III
La compleja evolución económica que se enfrentó durante los primeros 6 meses de este año, también tendría su repercusión en las dificultades que impactaron los servicios y el desempeño social del país.
Sin embargo, en el 2019 también se desarrollaron importantes esfuerzos para compensar desequilibrios presentes durante varios años, especialmente en lo que se refiere a la política salarial.
En efecto, si bien en la esfera productiva se había avanzado en la retribución a los trabajadores de acuerdo a los resultados de su trabajo, aunque enfrentado todavía imperfecciones que motivaban pagos sin respaldo productivo, el salario medio[1] del sector empresarial se elevó hasta los 871 pesos mensuales en el 2018, un 12,1% por encima del salario medio total que fue 777 pesos. No obstante, la retribución de los trabajadores del sector presupuestado fue de 634 pesos –un 27,2% por debajo del sector productivo- afectando a sectores clave para el desarrollo como el sector educacional y el de la ciencia. Adicionalmente, el salario por territorios también mostraba notables de diferencias, con el nivel más alto en Ciego de Avila con 904 pesos, frente a Santiago de Cuba con una retribución de 652 pesos, un 27,9% menor.
Para aliviar las negativas consecuencias de estas disparidades salariales y en una decisión de profundo contenido político, el 27 de junio del 2019 el presidente Díaz Canel anunció un significativo aumento en las retribuciones para el sector presupuestado[2] al elevar el salario medio del mismo a 1 067 pesos, cifra que representa un incremento del 68,3% y beneficia a un millón 470 736 trabajadores. También se elevó el salario mínimo de 225 a 400 pesos para todos los empleados estatales.
Adicionalmente se decidió incrementar las pensiones de los jubilados que cobran cifras inferiores a 500 pesos mensuales lo que beneficiará a un millón 281 523 personas, en tanto que se mantiene la pensión mínima en 242 pesos y la prestación mínima de la asistencia social en 217 pesos a partir de los aumentos decretados en el 2018.
El costo anual del incremento salarial se eleva a 7 050 millones de pesos, mientras que los aumentos de las pensiones de seguridad social alcanzan los 830 millones. Estos montos deberán cubrirse sin aumentar el déficit presupuestario mediante una combinación de incremento de impuestos[3] y a través de la reducción y redistribución del gasto público. De igual modo, se comenzó a aplicar una política dirigida a frenar el aumento de precios, especialmente en el sector no estatal.
En términos del empleo no se ha detenido la disminución de la Tasa de Actividad Económica (TAE)[4] que descendió de 72,9% en el 2013 a 63,8% en el 2018, lo que representa una reducción notable de las personas ocupadas en relación a la población en edad para trabajar. Por su parte en la composición de la fuerza laboral se aprecia también una reducción del 27,8% de las personas que trabajan en el sector estatal, mientras que los que trabajan en el no estatal aumentaron un 72% entre el 2009 y el 2018.[5] Adicionalmente, los empleados en labores de baja productividad suman el 47% en tanto que los salarios hoy representan solo el 27,3% de los ingresos de la población, frente al 76,3% en 1989.
Por su parte, la construcción de viviendas logró un comportamiento más favorable durante el primer semestre con la terminación de 20 512 unidades hasta julio, que representan el 62% del plan anual, el cual se espera cumplir, en lo que ha incidido positivamente el otorgamiento de subsidios para la construcción por esfuerzo propio que acumula 5 500 millones de pesos asignados desde el año 2012, lo que ha favorecido a unas 139 000 familias. No obstante, se ha informado que hoy el 39% de las viviendas está en regular o mal estado y se presenta un déficit habitacional de 929 695 viviendas, que deberá ser cubierto en un período de 10 años.
La circulación mercantil minorista se comportó a un 95,1% en relación a igual período del 2018.
Entre las ventas a la población no se logró estabilizar la comercialización de medicamentos, que en junio presentó un faltante de 48 productos de un cuadro básico de 761, de los que se produce el 64% en el país. Esta situación se mantendrá sin cambios sustanciales en lo que resta del año, pues aún disponiéndose de los recursos financieros necesarios, se dificulta de forma creciente la contratación de materias primas y productos terminados en el mercado internacional, donde influyen fuertemente las restricciones que impone el bloqueo norteamericano.
Otro sector que no ha logrado sostener una tendencia recuperativa es el de transporte público de pasajeros, que se redujo un 9% en el semestre. Así de una demanda de 2,2 millones de pasajeros diarios a transportar, se logra cubrir solo un 1,3 millones para un 59,1%, y de esta última cifra un 26% se realiza por transportistas no estatales.
A pesar de las dificultades, en este año se logró la importación de 400 microbuses rusos y 50 ómnibus articulados chinos.
La cobertura de otras necesidades sociales que cuentan con avances limitados en la primera mitad del 2019 se refieren a la satisfacción de la demanda de círculos infantiles, que alcanzó en el 2018 solo el 23% de los niños de 0 a 5 años en comparación con un 21,3% en 1990, pero con un 20% menos de niños de esas edades y contando con una reducción del 15,8% en las matrículas. Actualmente hay 41 782 solicitudes de plazas en los círculos, que no se han podido atender. En el actual curso escolar aumentaron solo en 638 las plazas otorgadas.
De igual modo, ante una población que en un 20,6% tiene 60 años o más, se requiere aumentar las capacidades de los 150 hogares de ancianos y de las 207 casas de abuelos. La demanda en este tipo de instalaciones en La Habana solo se cumplía al 33% hace pocos años.
En resumen, tomando en cuenta los problemas que históricamente han afectado más a la población –según la Encuesta Sobre la Situación Económica de los Hogares- se logran significativos incrementos en los ingresos de los trabajadores del sector presupuestado y se aumenta el ritmo de construcción de viviendas en el primer semestre del año. De otra parte, se mantienen los esfuerzos –pero sin resultados apreciables- en cuanto a la alimentación de la población y en lo referido a la transportación de pasajeros.
Este resultado no puede descontextualizarse, pues lo poco o lo mucho que se avanza se hace frente al incremento brutal de las agresiones de Estados Unidos contra nuestro país. No obstante, quedan márgenes para aumentar la eficiencia económica interna y compensar parcialmente al menos este adverso escenario.
(Continuará).
Referencias bibliográficas
[1] Salvo que se indique otra cosa, la información proviene del Anuario Estadístico de Cuba de la ONEI durante varios años hasta el 2018.
[2] Ver el periódico Granma, junio 29 del 2019, página 3.
[3] Las personas que ingresen hasta 500 pesos mensuales, comenzarán a pagar una contribución a la seguridad social del 2,5%, mientras que los que ganen más de esa cifra pagarán un 5%.
[4] La TAE mide la relación entre la población económicamente activa y la población en edad laboral.
[5] Actualmente la proporción de trabajadores estatales alcanza el 69%, mientras que los que laboran fuera del Estado cubren el 31%.
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