“Mientras las producciones locales no cumplan los parámetros de calidad requeridos continuaremos engrosando inventarios, gastando materias primas y presupuestos, e incluso, cumpliendo planes físicos; pero no habremos resuelto los problemas constructivos de la población”.
Así se expresó el diputado camagüeyano Miguel García al intervenir en los debates de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, la cual analizó, en su segunda jornada de trabajo, los resultados de la producción local de materiales y su incidencia directa en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo.
Dijo además que persisten “las dificultades en el acceso a los medios de protección de los trabajadores y las irregularidades con los instrumentos de medición, planteamientos que todavía no han tenido una respuesta efectiva”.
Pese a estos escollos, Tomás Vázquez, jefe del Grupo Nacional de Producción Local y Venta de Materiales, perteneciente al Ministerio de la Construcción (Micons), habló sobre los avances del programa en el 2015, el cual “constituye una de las fuentes principales para la fabricación de viviendas por esfuerzo propio, incluyendo los subsidios, además de tributar a la reparación y mantenimiento de instalaciones sociales en los territorios”.
De acuerdo con los resultados de la VII Evaluación Nacional al Programa, efectuada en los meses de septiembre y octubre de este año, todas las provincias y la mayoría de los municipios alcanzan mejoras. Ello ha permitido que el 2015 cierre con unos 30 millones de bloques fabricados y alrededor del millón de metros cuadrados de piso, aseguró Tomás Vázquez, quien a su vez reconoció que la calidad continúa siendo una tarea pendiente.
También aludió a la creciente incorporación de los trabajadores por cuenta propia, lo cual ha diversificado los surtidos y destacó la fabricación de piezas y conexiones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, que si bien no tienen un acabado óptimo, ya rebasan los dos millones de unidades.
Pero más allá de estas apreciaciones generales, persisten deficiencias que limitan el desarrollo de la producción local de materiales, especialmente en los 17 municipios que fueron evaluados de mal.
A juicio de Vázquez, “no siempre las autoridades de los territorios le prestan la atención debida al programa; los sistemas empresariales de los Consejos de la Administración Provinciales se encuentran, en gran medida, descapitalizados y, desafortunadamente, la cadena de comercialización minorista no ha avanzado en su organización al mismo ritmo en que han crecido las capacidades productivas”.
De igual forma, insistió en la responsabilidad de las tiendas, como centros de la venta de materiales, para asumir el control y exigencia por el cumplimiento de lo establecido. “Ellas están en condiciones de detectar y denunciar cualquier ilegalidad o indisciplina. Para lograrlo, sin embargo, resultan imprescindibles la aplicación de sistemas de pago diferenciados a los trabajadores que laboran allí y sobre todo, la selección rigurosa del personal”.
Durante la jornada también se presentó un informe sobre las fiscalizaciones efectuadas por la Comisión, la cual visitó ocho provincias y 33 municipios del país. Y si bien sus apreciaciones coincidieron, en la mayoría de los casos, con los resultados de la VII Evaluación Nacional, el diputado Santiago Lajes, su presidente, alertó sobre la necesidad de comenzar a medir el desarrollo del programa por las obras terminadas, en aras de hacer más objetivos los análisis.
Por su parte, Pedro Astraín, en representación de Mayarí, municipio de Holguín, manifestó su preocupación por la proliferación de las cubiertas ligeras, en extremo vulnerables por sus propias características y las violaciones técnicas.
Propuso, por ello, valorar soluciones más apropiadas, en correspondencia con las particularidades de cada lugar.
La necesidad de proteger a las personas subsidiadas fue el tema expuesto por la diputada santiaguera y vicepresidenta de la Comisión, Magda Pérez. Al respecto, René Mesa, ministro del Micons, recalcó que “la prioridad dentro de la comercialización corresponde a las personas con subsidios aprobados y no es posible que, existiendo los materiales, se les dé otro destino”. Reiteró, además, la necesidad de ofrecer asesoramiento técnico y seguimiento sistemático a estas obras, en pos de garantizar que los recursos del Estado tengan el uso previsto.
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