Departamento de Estado de los Estados Unidos
Discurso
Kimberly Breier
Subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
Washington D. C.
26 de abril de 2019.
Gracias, Eric, y gracias al Consejo por recibirme hoy. Es un inmenso honor para mí estar aquí y hacer este primer discurso, como lo señaló Eric. Este es un diálogo que no podía ser más oportuno. Previamente este mes, acompañé al Secretario Pompeo en un viaje a Sudamérica, un provechoso viaje a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, durante el cual reafirmamos nuestra alianza con estos países y nos enfocamos en abordar los desafíos comunes que enfrenta el hemisferio.
Fue un viaje histórico por muchos motivos, la quinta visita a América Latina del Secretario Pompeo en menos de un año en la función y la primera visita a Paraguay de un Secretario de Estado en ejercicio desde 1965, y eso refleja un momento único en Sudamérica y en las relaciones de EE.UU. con la región. En ningún otro lugar del mundo tenemos el privilegio de fortalecer nuestros lazos con una región en la cual los intereses de nuestros socios están tan estrechamente ligados a los nuestros. Al viajar de Santiago a Asunción, y de Lima a Cúcuta en la frontera de Colombia con Venezuela, sentí —y creo que todos también sintieron— la sinergia palpable entre Estados Unidos y estos cuatro firmes socios sudamericanos. Nos reunimos con cuatro jefes de Estado, y con cada uno advertimos que teníamos objetivos comunes. Todos consideramos al Hemisferio Occidental como un hemisferio de libertad. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Esta es una cita tomada directamente de la Carta Democrática Interamericana, y nosotros trabajamos con estos y otros socios para hacer realidad esas palabras, pues todos sabemos que nuestros pueblos merecen democracia y la oportunidad de construir sus propios futuros de prosperidad.
Pudimos ver de primera mano cómo la Alianza del Pacífico y ProSur hacen realidad el compromiso de la región con la transparencia y las buenas prácticas comerciales, un compromiso que impulsará la prosperidad regional; y cómo Chile, que encabeza el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) este año, está llevando esta visión del Hemisferio Occidental sobre participación económica positiva a toda la región del Pacífico.
Advertimos que compartimos, absolutamente, un objetivo común al enfrentar juntos la destrucción de Venezuela por parte de Nicolás Maduro, y trabajamos juntos para ayudar al pueblo venezolano a hacer frente al cohorte ilegítimo, corrupto y criminal que rodea a Maduro y apara ayudarlo a restablecer la democracia en su país. Tenemos un objetivo común al enfrentar la nefasta crisis humanitaria y regional que Maduro ha infligido al pueblo venezolano y a casi todos los países de nuestro hemisferio.
También comprobamos que tenemos un objetivo común al conversar sobre el flagelo de la corrupción y sobre cómo el desprecio del Estado de derecho puede frustrar los esfuerzos de la región orientados a fortalecer sus economías y brindar seguridad a sus ciudadanos.
Nuestro mensaje para el hemisferio, el mensaje del Secretario durante sus últimos viajes, y durante su discurso en Santiago, y mi mensaje para ustedes hoy, es que Estados Unidos está profundizando su contacto con la región, y acompañando al resto del hemisferio en la creación de un motor de vitalidad económica, innovación y crecimiento.
Nuestros lazos económicos con los países de América Latina y el Caribe sirven de sustento a medios de vida en todo el hemisferio y reafirman los valores que compartimos. Muchos de ustedes saben que en esta región hay 12 de los 20 países con los cuales Estados Unidos mantiene acuerdos de libre comercio.
Seguimos comprometidos con un modelo de desarrollo económico impulsado por el mercado y el sector privado, y con el fortalecimiento de la prosperidad y la estabilidad en el largo plazo, y el Gobierno estadounidense está trabajando para apoyar esta visión, empleando herramientas de liderazgo económico, en alianza con empresas estadounidenses.
Quisiera darles algunos ejemplos de cómo apoyamos esta visión.
El año pasado, el presidente Trump firmó la Ley BUILD, que duplicará el volumen de financiamiento del desarrollo que ofrecemos en todo el mundo, a US$ 60 mil millones de dólares. Tenemos previsto optimizar este financiamiento en mercados clave de América Latina y el Caribe y fortalecer los lazos estadounidenses con estos importantes vecinos.
El programa América Crece del Gobierno procura catalizar las inversiones en energía e infraestructura del sector privado en América Latina y el Caribe. Desde agosto de 2018, hemos firmado Memorandos de Entendimiento con Panamá, Chile, Argentina y Jamaica en el marco de esta iniciativa, y están en curso otros acuerdos adicionales.
Nada de esto ocurrió aisladamente. Nuestras empresas, muchos de ustedes, están prontas a participar, pero necesitan condiciones equitativas.
Es por eso que seguimos presionando para que las empresas estadounidenses tengan acceso a mercados, y para que haya un comercio justo y recíproco. Es por eso que seguimos exigiendo que todos los actores económicos que operan aquí en las Américas adhieran a los más exigentes estándares de transparencia, anticorrupción, sostenibilidad del endeudamiento, derechos laborales y protección ambiental. Es por eso que apoyamos el fortalecimiento de regímenes legales y del estado de derecho, y apoyamos la gobernanza democrática.
Sin embargo, sabemos que no todos se rigen por las mismas reglas o respetan las mismas normas. El Secretario Pompeo se refirió a este problema cuando señaló en forma inequívoca que la participación económica de China en América Latina y el Caribe ha generado nuevos desafíos; y deseamos asegurarnos de que nuestros socios consideren los riesgos que conlleva tener lazos más estrechos con China. La estrategia de política exterior del Gobierno de Trump siempre se basará en una visión realista de qué sucede exactamente en el mundo.
Reconocemos lo evidente: China es y seguirá siendo un socio comercial importante para Estados Unidos y para muchos países de la región. El presidente Trump ha establecido como prioridad asegurar que haya un comercio justo y recíproco con China, y hemos visto que cuando China observa los estándares internacionales, puede ser importante para ayudar a los países a desarrollar su propio potencial. Sin embargo, en América Latina y el Caribe hemos visto que China, muy a menudo, se aparta de estos estándares internacionales, y cuando lo hace, sus prácticas poco transparentes favorecen la corrupción, erosionan la buena gobernanza y desafían la soberanía de los Estados.
Todos nos estamos recuperando de las consecuencias que dejó la corrupción a gran escala; entendemos cómo se queda con el dinero de los contribuyentes, distorsiona el gasto público, socava la confianza en la política y las instituciones públicas, y perjudica a los hombres y las mujeres que trabajan afanosamente y ganan honradamente su dinero. Perú tomó la delantera al hacer que ese fuera el mensaje de la Cumbre de las Américas del año pasado. Es un buen mensaje. Mientras trabajamos para erradicar la corrupción en las Américas, debemos tomar precauciones para que no ingrese desde el extranjero.
El Gobierno de China, y las empresas chinas, han incurrido en conductas en el hemisferio que socavan la soberanía y la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de los socios democráticos en las Américas.
Como lo indica la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) del Presidente: “Durante décadas, la política estadounidense se basó en la creencia de que apoyar el ascenso de China y su integración en el orden internacional de posguerra contribuiría a liberalizar a ese país. Contrariamente a nuestras esperanzas, China expandió su poder a costa de la soberanía de otros. China recaba y explota datos a una escala sin igual y propaga características de su sistema autoritario, como la corrupción y el uso de la vigilancia”.
Desde que China se sumó a la OMC en 2001, hemos estado esperando que suscribiera y cumpliera las mejores prácticas internacionales que favorecen la buena gobernanza, como nuestra Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act). Estas son normas que numerosas empresas y emprendedores en toda América Latina, con independencia del tamaño del mercado y de su participación en este, se esfuerzan por imitar.
Hemos visto, reiteradamente, que China incumplió esas expectativas. China ha impedido que otros países accedieran a sus mercados, incluso mientras procura expandirse en países de todo el mundo. El gobierno chino obliga a las empresas extranjeras que desean operar en China a compartir información de propiedad exclusiva y transferir tecnología.
Las empresas chinas se apropian de propiedad intelectual. Nuestro Departamento de Justicia recientemente ha revelado ejemplos de este comportamiento, incluidos funcionarios de Huawei que roban información de propiedad exclusiva a un importante proveedor de telecomunicaciones estadounidense.
Esta conducta persiste en la región, incluso mientras el arduo trabajo y las investigaciones de personas en nuestro país, y en todo el hemisferio, son robados, copiados y abusados. Estados Unidos pide a sus socios en las Américas que exijan que China y otros actores respondan por sus acciones y que no permitan que China imponga sus propias normas.
De lo contrario, sería como presentarse en un partido de fútbol y no hacer nada mientras el árbitro no para de sacar tarjetas amarillas y rojas a su equipo, y hace la vista gorda mientras el contrincante golpea a sus mejores jugadores.
El Gobierno chino abusa del debido proceso legal. Como si no fuera suficiente robar propiedad intelectual, cuando Estados Unidos intentó que los responsables de esos delitos respondieran y emitió una orden de detención internacional en el caso de la Sra. Meng, la reacción de China fue burlarse del derecho internacional y el debido proceso. Luego de que Canadá detuviera a la Sra. Meng ejecutando la orden correspondiente, China reaccionó deteniendo arbitrariamente a dos ciudadanos canadienses y volviendo a condenar a un tercero a la pena de muerte por cargos vinculados con drogas. Asimismo, procuró perjudicar la economía canadiense limitando las importaciones agrícolas, todo en un intento por presionar a Canadá para que liberara a la Sra. Meng. La comunidad internacional no puede ceder a esta manipulación, por la cual China aplica represalias por acciones legítimas de aplicación de la ley, deteniendo arbitrariamente y juzgando a nuestros ciudadanos. Podría ser un guión de cine mediocre, si no fuera totalmente real. EE.UU. ha prometido que la Sra. Meng gozará de todas las garantías y los derechos de debido proceso conforme a nuestras leyes, y tomará medidas para asegurarlo.
De cara a una economía mundial cada vez más digitalizada e interconectada, los intentos de explotar mercados económicos abiertos para el traspaso ilícito, recabar datos en una escala sin precedentes con fines de explotación y coerción o exportar el uso nocivo de tecnologías de vigilancia para reprimir los derechos humanos suponen una amenaza existencial para las libertades y para nuestras sociedades.
Nuestras economías dependen de la conectividad y del Internet de alta velocidad, así como del procesamiento sin paralelo de ingentes volúmenes de datos. Y con esta economía digital, el Gobierno ha puesto mucha atención en la próxima generación de tecnología, con énfasis en la seguridad nacional.
Considerando la naturaleza transformativa de la tecnología 5G, las decisiones relativas a contrataciones y emplazamiento que se tomen ahora tendrán un impacto generacional para la seguridad nacional, nuestras economías y nuestras sociedades. Por estos motivos, instamos a los socios —en este hemisferio y a nivel global— a que no se comprometan con un único sistema o proveedor hasta que puedan comparar y contrastar las tecnologías disponibles, y que tomen en cuenta cabalmente la seguridad y la seguridad nacional al tomar decisiones de contratación. Estados Unidos busca promover un ecosistema global de 5G que sustente nuestros intereses y valores comunes. Y nuestro Gobierno no es el único que tiene esta visión.
Australia, Nueva Zelandia, Japón y la República Checa han incorporado consideraciones de seguridad nacional al desarrollar reglamentaciones para preservar la integridad de sus redes de telecomunicaciones e infraestructura crítica. Canadá, un fiel aliado nuestro, está realizando una rigurosa revisión de seguridad de 5G. Sé que varios de nuestros socios en América Latina también están considerando implementar reglamentaciones o procesos de revisión similares en sus prácticas de contrataciones y evaluación de inversiones extrajeras directas. Valoramos esa iniciativa y Estados Unidos se pone a disposición para colaborar en lo que sea necesario.
La visión de China en materia de control gubernamental sobre redes y flujos de información difiere radicalmente de las tradiciones abiertas y democráticas de Estados Unidos y la mayoría de los países del Hemisferio Occidental, incluida la promoción y la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.
Nos preocupan sustancialmente las relaciones íntimas entre los servicios de inteligencia de China y sus empresas. La Ley de Inteligencia Nacional de China dispone que “todas las organizaciones o ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar con tareas de inteligencia estatal en consonancia con la ley, y preservar el carácter secreto de todos los conocimientos de las tareas de inteligencia nacional”.
Quisiera reiterar esta cuestión. La ley de inteligencia nacional de China obliga a todas las empresas chinas a cooperar con los servicios de inteligencia de China. Sin ninguno de los sistemas de controles recíprocos que tienen los países como los nuestros: tribunales independientes, partidos opositores y una prensa libre. Esto implica que, por ley, todos los datos que pasan por China o son procesados por una empresa china podrían estar disponibles para el Gobierno chino, con carácter absolutamente secreto y sin limitaciones legales en cuanto a su recopilación o ulterior uso.
La totalidad de la identidad digital de los ciudadanos que viven en democracias en el Hemisferio Occidental podría quedar bajo el control y la vigilancia de un gobierno autoritario. Cuando las ciudades compran sistemas de TV de circuito cerrado y herramientas de vigilancia para mejorar el transporte y la seguridad, por ejemplo a través de la iniciativa Ciudades Inteligentes de China, la información podía estar disponible para el Gobierno chino. Otros gobiernos que dependen de esas mismas tecnologías, que traen aparejadas tantas condiciones, deben reconsiderar si desean que las empresas chinas y, de hecho, el Gobierno chino, repliquen algunas de esas mismas prácticas y, al hacerlo, menoscaben la protección de los derechos humanos en el hemisferio y exijan renunciar a la soberanía nacional.
A diferencia de la manipulación sistemática de datos y tráfico de Internet con fines estatales que realiza China, Estados Unidos promueve y defiende el modelo multisectorial de gobernanza de Internet frente a intentos, por parte de cualquier nación, de desarrollar modelos de gobernanza centrados en el Estado.
Asimismo, el financiamiento del desarrollo no debería generar endeudamiento insostenible. Pekín utiliza la diplomacia del endeudamiento para generar dependencias, algo que podría parecer irrelevante hoy pero que, tarde o temprano, constituirá una presión muy concreta sobre los gobiernos y las sociedades y supondrá un desafío para la soberanía de los Estados. Hemos visto que en otras regiones del mundo China presenta iniciativas destinadas a generar alternativas a los modelos occidentales de desarrollo y gobernanza.
En el Hemisferio Occidental, esperamos —y debemos exigir— que los proyectos de desarrollo de infraestructura tengan procesos de contratación transparentes, respeten las salvaguardas ambientales y sociales y fomenten el crecimiento inclusivo, en consonancia con los rigurosos estándares de las instituciones financieras internacionales.
Dado que somos un hemisferio de economías mayormente abiertas, y empresas libres impulsadas por el sector privado, es importante recordar que China no funciona de esa forma.
El Gobierno posee directamente muchas de las más grandes empresas y grupos de inversión de China. Incluso numerosas empresas chinas en general se alinean con las prioridades estatales, debido a que están obligadas a cumplir con políticas y leyes industriales nacionales que ofrecen incentivos para la consecución de los objetivos de política industrial definidos por el Estado. El Gobierno de China, y las empresas chinas, sencillamente operan conforme a normas e ideologías absolutamente diferentes a las de las Américas.
Cuando una empresa estadounidense está en el extranjero, los gobiernos saben que está alcanzadas por la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. No aparecen con bolsas de efectivo y falsas promesas de grandes proyectos de infraestructura a bajo costo. Nuestros tribunales de justicia exigirían que los transgresores respondan por esas acciones. Tenemos sólidas instituciones, sólidos veedores y una sociedad civil que exige que los funcionarios y el sector privado rindan cuentas.
Las empresas chinas sencillamente no observan los mismos estándares de conducta.
Ustedes vieron esto claramente en la represa Coca Codo Sinclair en la selva ecuatoriana. La represa, construida por una empresa estatal china, debía solucionar las necesidades energéticas de Ecuador.
La represa ahora funciona a la mitad de su capacidad. El proyecto incluyó préstamos del Gobierno chino. China recibió además el 80% del petróleo de Ecuador a un precio de descuento, y luego lo revendió con ganancias.
Casi todos los máximos funcionarios ecuatorianos implicados en la construcción de la represa están encarcelados o han sido condenados por soborno en la justicia ecuatoriana. Ecuador ahora busca asistencia para cancelar o comprar la deuda china.
Celebramos las prontas medidas del gobierno del presidente Moreno para llevar ante la justicia a los responsables de haberse enriquecido a costa del pueblo. Confiamos en que otros sigan este ejemplo, para combatir la corrupción y la impunidad.
No sería apropiado que no mencione a Venezuela, sobre todo el modo en que las prácticas de China se están dando en ese país. Venezuela sigue atravesando una gravísima crisis humanitaria provocada por años de corrupción y mala gestión por parte del exrégimen de Maduro.
Estados Unidos y nuestros socios regionales, incluidos la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, hemos declarado nuestra solidaridad con el presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano. En total, 54 países de todo el mundo apoyan a Juan Guaidó y una transición democrática en Venezuela.
Sin embargo, China sigue sosteniendo a Nicolás Maduro, pese a que no supo garantizar el bienestar del pueblo venezolano.
China es uno de los principales acreedores exteriores de Venezuela. Se estima que ha dado a Venezuela préstamos por más de US$ 60.000 millones desde 2007, eludiendo el control de la Asamblea Nacional venezolana. China hizo esos préstamos en un intento por conseguir acceso a recursos petroleros y contratos de construcción.
Venezuela se ha visto obligada a pagar gran parte de estos préstamos con envíos en especie de petróleo, lo cual agudizó su crisis de producción y restringió en mayor medida los recursos disponibles para ayudar al pueblo venezolano a salir de la actual catástrofe económica, provocada por el hombre, que atraviesa el país.
Las empresas chinas apoyan a Maduro de otras formas perniciosas no tan evidentes. Según ha trascendido en los medios, el gigante chino de las telecomunicaciones ZTE ayudó al régimen de Maduro a construir una base de datos y crear un sistema de pagos móviles para su uso como tarjeta de identificación de votantes. El “carnet de la patria” se ha convertido en una herramienta para que Maduro controle a los ciudadanos y asigne recursos escasos a sus adeptos.
El carnet de la patria muestra cómo China exporta conocimientos tecnológicos que pueden ayudar a gobiernos autoritarios a monitorear, premiar y castigar a ciudadanos a través de un sistema de vigilancia digital. El uso de una tarjeta de identidad en Venezuela como herramienta de control y represión se asemeja a la represión creciente de minorías étnicas y religiosas, incluidos los uigures en la provincia china de Sinkiang, por el Partido Comunista. Desde abril de 2017, un millón de musulmanes y miembros de minorías étnicas han sido detenidos en campamentos de confinamiento. Desde su fundación, el Partido Comunista ha mostrado hostilidad extrema hacia todos los credos. Hemos recibido señalamientos de muertes y de torturas en estos campamentos. Con el uso arbitrario y generalizado por parte de China de sistemas de vigilancia invasivos de alta tecnología, la recopilación de biodatos y la cantidad creciente de agentes de seguridad en la región, el Partido Comunista ha convertido a Sinkiang en un “estado policial”. Seguiremos señalando a quienes cometen violaciones de derechos humanos y exigiendo que respondan.
Mientras pregona la “no intervención”, China ha actuado con hipocresía al apoyar las prácticas comerciales corruptas y el nepotismo en Venezuela, y así ha precipitado y prolongado el padecimiento del pueblo venezolano. Mientras el pueblo venezolano exige cambios y el Grupo de Lima condena la intromisión china en Venezuela, China apoya a Maduro y a su cruenta banda de matones. Los préstamos chinos han contribuido a destruir lo que supo ser uno de los mayores éxitos económicos de la región. Esta debería ser una poderosa enseñanza para todos nosotros del poder corrosivo de los supuestos préstamos “sin condiciones” de China.
Quisiera concluir destacando que no todos los proyectos de inversión chinos son maliciosos o implican la pérdida de soberanía. Si las sociedades chinas operan en igualdad de condiciones con empresas extranjeras dentro de China o a nivel internacional, observando las normas, y respetan los estándares ambientales y laborales, no incurren en préstamos predatorios y fomentan una mayor –en vez de menor– estabilidad, nosotros, y creo que las Américas en general, veríamos con beneplácito la competencia leal con China. La mera promesa de “desarrollo de alta calidad” no servirá de nada si China tiene antecedentes tan deficientes.
Quisiera concluir hoy con un ejemplo positivo de cómo la región se está uniendo para impulsar objetivos comunes de prosperidad económica y buena gobernanza, y de cómo las Américas han dado a entender que esta región establecerá sus propias normas y forjará su propio futuro.
El mes pasado se realizaron dos importantes votaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo: una para reconocer al representante del gobierno de Juan Guaidó de Venezuela y otra para insistir en que el representante tenga el derecho a participar libremente en su reunión anual.
Vimos a socios regionales e internacionales actuar en defensa de las normas democráticas internacionales y de la participación del representante de Guaidó. En vez de trabajar en consenso con el BID, China se negó a reconocer al representante de Guaidó. En respuesta, la región se unió y canceló la Asamblea anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que estaba previsto que se realizara en Chengdu, China.
Afortunadamente, la próxima asamblea anual del BID tendrá lugar este verano aquí, en el Hemisferio Occidental, en Guayaquil, Ecuador. Apoyamos estos esfuerzos de nuestros socios en el hemisferio de cuidar sus intereses económicos a largo plazo.
Todos los gobiernos de la región tienen derecho a tomar decisiones sobre su propia prosperidad económica como naciones soberanas. Y tienen que tomar decisiones sobre los climas de inversiones que desean favorecer y la fortaleza que desean infundir a sus instituciones democráticas. Esas decisiones deben tomarlas ellos, sin interferencias extranjeras maliciosas.
Nuestra visión positiva es la de forjar y fortalecer alianzas que refuercen nuestros valores y objetivos comunes, haciendo que nuestra región sea más próspera, más segura y más democrática. Podemos y debemos aprovechar este momento positivo para favorecer el crecimiento de nuestras economías y hacer frente juntos a los desafíos regionales y globales.
Gracias.
Ver contenido original: https://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2019/291379.htm
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