Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA
El artesano Dariel Vizcaíno Robaina desde hace siete años tiene licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia (TCP) y vender en la céntrica feria de la calle 23, en el Vedado capitalino. El joven matancero, residente en el municipio de Diez de Octubre, está muy al tanto de las nuevas normas publicadas el pasado 10 de julio en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. “Hay ventajas con esas regulaciones porque se agrupan muchas actividades y, si viajas al extranjero, puedes dejar a un representante ante el negocio”, dice mientras va colocando las figuras talladas sobre la mesa de venta.
Idalmys Álvarez Martínez, directora de Organización y Control del trabajo por cuenta propia, del MTSS.
En un sondeo realizado por BOHEMIA en La Habana, también otros valoraron positivamente los cambios en las normativas, pero no pocos manifestaron dudas o cuestionaron su efectividad, sobre todo en cuanto al experimento del transporte en la capital.
Para esclarecer a los lectores, nuestra revista realizó una Mesa Redonda con directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y de la Dirección General de Transporte (DGT) en La Habana. Desafortunadamente, no estuvo ningún funcionario del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), organismo oportunamente invitado.
Entre los asistentes al diálogo estuvieron Maribel Poulot Bravo, directora adjunta, y Emilia Ramsay Márquez, directora de la Unidad de Trámites, de la DGT en la capital; Idalmys Álvarez Martínez, directora de Organización y Control del TCP, y Yadira Salas Sarduy, especialista de Comunicación, del MTSS.
-¿Por qué fue necesario adoptar estas nuevas regulaciones?
Idalmys Álvarez Martínez: “El TCP es una opción de empleo. Al cierre de agosto último lo ejercían 593 661 personas, que representan el 13 por ciento de los ocupados en el país. Las actividades más representativas son las de alimentación, transporte, arrendamiento de viviendas, y los trabajadores contratados, asociados fundamentalmente a las dos primeras actividades.
Maribel Poulot Bravo, directora adjunta de la DGT.
“El TCP facilitó el proceso de reordenamiento laboral que comenzó en 2010, cuando se redujeron plantillas infladas en el sector estatal. Contribuye a aligerar al Estado de aquellas actividades productivas y de servicios no fundamentales, tributa al incremento de bienes y servicios a la población, y contribuye al ingreso de los presupuestos municipales.
“Sin embargo, en su devenir, han ocurrido desviaciones que motivaron realizar este perfeccionamiento. Entre estas, el incumplimiento de obligaciones tributarias; la utilización de materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; algunas imprecisiones e insuficiencias en el control, las cuales permitieron la proliferación de indisciplinas; la falta de enfrentamiento y solución oportuna de los problemas; deficiencias en la contratación económica y la falta de un mercado mayorista.
“Este último es un tema que se sigue estudiando dentro de la política de perfeccionamiento del TCP. Para nadie es desconocida la situación económica del país. Aun así, el Ministerio de Economía y Planificación destina financiamientos en el plan para adquirir productos a los que pueden acceder los cuentapropistas. Actualmente se comercializan algunos que antes no aparecían.
Emilia Ramsay Márquez, directora de la Unidad de Trámites de la DGT.
“En los Zona Más, mercados minoristas, se concentran mercancías en grandes formatos. El Ministerio de Comercio Interior está haciendo el experimento de Mercabal, que vende productos muy demandados a cooperativas no agropecuarias. La idea es extenderlo después a los TCP. Se han dado algunos pasos, hasta que haya condiciones para abrir el mercado mayorista destinado a este sector”.
-¿Qué motivó los cambios normativos para el transporte?
Maribel Poulot Bravo: “En el caso del transporte, las normas buscan organizar y controlar mejor este servicio. No había protección a la población con respecto a los precios. Estos eran por uso y costumbre, se modificaban por decisión de los propios transportistas. En 2016, el Gobierno de La Habana se vio en la necesidad de toparlos para que no continuaran subiendo, y eso provocó otras indisciplinas como cortar los viajes y seguir cobrando lo mismo que si fuera un recorrido completo.
“En cuanto al combustible, los porteadores privados, a pesar de que deben comprarlo en Cupet y justificar el 50 por ciento ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria, no lo hacían. A nivel de país, según reportó el Ministerio de Energía y Minas, no compraban ni un litro de combustible diario”.
Trenzar oficios
Esther Perera Reiter lleva casi una década embelleciendo el cabello a sus clientas. Trabaja en la peluquería Isabella, en Zanja y Galiano, en un local arrendado a un particular. Asegura la capitalina que es un logro que ahora se agrupen varias actividades en una misma licencia dentro del servicio de belleza.
Las resoluciones 11 y 12 del MTSS regulan las actividades que pueden ejercer los trabajadores por cuenta propia y su alcance.
Sobre este particular, y las novedades que introducen las resoluciones del MTSS, también comentó Idalmys Álvarez: “Estas normativas entrarán en vigor el próximo 7 de diciembre, y agrupan las actividades que se autoriza ejercer. Las 201 hoy vigentes se agrupan en 123, lo que posibilita a las personas reducir trámites administrativos; con una sola autorización se amplía el perfil y se ofrece un servicio más integral, sin incrementar la carga tributaria.
“Un ejemplo es el servicio de belleza, que integra siete actividades: el barbero, la manicure, la peinadora de trenzas… Una sola persona las puede realizar. No se elimina ninguna actividad, lo que se hace es integrarlas”.
-¿En qué actividades no se entregarán nuevas licencias?
Idalmys: “Por el momento, no se van a otorgar nuevas autorizaciones a la comercialización mayorista y minorista de productos agropecuarios, y a los carretilleros. Hay un grupo de trabajo que está estudiando el tema, sobre la base de ordenar la comercialización en Artemisa, Mayabeque y La Habana. Cuando estén los resultados de ese experimento, estaremos en condiciones de tomar las decisiones pertinentes”.
-¿Se incluyen también los operadores de equipos rústicos de recreación?
Idalmys: “Sí, y no se van a entregar más licencias. No tiene sentido continuar aprobándolas, porque es un peligro para la vida de las personas. Ya hubo en Matanzas un accidente fatal por esa causa. Ningún equipo de esos está certificado y lo que se hará es certificar los existentes.
“Una de las nuevas normas, dictada por el Ministerio de Industrias (Mindus), establece el procedimiento para esa certificación, a partir de la Norma Cubana de Parques. Quienes ya tienen licencia, la mantendrán, pero cumpliendo los requisitos o de lo contrario se les retirará”.
-¿Cómo fue posible que no existiera antes ese rigor que ahora se plantea?
Idalmys: “El operador de equipos de recreación se concibió y aprobó como una actividad muy noble, porque eran los parquecitos de los niños, pero de pronto comenzaron a aparecer esos grandes parques, sobre todo, en las provincias, y hubo que tomar medidas.
“El principio del perfeccionamiento del TCP es ordenar. Y como dijo el compañero Raúl, vamos a seguir, pero apegados al orden, a la legalidad”.
¿Una sola licencia?
Para los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios, se amplió el alcance de la actividad y podrán ofertar alimentos a sus clientes.
En la cooperativa no agropecuaria Peluquería Kalinka, de Centro Habana, Laura Moak Pavón nos comentó sobre sus inquietudes en relación con las nuevas regulaciones. Ella tiene licencia como tenedora de libros y además como trabajadora contratada en la peluquería, pero con las nuevas regulaciones se verá afectada porque tendrá que elegir una sola actividad.
¿Por qué no se pueden ejercer dos licencias, si para el sector estatal se aprobó el pluriempleo? ¿Por qué no puedo realizar las dos actividades?, se pregunta Laura quien es técnico de nivel medio en Economía, con más de 30 años de experiencia.
A la entrada del Barrio Chino, en el restaurante-bar-cafetería Overdose, Anelis González Cabrera, licenciada en Economía, también está preocupada porque deberá elegir entre sus dos licencias: una como titular de una pizzería y la otra como trabajadora contratada en Overdose, donde lleva la contabilidad.
La directora de Organización y Control del MTSS precisó: “Una de las causas por la que no se puede tener más de una licencia es porque agrupamos actividades. La otra razón, es ordenar. El TCP es una opción de empleo, para que la persona lo ejerza. No es un dueño con muchos negocios.
“En el país, alrededor de 9 000 personas tienen más de una licencia. Por ejemplo, hay quien es dueño de una fregadora, una paladar, y también es productor vendedor de calzado. ¿Cómo atiende todo eso? Cuando tienes esa gama de actividades, no te da la posibilidad de ejercerlas todas a la vez.
“Para el sector estatal está aprobado el pluriempleo, pero de los cuatro millones de ocupados que tiene el país, solo un uno por ciento se acoge a este, que también tiene sus especificaciones, por ejemplo, no se puede realizar en el mismo lugar y horario. A eso hay que sumarle el cumplimiento del Código de Trabajo, pues, entre otros derechos, la persona debe tener un régimen de descanso. En este momento lo que necesitamos es ordenar y que el TCP fluya en un ambiente de legalidad. Cuando se alcance ese objetivo pudiera evaluarse el tema de una sola licencia.
“En el caso de la tenedora de libros, no es para prestarle el servicio al sector estatal. Por omisión de la normativa hasta ahora vigente, no quedó preciso que el tenedor de libros era para llevar la contabilidad de los TCP, algo que ahora en la nueva regulación se acota”.
Sin embargo, apuntó Emilia Ramsay Márquez, en las nuevas regulaciones se autoriza a las entidades estatales a recibir bienes y servicios del sector no estatal, lo que pudiera parecer una contradicción.
Mientras, Maribel Poulot se refiere a las violaciones a los derechos de los trabajadores contratados: “Hoy estás contratado y mañana el dueño te dice que no sigues allí. Y no tienes ninguna protección”.
Los equipos rústicos de recreación requieren la máxima seguridad en el funcionamiento. En las nuevas regulaciones, el Mindus dictó el procedimiento técnico para estos.
Idalmis Álvarez difirió de ese criterio. Señaló que sí hay protección y que el Código de Trabajo les reconoce a esos trabajadores sus derechos. Sin embargo, Maribel Poulot acota que si hoy el trabajador contratado, por alguna razón tiene un problema con el dueño, este le dice que se vaya y pone a otro. Agrega que en el transporte, por ejemplo, comúnmente no se denuncian tales violaciones, aunque tengan contrato. “No es frecuente que el contratado le reclame al titular por desprotegerlo o por no haberle pagado vacaciones, y está en el Código. Exigimos que esté en los contratos, pero no se cumple”, señala.
Uno de los cambios fundamentales que tuvo el Código de Trabajo fue incorporar un capítulo completo para las relaciones de trabajo entre las personas naturales, recordó Idalmys.
“Es cierto que no hay cultura de reclamar. Y es lo que tenemos que potenciar. El año pasado, y en otros anteriores, se monitoreó el cumplimiento de estos derechos de los trabajadores contratados en el sector no estatal, mediante encuestas. Y se vio que existía desconocimiento en relación con el derecho a vacaciones y dónde reclamar ante las violaciones”.
Bancos en trances
La joven Daryl Interián Pérez, licenciada en Contabilidad y Finanzas, lleva al dedillo las cuentas de la pizzería Que Riquera, en el Cerro. “Ya nos explicaron lo de las cuentas fiscales, pero me pregunto si el Banco tendrá condiciones de infraestructura para habilitarlas a los TCP”, dice.
Una de las nuevas regulaciones establece que las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal están obligadas a operar una cuenta corriente en una institución bancaria a los efectos del control de las obligaciones tributarias, según los términos, límites, alcance y condiciones que disponga el Ministerio de Finanzas y Precios.
“Para la ONAT no hay mejor forma de medir los ingresos de los contribuyentes que las cuentas bancarias. Sería lo óptimo. Pero, el banco no está en condiciones de hacerlo para los 593 661 trabajadores por cuenta propia que tiene el país.
El trabajo no estatal es una fuente de empleo que contribuye a diversificar los servicios.
“La proyección es comenzar con las actividades de alimentación y servicios gastronómicos, arrendador de vivienda, servicios constructivos, y transporte. Representan unos 80 000 contribuyentes. Se irán incorporando otros en dependencia de la respuesta que pueda dar el sistema bancario”, precisó Idalmys.
Otras novedades están relacionadas con las posibilidades que tendrán los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios, para ofertar servicios de alimentación a sus clientes, y para ello requerirán la correspondiente licencia sanitaria. Las personas jurídicas solo podrán alquilar el alojamiento y las que tengan aprobado operar con CUC podrán pagar alimentación y alojamiento en esa moneda.
CORPUS LEGISTATIVO
El pasado 10 de julio, la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición extraordinaria No. 35, publicó una veintena de normativas que ordenan e incrementan el control para el más de medio millón de trabajadores ocupados hoy en el sector privado de la economía.
El cuerpo legislativo está integrado por cinco decretos-leyes (353, 354, 355, 356 y 357), aprobados por el Consejo de Estado; un decreto (349), del Consejo de Ministros, y 14 resoluciones complementarias de los ministerios de Economía y Planificación (182); Finanzas y Precios (194, 195, 196, 197 y 198); Industrias (87); Salud Pública (179); Trabajo y Seguridad Social (11 y 12); Transporte (174, 175 y 176); y del Instituto Nacional de Planificación Física (31).
A excepción de las regulaciones para el transporte –entraron en vigor a los 90 días de publicadas, es decir, el 8 de octubre–; el resto lo hará a los 150 días, con el fin de garantizar la preparación de las estructuras administrativas y la capacitación de los TCP.
EXPERIMENTO EN PATINES
El ordenamiento del servicio de los porteadores privados se extenderá gradualmente. Capacitar a todos, sabia decisión
El servicio de taxis privados es un paliativo en la capital.
En La Habana hay puestos muchos ojos. Del éxito en la implementación del experimento con el transporte depende la adecuada extensión al resto de los transportistas privados y a las demás provincias. De los 8 300 porteadores que tiene la capital, 6 582 entrarán en el nuevo ejercicio de ordenamiento, con vehículos de entre cuatro y 14 pasajeros.
En el sondeo realizado por BOHEMIA entre estos trabajadores no estatales una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con el aseguramiento de los insumos a los privados, cuando en el sector estatal los carros están parados por falta de piezas.
A fin de corroborar estas opiniones, visitamos la Base de Taxi 21, en el municipio de Plaza de la Revolución, que brinda el servicio rutero desde Santiago de las Vegas hasta la Terminal de Ferrocarril. Varios choferes, a la entrada, comentaron que tenían los vehículos parados y su disponibilidad técnica a la mitad, por roturas y bajas técnicas.
Sobre ese y otros temas, los invitados a nuestra Mesa Redonda también emitieron criterios y valoraciones.
Maribel Poulot Bravo, directora adjunta de la Dirección General de Transporte (DGT) en la capital, reconoció: “Es cierto que el sector estatal de CubaTaxi ha tenido bastantes irregularidades con el suministro de piezas en algunas bases, sobre todo, de la marca Geely. La logística en este sector automotor ha estado afectada por problemas financieros y de créditos que afronta el país, para poder suministrar las piezas. Y así sucede también con los ómnibus. El Ministerio del Transporte (Mitrans) está en función de buscar un paliativo y resolver esta situación.
“Llevamos varios años tratando de perfeccionar el servicio particular y por eso el experimento en la capital está previsto para cuatro meses y después evaluar si se puede cumplir lo que está en la norma. Lo que se asegurará es el combustible. A los que se acojan al servicio en ruta se les realizarán los mantenimientos, recibirán lubricantes y podrán reparar en los talleres de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana o en los del Mitrans.
“Los carros de los porteadores privados son viejos, con componentes que no tienen nada que ver con la marca del vehículo, y eso complica mucho más la situación, porque, por ejemplo, puede ser un Chevrolet con un motor Hyundai. Y es complicada la logística para eso”.
Dentro de las novedades que enuncian las resoluciones del Mitrans, la obligatoriedad de la tarjeta del combustible tiene a los porteadores privados “erizados”. Unos dicen que gastan menos de lo que establece la norma y otros, que necesitan más. La explicación de por qué hay que tener tarjeta, está más que clara: estos autos no pueden seguir moviéndose con el combustible robado al Estado. Pero algunos se preguntan de dónde salió el cálculo de la cuota mínima mensual.
Emilia Ramsey Márquez, directora de la Unidad de Trámites de la DGT, explicó que se decidió, teniendo en cuenta el 50 por ciento de los gastos, que todos los transportistas reconocen y declaran para realizar los pagos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria, dentro de los cuales está incluido el combustible. Se tuvo en cuenta, también, la cantidad de viajes y de pasajeros de los vehículos.
“No podemos saber específicamente cuál es el índice de consumo de todos los medios. A estos vehículos se les contemplaron menos días de trabajo que a los estatales, la media de las rutas de la capital y el consumo de los motores. Muchos dicen que la cuota mínima establecida en la norma es alta, pero la vida ha demostrado que sí lo consumen, y más también”, complementó la directora adjunta de la DGT.
-Una vez que entren en la ruta, ¿pueden salir por problemas personales o viajar a otra provincia con pasaje?
Maribel: “Quienes opten por el servicio en rutas firmarán un contrato con la Empresa Provincial de Transporte de La Habana, escogerán su ruta y pactarán el horario entre las 6. 00 a.m. y las 10. 00 p.m., fuera del cual recesa ese servicio. Lógicamente, si se le presenta una situación familiar puede salir a atenderla. Lo que sí no puede hacer es irse para Villa Clara, o a cualquier otro lugar, porque le estamos entregando combustible para que preste un servicio a la población en la capital, que no tenemos posibilidades de realizarlo con los medios del Estado.
El Instituto de Planificación Física, en la norma 31, regula la colocación de carteles y su contenido.
“El vehículo es privado, pero si se pone en función de un servicio público, es una concesión administrativa que otorga el Estado y hay que cumplir la obligación. El cartel de taxi anuncia el servicio que se presta. Si quien lo ofrece necesita ir a Villa Clara, o salir con la familia a la playa u otro lugar, debe bajar la torreta, quitar el cartel. Así funciona con los carros particulares arrendados a la empresa Taxis Cuba”.
Contrario a lo que ocurre en el taxi libre, que el cliente pone el destino, en el rutero lo establece el porteador.
A juicio de Maribel Poulot todavía hay escepticismo con el enrutamiento que plantea el experimento, cuando en realidad quienes se niegan a incorporarse están ya en rutas.
Sobre la licencia de operación del transporte, aclaró que es personal e intransferible. Se otorga una sola al dueño del vehículo. Y dentro de las contravenciones recogidas en las normativas está actuar en nombre de un tercero, como testaferro, agregó Idalmys Álvarez Martínez, directora de Organización y Control del TCP del Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social.
Cita importante
Eduardo García Martín es trabajador contratado como jefe de turno en la paladar El Cuarto de Tula, en la capital. Aunque el titular de la licencia no se encontraba cuando visitamos el lugar, el joven aseguró que sí había recibido la citación para el seminario sobre las nuevas normativas, en el teatro del Ministerio de Comercio Interior.
El Cuarto de Tula, un mismo nombre para dos actividades: paladar y arrendamiento.
Otros entrevistados coincidieron en que ya habían asistido a la capacitación sobre las nuevas regulaciones. Al cierre de septiembre, una buena parte de los TCP ya conocían los pormenores de las leyes. La preparación la realizaron los organismos implicados en el seguimiento, control y atención a esta forma de gestión, aseguró Idalmys.
El seminario nacional se realizó los días 16 y 17 de julio. Luego siguieron los provinciales y municipales. “Se establecieron las prioridades, en primer lugar quienes tenían más de una licencia, para que tuvieran tiempo de meditar y elegir por cuál optarían; luego, las actividades que se integran, y finalmente, el resto”, expuso la directiva del MTSS, quien agregó que se grabó en un CD la intervención de la viceministra primera de su organismo, para que llegara a todos los municipios del país.
En el caso de los transportistas privados de La Habana, más de la mitad fueron capacitados. “Aunque el seminario era para explicar la normativa, aprovecharon el espacio para plantear otras inquietudes y las anotamos, entre estas, las chapas retiradas, el mal estado de los viales y la falta de insumos como gomas.
“Con respecto a la normativa las preocupaciones se concentraron en la obligatoriedad de pasar el somatón para los autos ya aprobados, antes del 1º de julio; los Cupet cerrados por falta de combustible y la incertidumbre con la entrega de insumos. También, en la posibilidad de que luego de aceptar el servicio en ruta pudieran cambiar para taxis libres”.
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