La producción agrícola continúa decayendo en relación a un plan cuya concepción aún está por debajo de las demandas reales, potencialidades productivas y necesidades de la nación.
La estrategia económica productiva diseñada por el Ministerio de la Agricultura (Minag) no ha logrado los resultados esperados que impacten en la alimentación del pueblo ni en el desarrollo económico del país, a pesar de las acciones realizadas por el Gobierno, por el propio organismo y por otras instituciones que se vinculan a la producción agropecuaria.
Así se valoró ayer, en la segunda jornada del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuando la Comisión Agroalimentaria del máximo órgano de gobierno rindió informe sobre el ejercicio de la más alta fiscalización realizado al Ministerio de la Agricultura.
Una parte importante de los problemas que afectan al sector agropecuario –consta en el documento, presentado por Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria– rebasan el alcance de las capacidades y facultades del Ministerio, requiriendo una atención más integral por parte del Gobierno.
En presencia del líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, trascendió que las deficiencias en las bases productivas y la búsqueda de alternativas a la actual situación que atraviesa el sector necesita una mirada diferente.
Según el informe, de los 14 renglones fundamentales solo se cumplen dos, y al cierre de junio de 2023 la producción agropecuaria mantenía un decrecimiento con relación al plan, además de que la concepción de los planes está por debajo de las demandas reales, los potenciales productivos, y las necesidades de la población y la economía.
Otros señalamientos apuntan que la ganadería bovina es una de las actividades con una marcada descapitalización; las producciones de huevo, pollo y cerdo son muy limitadas e inestables y con precios altos; se mantiene la migración de la población rural hacia pueblos y ciudades; existen en el país 305 252 hectáreas de tierra declaradas ociosas, y se incrementan las ilegalidades en el sector.
Destacaron que las experiencias de las empresas tabacaleras en la contratación económica son positivas, se han consolidado las acciones que aseguran mayor calidad en el proceso con las cooperativas dedicadas a la hoja, y estas deben ser estudiadas para aplicarlas a los demás cultivos.
Precisó el documento que existe insatisfacción en la gestión de comercialización que realizan las empresas estatales, y con muchas cooperativas agropecuarias en la red minorista, por la inestabilidad en las ofertas, la poca variedad de productos, así como la falta de correspondencia entre la calidad y los precios.
Otra problemática expresada con fuerza por los productores está relacionada con la bancarización de las operaciones, ya que la mayoría de las zonas rurales no cuenta con infraestructura tecnológica para extraer efectivo.
«Las ofertas de la mayoría de bienes y servicios que demandan los campesinos y trabajadores del campo no cuentan con pasarelas de pago electrónico, y los servicios de Caja Extra en las bodegas rurales no aseguran los volúmenes de efectivo que se demandan. Este asunto complica las operaciones de gastos corrientes que realizan los productores, fundamentalmente para el pago de la fuerza de trabajo», resalta.
A partir del ejercicio de la más alta fiscalización se dieron al organismo 20 recomendaciones; entre ellas, concluir la transformación del modelo de gestión del sistema empresarial; priorizar la formulación y aprobación de los proyectos de colaboración internacional; iniciar el proceso de contratación de la producción agropecuaria desde el mes de julio cada año, y asegurar la aplicación de un modelo efectivo de extensión agraria para todas las producciones.
PRESTAR LA MAYOR ATENCIÓN AL PRODUCTOR
Emilio Interián Martínez, campesino y diputado por Arroyo Naranjo, ejemplificó, desde las experiencias productivas exitosas en su comunidad, que es posible obtener resultados incluso en las difíciles circunstancias actuales, que generen solvencia económica, que garanticen alimentos suficientes para los productores, sus familias y el entorno comunitario, y que se mantenga motivada a la fuerza laboral, de modo que sea la primera en enfrentar y contener el incremento del delito en el sector agropecuario, «porque los bandidos no nos pueden tomar el campo».
José Carlos Cruz Sandoval, diputado por el municipio avileño de Baraguá, precisó que el comercio electrónico tiene reservas para avanzar más en la agricultura, y superar la resistencia a su uso a la hora del pago de productos. «Recordemos que la transformación digital es un proceso de cambio cultural».
Leydis María Labrador, diputada por Las Tunas, se refirió a las cadenas de impago y a su impacto en los productores agropecuarios. «El campesino depende de esos pagos para luego continuar con las campañas productivas, y cumplir con una familia a la que tiene que mantener».
Independiente de las limitaciones, agregó, ha faltado seriedad con los productores en materia de pago, y repasó otros problemas puntuales, como los que afectan el pleno bienestar en el campo, y que obligan a acelerar la estrategia de transformación de la ruralidad, para fomentar que las personas que trabajan el campo vivan en el campo, y haya suficiente fuerza de trabajo.
¿QUÉ HARÁ EL MINISTERIO?
En su intervención, el titular del sector, Ydael Pérez Brito, recalcó que el Ministerio de la Agricultura actualiza el sistema de trabajo del organismo para acercar su gestión, la de sus unidades adscriptas, subordinadas, y entidades de ciencia tecnología e innovación.
Agregó que, «en los próximos días, se aprobará una política de extensión agraria, con un decreto para la implementación del Sistema de Extensión Agraria desde la base».
Resaltó que se acaba de aprobar una política de agroecología y está en proceso su norma legal, agregando que, como parte de su implementación, en 2024 se trabaja en la transición agroecológica de 12 000 fincas, con un área de 120 000 hectáreas.
Para 2024, dijo, la meta es producir 100 000 toneladas de arroz, 9 000 toneladas de café, lograr la siembra escalonada de 4 000 hectáreas de plátano con tecnología extradenso, e incentivar la entrega de tierra en usufructo, para autoconsumo a los centros de trabajo.
En la agricultura urbana, suburbana y familiar se incrementarán los organopónicos, los patios, las parcelas y las fincas suburbanas; y aumentará el número de empresas estatales que gestionan mercados y puntos de venta, que en estos momentos representan el 27 %, y se prevee llegar al 35 %.
«Estas acciones productivas se concretan en un proceso de contratación efectivo, el cual hay que culminar en lo que resta de año, con el contrato firmado en manos del productor», sentenció.
Dijo que las exportaciones deben tener una mayor contribución como fuente de financiamiento para la agricultura, con rubros como el carbón vegetal, la miel de abeja, el café y el tabaco, a partir de los cuales se necesita incrementar los ingresos.
En cuanto a la gestión financiera, Pérez Brito resaltó que se destinarán las divisas a respaldar los recursos e insumos de los exportadores y el financiamiento de las principales producciones que impactan en el balance alimentario del país. Esto contribuirá a ir disminuyendo, gradualmente, la alta dependencia de divisas que este sector tiene del resto de la economía.
Sobre los impagos, destacó que, aunque no se ha logrado resolver definitivamente, las medidas adoptadas deben permitir que este mal mantenga la tendencia a la disminución.
Una prioridad entre los objetivos de la inversión extranjera –subrayó– es la creación de nuevos mercados de insumos para los productores, que incluyen los piensos.
Acerca de las medidas en ejecución para resolver la falta de control sobre el uso y explotación de la tierra, el Ministro señaló que se realiza, desde junio, un trabajo conjunto para fortalecer el control del uso y la legalidad de la tierra en 22 municipios, que se extenderá en 2024 al resto de los territorios.
Asimismo, comentó que está en proceso de conclusión la política y la propuesta de Ley de Tierras, y se asegurará la informatización de los Registros de la Tenencia de la Tierra.
También enumeró varias medidas para solucionar la falta de control sobre el patrimonio ganadero:
- Realizar un control integral a la existencia del ganado mayor y su registro.
- Garantizar el uso eficiente de la tierra en función de la ganadería.
- Efectuar un Cambio de Certificado de Propiedad de los propietarios jurídicos y naturales de ganado mayor.
Pérez Brito explicó que, conciliado con los gobiernos locales y conducido por el Ministerio de Economía y Planificación, se ha trasladado la atención de 55 empresas a 52 municipios, en virtud del objetivo de crear el Sistema Empresarial Agroindustrial Municipal, actor clave del sistema alimentario local.
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