El colega Charles Romeo compartió hace unos días su interesante texto “Crítica de la crítica económica pura”. (1) Estimulado por esa lectura, expresaré mi opinión acerca de cuán aguda debería ser la crítica económica en Cuba.
Supongamos que los políticos del país no “hicieran caso” a lo que dicen los economistas que se expresan en el plano “académico”. ¿Sería eso realmente un gran problema? No necesariamente.
Ello ocurre con frecuencia en otros países y, sin embargo, la política económica se diseña y se implementa, en no pocos casos, de manera exitosa. Por otra parte, el hecho de que el gobierno no le “haga caso” a algunos economistas “académicos” no significa que no le preste atención a lo que dicen otros economistas. Aunque no existe una definición unánimemente aceptada, en general se reconoce que un economista “académico” es el que se dedica fundamentalmente al desarrollo de la ciencia económica mediante la investigación y la docencia, con una práctica de análisis que, aunque pudiera estar relacionada con temas de las agendas de la política pública o del sector privado, no estaría esencialmente determinadas por ellas.
Las instituciones encargadas de las políticas económicas no se limitan a ser “consumidoras” de conocimiento científico, sino que también pueden ser grandes productoras de ese conocimiento. Para decirlo rápido, esas instituciones poseen sus propios economistas, en muchos casos con elevada calificación académica, aunque no se dediquen al trabajo académico. En realidad, esos economistas “propios” pudieran cumplir funciones distintas; algunos como asesores y otros directamente encargados de diseñar, seguir y evaluar las políticas. Adicionalmente, las instituciones gubernamentales involucran -de diversas maneras- a algunos economistas” académicos” en tareas relativas a las políticas públicas.
Existen ejemplos -incluyendo casos en Cuba- en que la producción de políticas públicas no solamente involucra la colaboración entre funcionarios y académicos, sino que el proceso también se “abre” a la sociedad civil. Por supuesto, no digo que eso opere así siempre ni en todas partes.
Hay dos aspectos en este breve comentario que deberían quedar aclarados desde el inicio, aunque aquí no se abordan en detalle. En cualquier caso, sugiero revisar la literatura disponible, que no es escasa. (2)
En primer lugar, el nexo entre investigación y políticas públicas no funciona, en general, de la manera en la que anhelan los científicos y las instituciones en las que estos trabajan, ni lo hace del modo en que lo proclaman los funcionarios.
No me refiero a la posibilidad de que el proceso de diseño de algunas políticas específicas pudiera haber incorporado la evidencia producida por la ciencia sobre temas concretos. Me refiero a la carencia de una “cultura” general en la que el funcionario, antes de adoptar una decisión de política pública, asuma como una necesidad y tenga la posibilidad de revisar la mayor cantidad posible de evidencia generada por la ciencia y que ello se haga de manera sistemática y en forma de diálogo público. Esa “falla” del nexo es más la norma que la excepción. En casi todas partes.
En segundo lugar, debería quedar claro que el conocimiento producido por la ciencia económica no es el único insumo intelectual que informa el proceso de construcción de las políticas económicas. El conocimiento empírico que no se encuentra teóricamente formalizado, la ideología, la religión, la ética, la solidaridad, y hasta el instinto político, son factores que intervienen en la definición de las políticas económicas.
Pudiera discreparse acerca de la pertinencia de algunos de esos factores, pudiera no “gustarnos” que varios de ellos formen parte del proceso o que alcancen preminencia, pero eso es menos importante que reconocer que todos esos factores intervienen en la formación de la política pública. Es un hecho verificable y existe abundante evidencia al respecto.
La “visión” como un problema de método
Las diferencias entre las “visiones” que pudiera tener un economista “académico” y un funcionario, incluyendo los dirigentes del país, es un asunto interesante. No se trata de que el economista “académico” tenga inherentemente una visión crítica y que el funcionario tenga una perspectiva menos crítica. No hay nada que impida que un funcionario pudiera adoptar una visión más critica que un científico. De hecho, no es raro que ello ocurra. Entre otras cosas porque pudiera existir una asimetría en la información en la que se basa la visión crítica de cada uno de esos actores. El funcionario pudiera tener más información de calidad que el economista “académico” y, por tanto, pudiera adoptar una “visión” más crítica respecto a los temas en discusión.
Las diferencias que existen respecto a la agudeza de una crítica ni siquiera se refieren a la percepción esencial de cada uno de esos actores, sino que se remiten casi siempre a un posicionamiento público, que no tiene que coincidir con lo que realmente se piense sobre algo. No es infrecuente que un político reconozca, en su fuero interno, la validez de una crítica aguda hecha por economistas “académicos”, incluso cuando los políticos no lo agradezcan ni de manera privada. La mayoría de las veces, la razón de Estado se impone y en ocasiones se reacciona “mal” en público contra una crítica que, internamente, pudiera haber sido asimilada.
Ciertamente existe una diferencia -como ha expresado el colega Charles Romeo- en cuanto a las formas disímiles que tienen un economista “académico” y un político para hacer el análisis de la realidad. Considero que es más una cuestión de método que de cualquier otra cosa. El economista “académico” debe utilizar métodos científicos (en esencia, comparar hipótesis con la realidad) y el político utiliza otros métodos que pueden ser efectivos para producir conocimiento, aunque no se utilice un método científico. La tradición, la lógica, la experiencia personal y la intuición son mecanismos válidos para producir conocimiento. Obviamente, también existen políticos que tienen entrenamiento científico.
“Hipercriticismo”: ¿descalificación o distinción?
Pudiera hacerse una segunda pregunta: ¿existen oportunidades en Cuba para enmendar las “fallas” del nexo entre ciencia y políticas públicas de modo tal que permita avanzar hacia una “cultura” más “científica” del proceso de políticas económicas si primero no se reconoce la legitimidad y si no se ofrecen espacios “seguros” para hacer una crítica económica despiadada?
Utilizo el término “despiadada” en el sentido en que lo empleó Marx cuando se refirió a “la crítica despiadada de todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer los resultados a los que conduzca como en el de no temerle al conflicto con aquellos que detentan el poder”. Marx hizo una referencia específica a la Filosofía, pero la afirmación es válida para cualquiera de las ciencias sociales.
Lo que expresó Marx parecería corresponderse con lo que algunos pudieran identificar como “hipercriticismo” en los marcos del debate político cubano. Es un término que se utiliza de manera nebulosa en las discusiones, casi siempre para descalificar al receptor del epíteto, pero considero que la mayoría de las veces lo del “hipercriticismo” en realidad se aproxima a lo que Marx consideró como crítica despiadada y por lo tanto no habría que tomarlo de manera negativa.
En el contexto del debate económico actual en Cuba, ¿es el “hipercriticismo” algo que descalifica a un economista o que -por el contrario- lo distingue como analista?
Por supuesto que no existe una respuesta universal, pero pudiera ser conveniente precisar que, desde la perspectiva de la función esencialmente crítica de las ciencias sociales, no tiene sentido la utilización del término “hipercriticismo” con el objetivo de denostar a un analista.
La crítica despiadada es parte del avance de la ciencia. Contribuye a descartar teorías y posiciones sobrepasadas por la realidad y favorece la producción de nuevo conocimiento, y eso es muy importante. Es precisamente algo que tendría que ser positivamente valorado por quienes se supone que deberían utilizar la ciencia para estar en mejores condiciones de tomar decisiones fundamentadas en la evidencia. De nuevo, no se trata de que se tome en cuenta solamente la ciencia. Se sabe que ello no va a ocurrir dada la propia naturaleza multifactorial del proceso de producción de las políticas públicas, pero mientras más opciones apoyadas en la evidencia pueda consultar un funcionario, en mejor posición se encontrará para tomar decisiones acertadas.
Cuando los temas políticos parecen ser temas económicos
Paso ahora a la cuestión de los temas económicos y los temas políticos e ideológicos. Naturalmente, existen diferencias entre ellos en el marco de un análisis, pero también existe una interrelación entre ellos que debe ser forzosamente considerada.
La noción de que los economistas en Cuba se concentran en los temas económicos y en sus “tecnicismos”, sin prestarle la atención requerida a su posible relación con los temas políticos e ideológicos es una noción problemática y lo es en un doble sentido.
Por una parte, la ideología no está separada de la economía. Muy por el contrario, la ideología se encuentra “incrustada” en el proceso de preferencias teóricas y metodológicas de los economistas. La “atribución de valores” que es inherente a todo proceso de análisis económico existe con anterioridad al propio análisis y ello es el resultado, principalmente, de la existencia de visiones ideológicas en quien hace el análisis, aunque ello no se asuma explícitamente como tal.
Un aparente “tecnicismo”, como pudiera ser la preferencia de un economista por utilizar el índice de Palma en vez del índice de Gini para medir la desigualdad pudiera expresar perspectivas ideológicas diferentes. El índice de Palma “visibiliza” mejor el hecho de que el problema de la desigualdad es, esencialmente, un problema de concentración del ingreso en uno de los extremos de la distribución y de pobreza en el otro extremo. Por tanto, la solución del problema se aproxima más a las variantes de “expropiar” en un extremo para “empoderar” en el otro, es decir, una visión relativamente “radical” de la distribución del ingreso, vista desde el ángulo de la ideología.
Por otra parte, hay temas abordados directamente por los economistas, los cuales se asumen convencionalmente como temas económicos cuando en realidad son, por su propia naturaleza, temas políticos. Hay temas como el salario, los precios, la tasa de cambio, la desigualdad y la pobreza donde eso es muy evidente.
Todos y cada uno de esos temas se refieren al poder económico y político, o sea, a las condiciones de poder que explican esos fenómenos y a las modificaciones que deben o que pueden ocurrir en el poder como parte de la dinámica de esos fenómenos. Son temas políticos por “derecho propio”. No tiene sentido considerarlos meramente como temas de una esfera (económica) que pueden tener un efecto en otro plano distinto (político). Un salario que no cubre el costo de la canasta básica no es simplemente un tema económico que pudiera tener un posible efecto político (desilusión, descontento o protesta). Es un tema directamente político porque se explica por el funcionamiento de una relación de poder. Los pobres no son pobres por casualidad sino por causalidad. Una causalidad que está anclada en relaciones de poder.
Esa supuesta separación de lo económico respecto a lo ideológico y lo político, que se alega que hacen los economistas “académicos” en Cuba, tiene el efecto paradójico de que tiende -por la vía del matraqueo político- a convertirse en una “auto profecía” porque le crea obstáculos a los economistas para que puedan integrar lo político y lo ideológico en el análisis.
No es infrecuente en el debate ver casos en los que cuando un economista “se pone muy político” en sus análisis le caen railes de punta en cuanto a los calificativos que se les endilgan, siendo el de “hipercrítico” uno de los más comunes.
Todo juicio sobre un “exceso” de crítica económica presupone un rasero de corrección política. Funciona, primero, como un mecanismo de autocensura analítica: el “incentivo” para no atreverse a abordar ciertos temas o para que cuando estos se aborden, se pueda llegar solamente hasta un punto. Funciona también como un “correctivo” pues cuando el análisis se “pasa de la raya” se desata un mecanismo para imponerle costos al supuesto ejercicio de “hipercriticismo”.
La expansión del sector privado nacional como una “contradicción” entre economistas y funcionarios: ¿en serio?
El tema del sector privado nacional que el colega Charles Romeo introdujo en su texto es un caso propicio para evaluar este asunto. Mi comentario inicial, que es algo que siempre repito, es que la separación que existe entre la intención de expandir y mejorar el sector privado nacional y el relativo inmovilismo que existe en la realidad, no es principalmente una contradicción entre las ideas de un grupo de economistas y las posiciones de los funcionarios.
En lo esencial es una contradicción entre los funcionarios y la propia política oficial. El Informe Central del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se refirió a la creación del marco legal adecuado para el funcionamiento de la empresa privada nacional. Más de dos años después se sigue “sin novedad en el frente”, pero eso nada tienen que ver con posibles discrepancias entre economistas y funcionarios.
Si a algunos les pareciera que la decisión de legalizar la empresa privada nacional pudiera haber sido de una propuesta de economistas “hipercríticos”, supongo que deberían tomar nota de que el PCC estuvo de acuerdo con eso, al menos públicamente. Desde ese momento ha sido una idea políticamente institucionalizada y no una mera elucubración académica. A estas alturas, tratar de polemizar con economistas para intentar “descolocarlos” con ese tema, es una invitación a perder el tiempo.
Otro ángulo desde el que a veces intenta estigmatizarse la llamada “hipercrítica” económica es manufacturando una supuesta inclinación “neoliberal” debido a la manera “dura” con la que se evalúa el sector estatal y por la alegada inclinación de los economistas “hipercríticos” a favorecer el sector privado. Mi comentario fundamental es que la “dureza” con la que se ha tratado el sector estatal, incluyendo la significativa reducción del número de empleados estatales, el cierre de empresas y el desmantelamiento programado de ramas de la economía, no salió de la “hipercrítica” económica sino de una necesidad. Hay datos de sobra sobre el tema en las propias publicaciones oficiales.
Cuando se dice que la “hipercrítica” económica “defiende” el sector privado, supuestamente sabiendo que eso tendría un impacto social, político e ideológico negativo para el socialismo, se soslaya el hecho de que el sector privado nacional -que es cosa de la realidad y no una entelequia- es el único sector de propiedad en Cuba que ha estado creando empleo neto y que genera ingresos para una parte no despreciable de la población. Todo eso es muy importante desde el punto de vista de la estabilidad política y social, y por tanto también desde una perspectiva de seguridad nacional. No es difícil entender que la reforma del socialismo en Cuba y el funcionamiento de un sector privado nacional son dos componentes de un mismo proceso.
¿Dónde se necesita una crítica económica (muy) despiadada en el debate en Cuba?
Existen varios temas económicos con una dimensión política muy sobresaliente que parecerían ser exactamente los problemas de política económica que necesitarían una crítica económica despiadada. Por mencionar solamente cinco problemas:
- Salarios y pensiones
- Pobreza
- Desigualdad
- Devaluación del peso cubano (CUP)
- Sistema empresarial
¿Existe evidencia para decir que la crítica económica realizada hasta ahora en estos casos ha sido una crítica despiadada?
Personalmente no logro identificar tal tipo de evidencia.
Ninguno de esos cinco problemas puede ser criticado decisivamente por los economistas -incluso ni de manera muy moderada- si no se utilizan datos y si no se incorpora el análisis político. Los cinco problemas mencionados deben ser medidos para saber si las políticas aplicadas para resolverlos registran progresos, algo muy importante debido a que son problemas que tienen relaciones muy directas con cuestiones del poder.
¿Cuánto ha crecido la desigualdad en Cuba en los últimos diez años? ¿Cuántas personas son hoy más pobres desde esa fecha? ¿Cuántos “nuevos ricos” hay? ¿Son estos una clase social? ¿Una clase con poder e influencia política?
Son preguntas que cada uno parecería estar respondiendo en el debate con lo que le mejor le parezca. No hay datos oficiales “abiertos” para validar lo que se afirma.
Se trata de temas acerca de los cuales no existe la información básica suficiente, con acceso abierto, para hacer los análisis económicos, sociales y políticos, que pudieran enriquecer un debate económico de calidad que debería beneficiar los procesos de toma de decisiones relativos a cuestiones importantes para la vida diaria de los ciudadanos.
Datos básicos como el estimado oficial del valor de la canasta básica de consumo, el nivel de pobreza, los índices de desigualdad, la tasa de cambio de equilibrio del peso cubano, la productividad de las empresas, las tasas de ganancias empresariales, y los resultados de las encuestas oficiales sobre disimiles temas económicos, sociales y políticos, son -entre muchos- los datos de los que no disponen libremente los economistas “académicos” en Cuba para estudiar la realidad nacional.
Una sugerencia final
Parecería que existiera un particular empeño en obstaculizar que se haga un análisis económico de calidad en el país. El problema es que cuando se intenta hacer un debate público en un contexto caracterizado por carencias de conocimiento, inmediatamente la charlatanería tiende a invadir el espacio del conocimiento.
Pudiera ser que el escamoteo de datos económicos -y las relaciones de poder que sostienen ese estado de cosas- fuese un buen lugar para hacer una crítica económica despiadada. Parece ser un buen tema para ponerse “hipercríticos”.
Notas
2 Probablemente algunos de los estudios más conocidos son “¿Cuál es la evidencia de la política basada en la evidencia?, un estudio producido por 50 expertos de 18 países (Kirsty Newman, Antonio Capillo, Akin Famurewa, Chandrika Nath and Willie Siyanbola (editors), “What is the evidence on evidence-based policymaking? Lessons from the International Conference on Evidence-Informed Policymaking”, INASP, 2012 https://www.inasp.info/sites/default/files/2018-04/what_is_the_evidence_on_eipm.pdf ); “La política de la evidencia basada en la investigación en los debates sobre política en África” (Emma Broadbent, “Politics of research-based evidence in African policy debates. Synthesis of case study findings”, Overseas Development Institute, June 2012 https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9118.pdf ); “La política de la evidencia y de los resultados en el desarrollo internacional” (Rosalind Eyben, Irene Guijt, Chris Roche and Cathy Shutt (eds.), The Politics of Evidence and Results in International Development: Playing the Game to Change the Rules. Rugby: Practical Action Publishing, 2015 http://bigpushforward.net/archives/2485 ); y “¿Cuál es el impacto de la investigación en el desarrollo internacional” (What is the evidence on the impact of research on international development?, DFID, UK, July 2014, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a089aced915d622c000343/impact-of-research-on-international-development.pdf) Existe otro estudio de interés publicado recientemente: Ruth Mayne, Duncan Green, Irene Guijt, Martin Walsh, Richard English & Paul Cairney, “Using evidence to influence policy: Oxfam’s experience”, Palgrave Communications, volume 4, Article number: 122 (2018), October 2018, https://www.nature.com/articles/s41599-018-0176-7
