existe un criterio único para definir las etapas según una edad específica, sino en edades aproximadas.
La Política definirá como niñez las personas comprendidas desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años y como juventud, a partir de los 18 hasta los 30 años.
Primera infancia: Comprende la franja poblacional que va de cero hasta seis años.
Infancia: Llamada también segunda infancia, comprende a partir de seis y hasta 12 años.
Adolescencia: Abarca el grupo comprendido a partir de 12 y hasta 18 años.
Juventud: Comprende a partir de 18 y hasta 30 años.
¿Qué novedades incluye el plan de acción?
1. Ampliar la cobertura de atención educativa en la modalidad institucional de los niños de uno a cinco años, para satisfacer la demanda de madres jóvenes trabajadoras o estudiantes.
2. Ampliar las prestaciones sociales de diversa índole a familias con niños y adolescentes, en arreglo a sus niveles de vulnerabilidad. Atender en el ámbito local las necesidades específicas de las mujeres jóvenes en edad reproductiva.
3. Fortalecer las estrategias de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, en particular el maltrato y el abuso sexual infantil y la discriminación racial.
4. Asegurar la disponibilidad de anticonceptivos para el control del riesgo reproductivo y preconcepcional y evitar las infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes.
5. Desarrollar el proceso de certificación de saberes a jóvenes que se encuentran desvinculados de los estudios y el trabajo, con habilidades en determinados oficios, y garantizar las posibilidades de vínculo laboral.
6. Incrementar de forma paulatina el ingreso a preuniversitario, en correspondencia con la demanda de cada territorio, así como el ingreso a los IPVCE, EIDE y escuelas de arte (para la formación de instructores), con la recuperación de capacidades en internados que permitan el acceso de todos los municipios, a partir de la identificación de sus talentos deportivos, artísticos y de conocimientos.
7. Reducir a tres años la formación de nivel superior en cursos por encuentro, para los jóvenes que ingresan en las especialidades afines de las que son graduados del nivel medio superior.
8. Incorporar en el plan de ingreso de los cursos dirigidos y por encuentro de la educación superior, a jóvenes que logren el nivel medio superior en la educación para jóvenes y adultos, así como para los mejores graduados de técnico medio en las especialidades afines.
9. Elaborar un plan de plazas de ingreso a la educación superior diferenciado para los estudiantes de las zonas rurales, en correspondencia con los intereses y necesidades del territorio, así como programas de becas y otros mecanismos de atención diferenciada (pasantías, diplomados y maestrías) que incluya a jóvenes en barrios en situación de vulnerabilidad.
10. Ampliar los planes de ingreso directo a las carreras universitarias de los estudiantes ganadores de concursos y olimpiadas.
11. Aumentar las opciones de formación posgraduada en edades jóvenes con el seguimiento a la reubicación y ubicación laboral de los graduados con título de oro, mérito científico y graduado integral y a su formación doctoral en el país o en el exterior.
12. Otorgar la categoría científica de aspirante a Investigador a los estudiantes galardonados con el Premio al Mérito Científico y con una trayectoria científica destacada.
13. Establecer alternativas más flexibles para el servicio social de los graduados de cursos diurnos en el nivel superior y técnico-profesional.
14. Establecer mecanismos de retribución por el trabajo y de compensación que favorezcan la incorporación y permanencia de jóvenes profesionales, con mecanismos económicos de compensación como compras con descuentos y a crédito, acceso a créditos blandos y otros servicios de prestaciones públicas preferenciales, prioridad en el otorgamiento de viviendas, apoyo formal para el cuidado de personas que dependan de estos profesionales, facilidades para el acceso a servicios de ocio y esparcimiento y facilidades en el empleo, como flexibilidades en jornadas y horarios que permitan el pluriempleo y generen mayores ingresos salariales por este concepto.
15. Aprobar la exportación de servicios mediante la modalidad de teletrabajo desde Cuba con empresas que radican en el exterior.
16. Atraer a expertos y científicos foráneos, así como talentos cubanos residentes en el extranjero, para introducir resultados, realizar investigaciones conjuntas y promover la formación y capacitación de estudiantes y jóvenes en el país.
17. Flexibilizar los trámites para atraer a los jóvenes cubanos residentes en el exterior a invertir en Cuba, e identificar proyectos de cooperación e intercambios, particularmente económicos, donde puedan participar, de ser posible, asociados a su localidad de origen.
18. Incrementar el acceso de niños, adolescentes y jóvenes a las ofertas culturales y recreativas, con espacios diferenciados y precios preferenciales.
19. Brindar opciones para facilitar la transportación de niños, adolescentes y jóvenes, incluido el cobro del medio pasaje autorizado para los estudiantes en todas las modalidades de transporte.
20. Avanzar en la conectividad de banda ancha en los Joven Club de Computación y Electrónica y en los centros educacionales, y proveer el acceso por wifi en todas las instalaciones posibles.
21. Diversificar la oferta de viviendas con opciones de espacio mínimo y máximas facilidades colectivas y tener una oferta diferenciada para jóvenes, con asignaciones y el establecimiento de facilidades tales como subsidios al precio de la vivienda y a los materiales para construir, créditos, préstamos y beneficios fiscales.
22. Elaborar y aprobar una nueva ley de niñez y juventudes que actualice el Código de la Niñez y la Juventud vigente, acorde a las condiciones actuales y en correspondencia con lo que pauta la actual política.
Perdomo subrayó que la Política tiene como objetivo general propiciar el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, el respeto pleno a sus derechos, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y unidad nacional, a partir de articular las políticas, legislaciones y normativas nacionales y los compromisos internacionales en materia de niñez y juventud.
Un sistema de evaluación continua de su impacto
Al dar lectura al dictamen de la Política, Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, destacó su adecuación al contexto demográfico y socioeconómico actual y a la necesidad de transformar la legislación vigente en correspondencia con la Constitución aprobada en 2019 y los principios fundamentales que ratificó el VIII Congreso del PCC.
“Su objetivo se orienta a articular a todos los factores que intervienen en los niños, adolescentes y jóvenes cubanos en todas las etapas de su vida y cualesquiera que sean sus condiciones, transversaliza sus derechos y concibe a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo del país”.
Resulta relevante, dijo, que la Política se defina en un marco político de largo término, con acciones que se organizan desde el corto y el mediano plazos y debe articularse con otras políticas y normativas nacionales orientadas a propiciar el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y unidad nacional.
La Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer propuso a la Asamblea encargar al Gobierno la elaboración de un plan de acción que tenga en cuenta las propuestas derivadas de su análisis e informe de los resultados de su implementación dentro de un año a la Comisión.
También propuso que las instituciones involucradas en la implementación de esta política, diseñen el sistema de capacitación para la preparación del personal sobre sus contenidos y responsabilidades y un sistema de evaluación continua de su impacto, para asegurar su aplicación efectiva.
Asimismo, proponer a las instituciones implicadas desarrollar de manera articulada una amplia estrategia de comunicación social encaminada a dar a conocer a toda nuestra población los contenidos de la Política.
Un documento estratégico para atender a quienes constituyen el presente y el futuro de la Revolución
La diputada Rosalba Quiala Menéndez, de Mayarí, se refirió a la importancia del estudio de la historia y la socialización de valores. “Nuestros jóvenes tienen que tener conciencia de que estamos pensando en ellos”.
Dijo que el respaldo de la ANPP está en que se sientan protagonistas y que sepan que todo lo que hagamos siempre va a ser para que sigan disfrutando de sus libertades y las posibilidades que tienen en este país.
El diputado del municipio Baraguá José Carlos Cruz Sandoval consideró que este proyecto de política es estratégico para el país, asegura la continuidad del proceso revolucionario y ratifica que Cuba cumple con los tratados internacionales y la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Es un documento que fue resultado de una amplia participación de organismos de la administración central del estado y de instituciones de masas. Muchas propuestas partieron de los adolescentes, de lo que quieren y necesitan”.
Propuso que en la implementación se tenga en cuenta las miradas diferenciadas que hay que tener en la atención a este sector, por ejemplo, en las zonas urbanas y rurales. Además, analizar el escenario tecnológico en el que se desarrollan los adolescentes y jóvenes.
La joven diputada Karla Santana consideró que el documento está muy acabado y que en lo adelante se tienen muchos desafíos para perfeccionar el plan de acción que va a dar curso a esta política.
Reafirmó la vocación de la Revolución de poner en el centro la atención a este grupo poblacional, pensando en un futuro mejor.
Esta política nos aporta herramientas y “tiene la sensibilidad de adelantarse a los sueños como jóvenes”, dijo. “cumplirlos no es sencillo, pero tiene mucho de esperanzador”.
Opinó que la política hace un alto para pensar en el proyecto de vida de los jóvenes en Cuba.
Por su parte, la diputada por el municipio Mantua Yamila González Ferrer, presidenta de la Unión de Juristas de Cuba, consideró que es un documento estratégico para atender a quienes constituyen el presente y el futuro de la Revolución.
Propuso darle más fuerza al programa nacional de educación sexual e integrar el programa de educación de la sexualidad con enfoque de género y de derechos del Ministerio de Educación (Mined) por, entre otros temas, el aumento del embarazo adolescente.
Asimismo, insistió en la necesidad de visibilizar elementos relacionados con la conciencia ambiental y cívica, y la cultura de paz.
Propuso combinar en la política una ley de protección integral de derechos de los niños y adolescentes y una ley de protección a las juventudes.
Danhiz Díaz Pereira, diputado por Marianao, opinó que la política aborda un tema de seguridad nacional, porque los jóvenes tenemos que sentirnos responsables del futuro del país.
Destacó que los tiempos que establece la política en su implementación marcan la urgencia con la que se está tratando el asunto. Sobre la migración, se mira el tema como un proceso natural que no significa romper relaciones con el país.
El diputado por Consolación del Sur Julio Emilio Morejón recalcó que el documento fue analizado en todas las brigadas de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y en el pleno nacional de la organización.
En su intervención, el presidente de la FEU subrayó la importancia de incorporar en la normativa el término adolescencia como un proceso de cambio entre la niñez y la juventud.
La diputada Mariela Castro Espín dijo sentirse muy contenta con la política y con la decisión de presentarla a consulta a la Asamblea. Destacó la calidad y profundidad del documento, así como el plan de acción que garantizará que se lleve a cabo la implementación.
Se fortalece el derecho a la autonomía progresiva y la instalación de capacidades, dijo, y coincidió con la necesidad de fortalecer el tema de la participación social, que requiere capacitación.
Resaltó la importancia de la estrategia comunicacional que acompañe a la política. Además, que la integración integral a la sexualidad que recoge el documento sirve como base para futuros proyectos legislativos.
Propuso que se valore la posibilidad de incluir el principio de intersectorialidad y reforzar en el tema de la segmentación etaria, la etapa de la adolescencia.
La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh dijo que en el momento actual la atención a niños, adolescentes y jóvenes se debe enfocar teniendo en cuenta el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, y el proceso de colonización cultural al que pretenden someter al país.
Sobre este último elemento, señaló que el programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia y las pautas en el programa de la transformación digital tienen que ser parte del plan de acción para implementar esta política.
Chapman Waugh insistió en la importancia de cumplir con los tiempos definidos en el plan de acción, a partir de la premisa de tener un gobierno basado en la ciencia. “La participación social debe ser activa, y no pasiva, lo que permitirá consolidar la unidad de los jóvenes en la sociedad cubana, incluidos los que viven fuera del país”.
Aylín Álvarez, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), resaltó que más de 20 000 jóvenes participaron en el ejercicio de demostración democrática que fue la consulta popular a la que se sometió el documento. “Es una práctica que se debe tener en cuenta para construir futuras políticas que beneficien al pueblo”.
Luego de sometida a votación, la Política quedó aprobada con los criterios enriquecedores de los diputados, y se mandató al Gobierno elaborar el plan de acción para su implementación.
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