Al margen de cualquier dicotomía, no hay dudas de que el principal responsable en abonar lo pendiente es el imputado. La ley es clarísima en términos y “condiciones”
Esta no es la puesta en escena de principios del siglo pasado, cuando el teatro vernáculo llevó al Alhambra bonanzas de época y las tablas fueron espejo desde el título de la obra: Danza de los millones, la nombraban.
La de ahora, 2022, ni siquiera es una representación, sino la triste realidad que no concluirá en aplausos, a menos que desciendan los millones que hoy danzan arrítmicamente. Porque no hay quien le siga el paso a la impunidad que parece haberse establecido en la Oficina de Control y Cobros de Multas.
O sí hay, pero a paso tan lento que los más de 17 millones de pesos debidos a esa entidad significaban casi una quimera para gestores-cobradores. La semana pasada apenas lograron descender el monto en 46 000.00 pesos; la antepasada en 47 000.00.
A ese ritmo ―indica la calculadora― tardarían más de seis años. Y las probabilidades también indican que, para ese entonces, otras deudas habrían envejecido y la impunidad seguiría el bailable de los millones.
Que solo pudieran llegar a 193 deudores en la semana, de los más de 20 000 con cuentas pendientes, dice mucho de las complejidades de un asunto que ha merecido análisis en más de una ocasión.
Ya lo dijimos en el pasado Consejo Provincial que se hizo eco, a su vez, de lo abordado en varias reuniones sabatinas, donde el primer secretario del Partido en Ciego de Ávila ha insistido en el atraso en el cobro de multas que deben gestionar, asimismo, los organismos impositores. “Es una tarea de todos, no podemos seguir permitiendo lo mal hecho ni dando la imagen de impunidad”, dijo Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central.
Y, claro está, la suma rebasa las posibilidades de una plantilla de cobradores que ha mermado, como todas las plantillas de supervisores e inspectores, de ahí la necesidad de aumentar fuerzas. Sin embargo, la pregunta que se impone ya no es solo cómo y cuándo saldremos del adeudo, sino cómo llegamos a él.
De un lado está el apremio, pero del otro ha estado la permisividad. Se enfrentan en una puja que habla de economía y, sobre todo, de civilidad, de la carga simbólica de una obligación sin fecha de caducidad (pareciera tal cosa), dejada a la voluntad de infractores que, ya sabemos, en su mayoría no tienen tal voluntad.
En febrero de este año Invasor describía los intentos en Morón, donde la existencia de 12 cobradores imponía alternativas que iban desde la alianza con jefes de sectores de la Policía Nacional Revolucionaria, hasta informar al delegado de la circunscripción e involucrar a otros de los factores de la comunidad.
El hecho de que los mayores deudores pertenezcan a los municipios de Ciego de Ávila (con más de 13 millones de los 17 que se deben) y a Morón, demuestra que semejantes soluciones no han sido suficientes. O eficientes, amén de la falta de transporte, de direcciones mal puestas o de avileños que ya no están en las coordenadas de su carné de identidad.
No obstante, tampoco podríamos dar por sentado que las culpas se inclinen hacia un único lado de la balanza, pues en textos anteriores el diario Granma le ha puesto voz a infractores que denunciaban irregularidades a la hora de pagar, algunas inconcebibles.
Al margen de cualquier dicotomía, no hay dudas de que el principal responsable en abonar lo pendiente es el imputado. La ley es clarísima en términos y “condiciones”.
• Dice así el Decreto 30 del 2021, del Consejo de Ministros
Es decir, a estas alturas, más de 20 000 avileños tendrían que haber sido sometidos a los tribunales, a juzgar por lo dispuesto. Y esa también es una deuda contraída: hacer cumplir lo establecido. Se trata de una suma cuantiosa, cuyo destino va a las arcas de gobiernos que, al mismo tiempo, adolecen de presupuesto para emprender obras en beneficio de su gente.
Danza millonaria de bailadores que se pisan los pies.
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