Con el inicio del proceso de ordenamiento monetario se identificaron más personas y núcleos vulnerables que recibieron la ayuda del Estado. Una buena cantidad de ellos pasaron a ser favorecidos de manera eventual o temporal. Si bien las prestaciones monetarias aprobadas alivian necesidades perentorias, no solucionan la fragilidad económica de las familias más pobres. En algunos municipios de La Habana, BOHEMIA constató violaciones de las normativas, burocracia en los mecanismos y maltratos a la población. El trabajo social está llamado a ganar en profesionalidad y enfocarse en las acciones de prevención en la comunidad
Por DELIA REYES GARCÍA, Bohemia
Fotos: YASSET LLERENA ALFONSO
De recorrido por el capitalino municipio de San Miguel del Padrón, visitando algunas de las familias vulnerables que recibieron ayuda económica del Estado para afrontar la subida de los precios en el nuevo escenario de ordenamiento monetario y cambiario, dos vecinos del Consejo Popular 5 sugirieron al equipo de reporteros: “no dejen de visitar a esa familia, tiene una situación crítica. El padre lleva años en cama, con una úlcera en la pierna, sin pelarse ni afeitarse, parece un ermitaño. La casa está frente a la parada, después de la estación de Policía”.
Fue fácil encontrar el lugar, el fotógrafo y el chofer son nativos de ese municipio. La humilde morada está divida a la mitad. De un lado, conviven Dolores Álvarez Cruz, de 73 años, su hija que padece de trastornos mentales, y un nieto adolescente. Del otro, el exesposo de la anciana, Manuel Cisneros Ramírez, de 71 años.
“Cuando mi nieto era muy pequeño –cuenta la septuagenaria– fuimos a pedir un apoyo a la dirección de Trabajo del municipio, y no recibimos nada. Mire si ha pasado tiempo, que el niño ya cumplió los 16”. En diciembre pasado ella volvió a insistir con las autoridades locales, les entregaron una cuantía en enero y otra en febrero. “Gracias a eso pudimos sacar los mandados, comprar las medicinas porque soy hipertensa, y las de mi hija para su problema siquiátrico”, sostiene.
Segundos antes de terminar el relato, llega Manuel, con un bastón en la mano, arrastrando una de sus piernas. Luce impecable, afeitado, pelado. Incluso, aparenta tener menos edad. Parece otra persona. Asegura que trabajó en varios lugares y su expediente laboral se perdió en la fábrica de colchones, donde estuvo empleado por última vez. “Pero la salud no me acompañó, padezco de una úlcera congénita. Desde hace 12 años estoy casi postrado en la cama, sin poder hacer nada”, reconoce con pesar.
En todo ese tiempo, “nadie tocó a la puerta para tenderme una mano. Mi hijo casi no podía ayudarme porque ganaba muy poco. Él fue quien se encargó de entregar mi solicitud de protección como caso vulnerable. Ya desde enero la vida comenzó a cambiarme, al fin estoy recibiendo una protección monetaria”.
Según Leidy Laura Pérez González, directora de Trabajo y Seguridad Social en este territorio, a raíz del llamado del Gobierno para socorrer a los nuevos casos vulnerables que emergieran de la implementación del ordenamiento, se aprobaron 71 núcleos en el consejo de dirección municipal y recibieron un cheque por única vez. De estos, la mayoría pasaron a ser beneficiarios de la asistencia social en sus diferentes modalidades: eventuales, temporales o excepcionales.
Manuel Cisneros Ramírez, después de varios años, comenzó a recibir la ayuda del presupuesto asistencial.
“En la capital se identificaron más de 5 000 núcleos vulnerables económicamente, fueron aprobados en los consejos de dirección municipales 4 000. El resto se denegó porque en algunos había personas aptas para el empleo, se les propuso una opción de trabajo; y en otros, existían familiares obligados en condiciones de prestar ayuda. Los municipios que más aprobaron fueron Diez de Octubre (680), La Habana del Este (658), y Playa (546)”, explica Irina Torres Folgado, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, en la provincia habanera.
Al cierre de enero, los más de 22 000 que ya eran resguardados por el presupuesto asistencial cobraron una cuantía incrementada, según lo establecido en el Decreto 25, del Consejo de Ministros, y la Resolución 47 (R-47) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), puntualiza Ivette Moya Pupo, directora de Trabajo y Seguridad Social en la capital.
De manera general, en el país se protegió a más de 30 000 personas por insolvencia económica en el primer mes de implantado el proceso de ordenamiento monetario, luego esa cifra disminuyó, asegura Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del MTSS. En la Ley del Presupuesto de 2021 se destinaron 3 366 millones de pesos a cubrir las prestaciones asistenciales, y una reserva de 716 millones para personas y núcleos vulnerables ante el impacto de la Tarea Ordenamiento.
Aprobado I
Leonardo Muñoz Vega y su padre viven en condiciones muy vulnerables.
Como si estuviera posando para una foto de 15, Iraida Fleitas Vega cruza las piernas, sonríe a la cámara. “Ella padece de discapacidad cognitiva y epilepsia. Comenzó a recibir este año una prestación de 1 500 pesos, muy superior a la de antes. Igual, con los precios como están, solo alcanza para comer y las medicinas”, dice Tamara Tejeda Vega, la hermana que se ocupa de cuidarla.
En la misma casa de ellas, en la parte del patio, hay un ranchito levantado con trozos de cualquier cosa. Allí viven el joven Leonardo Muñoz Vega, enfermo del VIH-sida, y su padre Marino Santos Muñoz Martínez, de 73 años, quien padece de hipertensión y diabetes. “Antes me dedicaba a hacer mandados, e íbamos tirando con lo que ganaba, después perdí a los clientes.
“El viejo no tiene jubilación porque no le aparecieron los años de servicio. Como estamos en esta situación crítica, pedí la ayuda en la dirección municipal de Trabajo y nos aprobaron para los dos una prestación monetaria de 2 060 pesos mensuales. Es algo que alivia, porque estábamos en cero”, subraya Leonardo.
Más allá de vivir en condiciones de hacinamiento y extrema precariedad, este núcleo, que reside en Los Pocitos, municipio de Marianao, presenta una disfuncionalidad familiar evidente. Ni siquiera tienen servicio sanitario. Leonardo comenta que, como no poseen la propiedad de la casa, no pueden pedir un subsidio para arreglarla por esfuerzo propio. Allí conviven además otras personas, incluido un niño pequeño.
Aprobado II
Yaremis Zapata Jovier y sus niños no estaban recibiendo la cuantía aprobada por la R-47 del MTSS.
“Soy mamá y papá de mis dos hijos. Cuando Leovany vino al mundo, el padre supo la enfermedad que tenía, dijo que él no estaba preparado para algo así, dio la espalda y se perdió. Después supe que emigró. El niño tiene retraso mental moderado, un riñón fuera de lugar y padece de epilepsia”, dice Yaremis Zapata Jovier, mientras acaricia la cabeza de Leovany que ya tiene 14 años. Cuenta que la niña nació asmática y el papá tampoco se ocupa de ella.
Yaremis trabajaba de auxiliar de limpieza en el Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae, relativamente cerca de su casa en El Palmar, municipio de Marianao, después que nació su primer hijo tuvo que dejar el empleo para cuidarlo. “Entonces comenzamos a ser atendidos por la asistencia social. Hace unos pocos años nos subieron la chequera a 210 pesos, después me pusieron al niño en el Sistema de Atención a la Familia para comprarle almuerzo y comida.
“Desde el mes de enero, con el ordenamiento, me subieron la prestación monetaria a 580 pesos. Sobrevivimos gracias a mi madre que es una fiera luchando para sus nietos. Como puede ver aquí no tenemos nada de valor, ni siquiera un refrigerador. La casita es de madera y cuando llueve no hay quien esté aquí adentro, esto se pone feo, feo. Hemos tratado de pedir un subsidio para arreglarla, pero nos han peloteado”, detalla. Aunque este es un hogar muy humilde, brillan las pocas cositas que tiene. En la pequeña cocina, todo organizado, “porque somos pobres, pero limpios”.
Sobre la baja cuantía de esta prestación, solo 580 pesos, que recibe este núcleo familiar, BOHEMIA indaga con Roider Rodríguez Rodríguez, subdirector de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en el municipio de Playa. “Es una violación de la Resolución 47. Eso no tiene discusión, lo que procede son 2 860 pesos, ella no puede trabajar porque está al cuidado de su hijo discapacitado, tiene además otra niña pequeña”.
Apenas han trascurrido los primeros meses del año y no pocas opiniones y quejas de los beneficiarios de la asistencia social han llegado a las autoridades municipales. Así reconoce Pedro Pablo Fundora Linares, director de Trabajo y Seguridad Social de Marianao. “Fundamentalmente plantean que es insuficiente el dinero que reciben. Por eso, como orientó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hay que seguir revisando para cambiar todo lo que deba y pueda cambiarse. Un grupo de precios que estaban en los inicios ya han disminuido. En cualquier proceso de ajuste económico, como en la vida misma, el criterio de la verdad está siempre en la práctica”, sentencia el licenciado en Matemática.
A juicio de Juan Francisco Gómez Ruiz, subdirector de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en el Cerro, “este proceso es muy joven todavía. Habrá que esperar por lo menos dos meses más para que se vayan ajustando los precios”.
La escala de la R-47
Para analizar las prestaciones monetarias que establece la escala de la Resolución 47, al parecer, como en la teoría de la relatividad, todo depende del lugar donde se ubique el observador. Para unos, tiene un carácter progresivo:
Según la cantidad, cada uno recibe 800 pesos para pagar los gastos de alimentación, y quedan 460 pesos para cubrir los gastos comunes del núcleo. “Se incrementa la cantidad por persona, que se corresponde con la canasta de alimentación fijada para el régimen de la asistencia social en 800 pesos”, sostiene Belkis Delgado Cáceres, del MTSS.
Sin embargo, los números suelen ser engañosos. No es lo mismo 460 pesos para un núcleo donde hay una sola persona, que donde conviven más. Según el Anexo Único de dicha resolución, para evaluar la solvencia del núcleo familiar se mide como gastos básicos fundamentales: alimentación, medicamentos, electricidad, agua, teléfono y cocción de alimentos. Mas a la hora de bañarse, cocinar o consumir la energía eléctrica, esas cuentas no dan. Sin hablar que con el envejecimiento poblacional en no pocos hogares hay más de una persona adulta que requiere medicinas.
A los núcleos con más de seis personas, que requieren estas prestaciones, ni siquiera les alcanza para cubrir los 800 pesos de la alimentación. Es obvio que mientras crece el número de sus integrantes decrece el ingreso per cápita.
La directora de Prevención, Asistencial y Trabajo Social del MTSS reconoce: “la canasta de bienes y servicios que se estableció en el país es 1 528. Para una persona protegida por la asistencia social lo que se le aprobó está muy por debajo de eso”.
Se ha dicho públicamente que las cuantías de la asistencia social representan el 60 por ciento (1 260 pesos) del salario mínimo, fijado en 2 100 pesos. En el caso de una persona sí se cumple, ya cuando la cantidad de miembros del núcleo protegido es mayor, ese por ciento disminuye.
Bajo tales condiciones, las prestaciones aprobadas, lejos de minimizar las vulnerabilidades económicas, las reproducen. Desde la academia, Ángela Peña Farías, doctora en Ciencias Sociológicas, reconoce: “estamos en un proceso de ajuste, de tránsito, y todavía no se puede decir si el impacto va a ser este o aquel. Uno puede alertar porque está monitoreando críticamente la realidad.
“Por un lado, la voluntad política es mucho más visible, hay una mayor atención a las situaciones de vulnerabilidad. Por el otro, hay procesos sistémicos, como la reproducción de las desigualdades, y son muy difíciles de modificar desde una visión asistencialista. El impacto de la covid-19, el desabastecimiento, los altos precios, ponen cada vez más complicadas las cosas para estas personas vulnerables que venían arrastrando situaciones de precariedad”.
Rodríguez Rodríguez coincide en que Cuba es un país bastante asistencialista y advierte que las prestaciones monetarias no son vitalicias ni duraderas. Sin embargo, quienes las reciben, como adultos mayores, discapacitados graves, madres de hijos con discapacidad severa, mantendrán esas condiciones por tiempo prolongado. No obstante, el presupuesto de la asistencia social no es infinito y hay que ser muy rigurosos en la aprobación de las personas y núcleos protegidos. Hay que tocar las puertas de los más necesitados.
Mover las conciencias
A las personas y núcleos vulnerables les urgen respuestas rápidas. El trabajo en las comunidades debe enfocarse en la prevención
Yaumara Duarte Camacho explica su situación a Pedro Pablo Fundora Linares, directivo de Trabajo en Marianao.
Jacinta Mayra Alfonso Pérez es de esas personas que tienen un hablar mesurado y tan humilde que uno se pregunta si cayó de otra galaxia. El trabajo de toda su vida fue hacer labores domésticas y luego cuidar de sus viejos hasta que murieron. Primero el padre, y hace tres años la mamá, que tenía entonces 98 abriles.
Jacinta subsistió gracias a las pensiones de jubilación de ellos. Cuando quedó sola con la madre, sobre todo en los últimos años, el dinero comenzó a faltar en la casa, entonces ella tuvo que lavar y planchar para la calle, limpiar casas, y hacer cualquier trabajo honrado que les diera un sustento. Vecinos y amistades las ayudaban. Pero al quedarse sola, a Jacinta los años se le vinieron encima.
“Ya estoy vieja y me siento cansada. Por eso el 24 de diciembre pasado fui a ver a Yesenia, la trabajadora social, para solicitarle ayuda. Luego en varias ocasiones me visitó. Aquí traigo un papel firmado por ella: ‘presentarse en la dirección municipal de Trabajo del Cerro para recibir una prestación monetaria. Ver a Araís’. Pero estoy muy nerviosa porque se me extravió el carné de identidad, y no tengo dinero ni para comprar los sellos, aunque aquí ella puso el número del carné”.
Jacinta había llegado tempranito a la dirección de Trabajo, y coincidió en el lugar con el equipo de BOHEMIA. La anciana marcó en la cola y, mientras esperaba que abrieran, nos contó parte de la historia de su vida. En cuanto Bárbara Fundichelli Ruiz, directora en funciones del municipio de Trabajo y Seguridad Social del Cerro se presentó, echó un vistazo al papel, y sugirió ir a ver a Aráis de las Mercedes Sotomayor, especialista de Asistencia Social.
Sin ver siquiera la citación, Aráis respondió exaltada, que si esa persona no tenía carné de identidad, ella no podía atenderla. Ante la negativa, Jacinta salió inmediatamente a tramitar el documento de identidad.
Sin embargo, Jacinta sí había presentado su solicitud desde el 24 de diciembre y reunía todos los requerimientos: anciana sola, sin familiares obligados a prestar ayuda, vulnerable económicamente. Entonces, ¿por qué no había recibido el cheque que se orientó entregar a personas como ella? Era obvio una violación de los procedimientos normados en el Decreto 25 del Consejo de Ministros para la caracterización, presentación y aprobación de las prestaciones de la asistencia social.
Al comentarle sobre tales irregularidades, la especialista del Cerro contesta: “las personas hablan sin saber… todo lo que dicen no es cierto…, los trabajadores sociales para quitarse a la gente de encima las mandan para aquí”.
Como pudo corroborarse después, cuando la funcionaria calmó un poco el ánimo y buscó en su laptop, Jacinta Mayra no estaba dentro de los nuevos casos aprobados para recibir una prestación de la asistencia social. Araís no tenía el registro de los casos vulnerables que se levantaron a finales de diciembre o principio de enero. Ni los aprobados, ni los denegados. Jacinta Mayra sencillamente no estaba registrada en ningún lado, era como un fantasma, que solo se hizo visible con la citación que le entregara la trabajadora social y que muchos ojos vieron.
Bárbara Fundichelli Ruiz, directora en funciones de Trabajo y Seguridad Social reconoció que el caso de Jacinta Mayra Alfonso Pérez no aparecía en ninguno de los documentos registrados en el municipio de Cerro.
Según Fundichelli Ruiz, en el Cerro se recibieron 105 solicitudes de casos vulnerables económicamente y fueron aprobados 71. En ninguno de los casos, aparecía ese nombre. Por teléfono, la funcionaria citó a la jefa del consejo popular y a la trabajadora social para la dirección municipal en horas de la tarde.
Poco después, ese mismo día, Fundichelli Ruiz comunicó a los reporteros que, efectivamente, a Jacinta Mayra se le hizo la caracterización el 24 de diciembre de 2020 y sí procedía otorgarle el beneficio de la asistencia social. Ahora, sobre las razones por las que no se le había dado el cheque como vulnerable en enero, y por qué no estaba en el registro de la especialista que lleva la asistencia social en el municipio no dijo una palabra.
En este mismo territorio, BOHEMIA visitó otros casos que fueron favorecidos con la ayuda del presupuesto estatal. Incluso uno de estos, Ana Belkis Callejón Echevarría, reconoció que no había solicitado la prestación asistencial. “Fue la trabajadora social la que tocó a mi puerta para hacerme la caracterización, y luego informarme que había sido aprobada”.
¿Clasifican?
Yarolis Rodríguez García y su esposo Gustavo de Armas Carles tienen cuatro hijos menores, incluido un bebé de dos años. Antes de nacer el varón, ella trabajaba como auxiliar pedagógica en el círculo Pequeños Constructores de Ciudad Libertad, en Marianao.
Gustavo lleva casi dos décadas de chofer en la Empresa Correos de Cuba, y desde hace algún tiempo en la dirección de Logística de la vicepresidencia del Grupo Empresarial. Su salario subió a 2 460 pesos con la implementación del proceso de ordenamiento monetario. Como la mayoría de los trabajadores estatales, en diciembre recibió un anticipo de 1 000 pesos para poder solventar los gastos de la canasta de alimentos, asociado al incremento de precios. También disfrutó de vacaciones. En enero le descontaron ese préstamo, y por supuesto cobró solamente 15 días trabajados.
“Fue una situación muy dura, porque lo que gané no me alcanzaba para nada”. Por tal motivo, Gustavo se dirigió a la dirección municipal de Trabajo de Marianao y lo atendió un funcionario que, en plena escalera de entrada, le respondió a su solicitud de ayuda: “si hiciste una familia tan grande, tienes que mantenerla, es tu maletín. Además, tu esposa está en edad laboral”. Y punto.
Yarolis alega, “estoy dispuesta a trabajar, pero cómo hacerlo con las escuelas cerradas por la enfermedad y un bebé sin círculo infantil. Son cuatro menores a cuidar y no tengo con quien dejarlos. Fui a la dirección de Trabajo y me mandaron para 116 y 41, donde están los trabajadores sociales del consejo popular; cuando expliqué mi caso, solicitando una ayuda eventual de la asistencia social hasta que pueda laborar, me tomaron los datos. Pero el trabajador social que me atendió dijo que yo no ‘clasificaba’. Imagínese, el salario de mi esposo no hay manera de estirarlo, los precios se han disparado, a duras penas podemos sacar los mandados”, asegura visiblemente perturbada.
De acuerdo a lo que establece la Resolución 47 del MTSS, a este caso le correspondería una prestación de 2 000 pesos, para compensar la insuficiencia de ingresos. Aún sin respuesta, el tiempo sigue corriendo y las necesidades de esta familia in crescendo.
A Yaumara Duarte Camacho, el director de Trabajo y Seguridad Social de Marianao, Pedro Pablo Fundora Linares, desde el 11 de febrero del año en curso indicó otorgarle una prestación monetaria complementaria. El 6 de abril, cuando conversamos por teléfono con Yaumara, seguía penando porque no le habían otorgado la ayuda económica.
Aunque ella está en edad laboral, tiene un rosario de padecimientos: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal, diabetes, hipertensión arterial. “Ojalá tuviera salud para trabajar. Fui peluquera muchos años, pero no los suficientes, ni tengo la edad tampoco que se requiere para recibir una jubilación. Mi hijo cobra un salario mínimo porque es custodio, pero tiene dos hijos que mantener y me puede dar bien poco para sobrevivir.
“Desde finales de diciembre pasado comencé a hacer los trámites. Después del encuentro con el director municipal de Trabajo y Seguridad Social, a mediados de febrero, le entregué a la trabajadora social de mi Consejo Popular Pogolotti, los certificados médicos y la carta del centro de trabajo de mi hijo avalando sus ingresos. Pero no ha habido respuesta. Sigue el peloteo y el maltrato”, afirma Yaumara.
Ante situaciones como estas, Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), insiste, “la persona que necesita del apoyo de la asistencia social no es para dentro de tres meses, generalmente las situaciones que se dan son urgentes, emergentes. Y eso requiere un proceder expedito, sin trabas, sin burocratismo, lo más rápido posible”.
Eslabones imprescindibles
A juicio de Irina Torres Folgado, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social de la dirección de Trabajo y Seguridad Social en La Habana, uno de los problemas de la capital es que “no tenemos una fuerza suficientemente profesional para el desempeño de estas actividades. Contamos con más de 1 000 trabajadores sociales en el territorio, y el reto que tenemos es lograr profesionalizarlos. En la medida que una provincia tenga mejores profesionales, menos asistencia social tendrá que darse. La esencia es la prevención y el trabajo social, no la asistencia.
“Ahora mismo, hay un programa que la Universidad de La Habana está haciendo para graduar trabajadores sociales en un técnico de nivel medio superior. Eso puede salvar un poco los problemas. Pero los resultados los vamos a tener dentro de años. Creo que hemos perdido mucho tiempo”.
En la capital, sostiene la subdirectora, hay municipios que tienen un mejor desempeño, y cita a Diez de Octubre, Playa, La Habana del Este y La Lisa. A propósito de desempeños loables, los trabajadores sociales del consejo popular número 2 en el reparto Siboney tocaron las puertas a las entidades que radican allí para incorporar a un grupo de jóvenes aptos para el empleo. “Ellos comenzaron a laborar en la Agricultura Urbana de la zona, en los cultivos tapados de Playa”, narra Reider Rodríguez Rodríguez, subdirector municipal de Prevención, Asistencia y Trabajo Social.
Para este directivo, “el trabajo social es una ciencia que debe llevar estudios universitarios. En Cuba no ha sido así. Este profesional tiene que saber de leyes, conocer de metodología y estar, sobre todo, empapado de la realidad.
“Pero tenemos un gran problema, y es la doble subordinación. Metodológicamente nos atiende la provincia y el MTSS, y quien nos paga y dirige es el Gobierno municipal. Entonces, cualquier tarea que haga falta, nos la asignan a nosotros. Y eso sale de la esencia de lo que es el trabajo social”, asevera.
En opinión de Delgado Cáceres, todavía falta mucho por hacer en ese terreno, para perfeccionar la labor que se realiza allí en las comunidades, donde la tarea más importante es la prevención. “El problema económico es solo una de las aristas del asunto. Temas como la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, el abandono, la violencia, no dependen de dinero”.
La directora del MTSS resalta el trabajo de prevención en las provincias de Villa Clara y Santiago de Cuba, donde se lleva la profesión en el corazón. “Porque este no es cualquier empleo, la vida del otro te tiene que importar para que te esfuerces en ayudarlo y prevenir lo que pueda pasar. Están las instituciones, las organizaciones políticas y de masas, tenemos el grupo de prevención.
“El presidente Díaz-Canel es quien chequea el programa de prevención social con todos los organismos implicados. ¡Ah!, pero vamos a ver por qué no funciona bien, y por qué no atajamos a tiempo los problemas. Tendremos que buscar otros mecanismos, transformar cosas, buscar el profesional que nos hace falta, y mover la conciencia de la gente”.
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