Joseph E. Stiglitz, Dean Baker and Arjun Jayadev
Project Syndicate,
Cuando el gobierno sudafricano intentó enmendar sus leyes en el año 1997 con el propósito de recurrir al uso de medicamentos genéricos asequibles para el tratamiento del VIH/SIDA, todo el poder legal de la industria farmacéutica mundial ejerció presión sobre este país, retrasando la implementación y causando un alto costo humano. Sudáfrica finalmente ganó su caso, pero el gobierno aprendió la lección: no volvió a intentar poner la salud y el bienestar de sus ciudadanos en sus propias manos al desafiar al régimen mundial convencional que gobierna la propiedad intelectual (PI).
Esto fue cierto hasta este momento. Al presente, el gabinete sudafricano se prepara para definir una política de propiedad intelectual que promete ampliar sustancialmente el acceso a los medicamentos. La Sudáfrica de hoy en día, sin lugar a dudas, enfrentará toda clase de presiones bilaterales y multilaterales a ser ejercidas por los países ricos. Sin embargo, el gobierno está en lo correcto, y otras economías emergentes y en desarrollo deberían seguir sus pasos.
En las últimas dos décadas, se ha tenido una resistencia importante proveniente del mundo en desarrollo en contra del actual régimen de propiedad intelectual. En gran parte, esto se debe a que los países ricos han intentado imponer un modelo único para todos en el mundo, al influir en el proceso de reglamentación en la Organización Mundial del Comercio (OMC) e imponer su voluntad mediante acuerdos comerciales.
Los estándares de propiedad intelectual que los países avanzados prefieren típicamente se diseñan para maximizar los beneficios de las grandes compañías farmacéuticas y de otros que pueden controlar e influir en las negociaciones comerciales, en vez de diseñarse para maximizar la innovación y el progreso científico. No causa sorpresa, por lo tanto, que los grandes países en vías de desarrollo con bases industriales de importancia – como por ejemplo, Sudáfrica, India y Brasil – lideren el contraataque.
Estos países están principalmente apuntando a la manifestación más visible de injusticia de la propiedad intelectual: la accesibilidad a los medicamentos esenciales. En la India, una enmienda del año 2005 creó un mecanismo único con el propósito de restablecer el equilibrio y la equidad para patentar normas, salvaguardando de esa forma el acceso. Al haber superado varias impugnaciones en procesos nacionales e internacionales, se ha determinado que la ley cumple con los estándares de la OMC. En Brasil, la acción temprana por parte del gobierno para tratar a las personas con VIH/SIDA dio lugar a varias negociaciones exitosas, lo que redujo considerablemente los precios de los medicamentos.
Está plenamente justificado que estos países se opongan a un régimen de propiedad intelectual que no es ni equitativo ni eficiente. En un trabajo académico nuevo, revisamos los argumentos sobre el rol de la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo. Mostramos que de manera preponderante la evidencia teórica y empírica indica que las instituciones económicas y las leyes que protegen al conocimiento en las economías avanzadas de hoy en día son cada vez más inadecuadas para gobernar la actividad económica mundial y son poco adecuadas para satisfacer las necesidades de los países en vías de desarrollo y de los mercados emergentes. De hecho, son perjudiciales a las necesidades humanas básicas, como ser la atención médica adecuada.
El problema central es que el conocimiento es un bien público (mundial), tanto en el sentido técnico que indica que el costo marginal de que alguien lo use es cero, como en el sentido más general que señala que un aumento en el conocimiento puede mejorar el bienestar a nivel mundial. Ante esto, la preocupación ha sido que el mercado vaya a proveer una cantidad escasa de conocimientos, y no se incentive adecuadamente la investigación.
A lo largo del siglo XX, las creencias populares indicaban que esta falla del mercado se podía corregir mejor introduciendo otra falla: los monopolios privados, creados a través de patentes rigurosas que se aplicaban estrictamente. Sin embargo, la protección privada de la propiedad intelectual es solo una ruta para resolver el problema del fomento y financiación de la investigación, y ha sido una solución más problemática de lo que se esperaba, incluso en el caso de los países avanzados.
Un “matorral de patentes” cada vez más denso en un mundo de productos que requieren miles de patentes a veces ha sofocado la innovación, y en algunos casos se ha gastado más en abogados que en investigadores. Además, a menudo, la investigación no está dirigida a producir nuevos productos, sino a extender, ampliar y aprovechar el poder monopólico otorgado a través de la patente.
La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 2013 relativa a que los genes naturales no pueden patentarse ha proporcionado una prueba para determinar si las patentes estimulan la investigación e innovación, tal como los promotores de esta posición sostienen, o impiden dicha investigación e innovación al restringir el acceso al conocimiento. Los resultados son inequívocos: la innovación se ha acelerado, lo que lleva a mejores pruebas diagnósticas (para determinar, por ejemplo, la presencia de los genes BRCA relacionados con el cáncer de mama) a costos mucho más bajos.
Existen al menos tres alternativas para financiar e incentivar la investigación. Una es confiar en los mecanismos centralizados de apoyo directo para la investigación, como por ejemplo en los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos. Otra alternativa es descentralizar el financiamiento directo a través de, digamos, créditos fiscales. O, una tercera, un organismo gubernamental, una fundación privada o una institución de investigación que pueda otorgar premios por innovaciones exitosas (o por otra actividad creativa).
Se puede considerar al sistema de patentes como uno que adjudica premios. Pero, el premio impide el flujo de conocimiento, reduce los beneficios derivados de dicho premio y distorsiona la economía. Por el contrario, la alternativa final a este sistema maximiza el flujo de conocimiento, al mantener un espacio común creativo, un ejemplo de esta alternativa es el software de código abierto.
Las economías en desarrollo deberían utilizar todos estos abordajes para promover el aprendizaje y la innovación. Al fin y al cabo, los economistas han reconocido durante décadas que el determinante más importante del crecimiento – y, por lo tanto, de los avances en el desarrollo y bienestar humano – son el cambio tecnológico y el conocimiento que dicho cambio encarna. Lo que separa a los países en vías de desarrollo de los países desarrollados es tanto una brecha en el conocimiento como una brecha en los recursos. Para maximizar el bienestar social a nivel mundial, los encargados de formular políticas deberían alentar decididamente la difusión del conocimiento de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo.
Pero, si bien el argumento teórico a favor de un sistema más abierto es sólido, el mundo se ha estado desplazando en la dirección opuesta. Durante los últimos 30 años, el régimen de propiedad intelectual prevaleciente ha erigido más barreras al uso del conocimiento, lo que a menudo hace que se amplíe la brecha entre las ganancias sociales derivadas de la innovación y las ganancias privadas. Los poderosos grupos de presión de las economías avanzadas que han configurado ese régimen establecieron de manera clara que las ganancias privadas se encuentran en primer lugar, lo que se refleja en su oposición a las disposiciones que reconocen los derechos de propiedad intelectual asociados con los conocimientos tradicionales o la biodiversidad.
La adopción generalizada de una estricta protección de la propiedad intelectual que se lleva a cabo hoy en día también es una que históricamente no tiene precedentes. Incluso entre los primeros industrializadores, la protección de la propiedad intelectual llegó muy tarde y con frecuencia se evitó deliberadamente para permitir que la industrialización y el crecimiento acontezcan más rápidamente.
El régimen actual de propiedad intelectual no es sostenible. La economía mundial del siglo XXI diferirá de la del siglo XX en al menos dos maneras que son de crítica importancia. Primero, la importancia económica de las economías como la de Sudáfrica, India y Brasil será sustancialmente mayor. En segundo lugar, la “economía sin peso” – es decir, la economía de las ideas, el conocimiento y la información – representará, una parte cada vez mayor de la producción tanto en las economías desarrolladas como en las economías en vías de desarrollo.
Las reglas relacionadas con la “gobernanza” del conocimiento mundial tienen que cambiar para reflejar estas nuevas realidades. Un régimen de propiedad intelectual dictado por los países avanzados hace más de un cuarto de siglo, en respuesta a la presión política de algunos de sus sectores, es poco coherente en el mundo de hoy. Maximizar las ganancias para unos pocos, en lugar de maximizar el desarrollo y el bienestar a nivel mundial para muchos, tampoco fue algo muy coherente en aquel entonces – excepto en términos de la dinámica de poder de dicho momento.
Esas dinámicas están cambiando, y las economías emergentes deben tomar la iniciativa en la creación de un sistema de propiedad intelectual equilibrado que reconozca la importancia del conocimiento para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar. Lo que importa no es solo la producción de conocimiento, sino también que dicho conocimiento se use en maneras que se sitúe la salud y el bienestar de las personas por delante de las ganancias corporativas. La posible decisión de Sudáfrica sobre permitir el acceso a la medicina puede ser un hito importante en el camino hacia ese objetivo.
Traducción por Rocío L. Barrientos.
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