Foto: Raquel Pérez Díaz.
Capitulo1: Introducción
Se impone un concepto de partida: los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, emanados del reciente VI Congreso del PCC, significan un paso de avance ante el inmovilismo, una motivación para la actualización del modelo de gestión, un reacomodo ante los nuevos escenarios, una propuesta realista, alentadora -además de alertadora- y por ello son bienvenidos.
El autor preestablece esta piedra angular no por temor a que se le considere un analista hipercrítico o fiscalizador de lo recién aprobado, sino porque en medio de sus aportes, éstos dejan fundamentado su carácter inacabado y ajustable en el tiempo. Para ello, la propia Resolución que los pone en vigencia crea también, en su último párrafo, una “Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo” la que, entre otras obligaciones, deberá “…proponer la incorporación de nuevos Lineamientos…” con lo cual abre puertas para madurar propuestas como las aquí sugeridas. El diálogo previo al Congreso continúa planteado, mas debemos demostrar que ese intercambio no es solo adecuado sino, más aun, indispensable para el Hábitat cubano. A ello apuntan las ideas que siguen.
Capitulo 2: ¿Por qué no hay recursos suficientes para la vivienda?
“Porque no los hay tampoco para otras cosas importantes”, me ha contestado un ex alumno. La respuesta resulta irreverente, pero a la vez cierta y desprejuiciada como solo los jóvenes son capaces de proponer. No nos regodearemos en citar aquí datos económicos y estructurales, aportados por muchos expertos, que confirman en el ámbito teórico la pobreza que nuestros ojos ven y nuestros cuerpos padecen cada día. Cualquier análisis de la realidad cubana debe partir de ese presupuesto o fallará desde la base. La propia introducción a los Lineamientos describe este magro escenario, sin embargo, se destaca que el diseño del modelo centralizado vigente para la producción y gestión del hábitat en ocasiones pareciera olvidarlo. ¿Es acaso el Estado cubano una especie de cuerno de la abundancia que puede suministrar, permanentemente y en solitario, los cuantiosos recursos indispensables para reducir hasta eliminar el déficit habitacional acumulado? La Ciudad cubana de hoy prueba que ese empeño lo desborda.
Estamos ante un modelo autoritario y centralizado cuya viabilidad económica, equidad social, apropiación cultural y sostenibilidad ambiental presentan importantes disfunciones, acentuadas después de la crisis de los 90. A la ineficiente gestión, que gravita como una de las causas y no como su consecuencia, se une el impacto de la pobreza material. Ello ha lastrado el sector de la vivienda durante varias décadas; su inoperancia acumulada es comprobable en el deterioro de las ciudades y la declinación de algunas estadísticas del hábitat. El enfoque dado a la solución del déficit se caracteriza por la casi total dependencia de recursos no locales y la escasez de iniciativas sostenibles para reducirlo. Esa vocación por “lo externo” lo ha hecho mucho más vulnerable ante las carencias inducidas por las restricciones y agresiones al comercio exterior cubano. Resulta llamativo que el mismo proceso de gestión que garantiza la propiedad privada sobre el resultado final -la vivienda- no alienta la participación masiva de actores no estatales en su producción. La pasividad ha aplanado voluntades lo que ha llegado a introducir deformaciones que ya son parte del ideario popular de los necesitados donde es común escuchar: “¡me dieron casa!», aunque el nuevo residente haya participado larga y duramente como microbrigadista en la construcción y su aporte se originara en el plus trabajo de sus compañeros de labor.
El modelo vertical vigente fue concebido desde las estructuras estatales de los años 60 reservando para sí la casi total responsabilidad de la solución y la relativa exclusividad de la producción dentro de un tema que involucra a todos, por extenso y masivo. Ello sigue ocurriendo pese a que la Constitución de la República no obliga al Estado a garantizar una vivienda a cada familia, sino declara que éste trabaja para que cada cual alcance una vivienda confortable. La vivienda es, probablemente, el tema técnico-económico que más determina en la esfera sociopolítica y, junto a la alimentación, uno de los problemas sociales que más erosiona la buena gobernabilidad. Preocupa que, tras cuarenta y cinco años bajo un mismo diagnóstico, no se hayan encontrado soluciones para los recursos y se achaque el déficit solo a los actores involucrados en la vivienda de hoy porque, en muchos casos, han recibido una herencia tan restrictiva y rocambolesca que no han podido deshacerla. El cambio de modelo vendrá si en ellos cambia la comprensión del déficit y por ello los Lineamientos del VI Congreso deben enfocarse hacia allí.
Esa demanda insatisfecha de recursos merece un desprejuiciado análisis. ¿Cuáles son algunos de los precedentes y rasgos centralizadores que distinguen la actual situación de la provisión para la vivienda?
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1. Desde la primera versión de 1984 hasta su reformulación del año 2004, las leyes generales de la vivienda han incrementado su enfoque restrictivo del proceso de gestión. Los más de 180 reglamentos y regulaciones vigentes hoy, alienan la intervención masiva y decisoria de los actores de base, lo cual los hace muy vulnerables al libre albedrío de los más necesitados quienes, frustrados, terminan implementando respuestas inconsultas, ilegales y generalmente erróneas.
2. Esa misma secuencia legislativa ha cancelado o entorpecido gradualmente la facilitación de los procesos de gestión y manejo del hábitat a escala local o comunal.
3. La producción social del hábitat en Cuba no ha sido suficientemente abierta, inclusiva, extensiva ni sostenible aun cuando el déficit acumulado es grande.
4. La escasez de recursos locales es, básicamente, un resultado de la centralización de su producción y distribución. La vivienda, una “consumidora” enmarcada en el sector no productivo, ha tenido la permanente competencia de un sector productivo prioritario para las inversiones centrales, a la vez que no ha obtenido la liberalización de su producción local.
5. El concepto “recursos” se asocia básicamente con los materiales, dejando de lado los humanos y aun los financieros. El rol del “mercado” como herramienta reguladora y distribuidora de los recursos no es siquiera mencionado.
6. La industria de materiales de construcción no se enfoca a una escala local abierta, diversificada y en función del desarrollo sostenible. Los intentos de producción a este nivel han correspondido a la iniciativa de unos pocos gobiernos municipales y otros actores institucionales, quienes han liderado iniciativas locales que no se han multiplicado o generalizado a pesar de haber demostrado su validez en la práctica.
7. Los Gobiernos municipales y los Consejos Populares no administran financiamiento propio para invertir en la vivienda, ni siquiera cuentas bancarias desde donde gestionarlo y manejarlo. El Municipio no gobierna las variables financieras. Tampoco tiene autoridad para promover o decidir sobre otras inversiones en el hábitat. La banca no tiene una relación funcional o crediticia -activa y real- con esta escala de gobierno. El Sistema Empresarial no se aplica a este eje.
8. La vivienda no ha tenido siempre una prioridad alta y estable en los programas del Estado. Éste ha destinado recursos importantes a inversiones consideradas más apremiantes, aunque sobre todo los más necesitados consideren que la vivienda debería tener la máxima urgencia. La gravedad del déficit y su impacto visible sobre múltiples variables sociales y económicas indirectas les dan la razón.
9. El sector de la vivienda se descapitalizó de recursos humanos pues la construcción clasifica entre las ramas peor estimuladas en el país; también porque los especialistas y profesionales -a quienes progresivamente se les redujo la autoridad técnica- se sienten mejor al trabajar en sectores donde se les escucha, respetan sus decisiones profesionales o se les retribuye más.
10. La Microbrigada para la construcción de viviendas por autoesfuerzo perdió su diseño, misión y objetivo inicial, por lo que no clasifica ya entre los recursos humanos dedicados por entero al tema.
11. La variable sociocultural en la producción local de recursos sostenibles se ha desestimado. Importar e imponer tecnologías y materiales ha sido mejor atendido que promover o modernizar las tradiciones nacionales en diseños, recursos y técnicas para la vivienda. Ésta parece ser la brecha que separa al bambú exótico del guano de siempre y es una de las causas por las que la población no siempre se ha apropiado de su techo aunque la hayan hecho propietaria de él. Que le asignen como suya una casa no garantiza que la asuman con sentido de pertenencia, lo que comienza a deteriorarla desde la entrega misma.
12. El actual modelo de producción de recursos para la vivienda está desactualizado y se ubica muy distante del contexto donde se originó y sustentó originalmente. Es, por tanto, inarmónico y extemporáneo respecto a la demanda o los actuales potenciales del país. En opinión del autor, el modelo actual persiste en enfocar la vivienda como producto final y no al hábitat como un proceso continuo conducente a la mejoría de la calidad de vida, con lo que cada casa sigue entendida como gasto más que como inversión social.
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Escasez de recursos y soluciones probables.
En la publicación de Cuba al IV Foro Urbano Mundial de Naciones Unidas, en noviembre 2008, se describe nuevamente el ya viejo diagnóstico oficial del déficit:
“La principal limitante para el desarrollo de los programas de la vivienda en Cuba ha sido la insuficiencia de recursos materiales y financieros, agravados por los efectos del bloqueo económico, material y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica durante 48 años, que ha impedido el acceso a los mercados y créditos para la adquisición de materiales, productos y tecnologías”.
Aun faltándole variables ajenas a los recursos, como es la restrictiva madeja legal, demos por bueno ese dictamen para evidenciar la solución a la que apunta: generar los recursos necesarios al hábitat cubano bajo la menor dependencia externa. Respondiendo la pregunta de cómo sería posible alcanzar esta meta desde un escenario de pobreza, al menos rozando su gestión integral, descentralizada y sostenible, sería recomendable implementar -también completar con otros aportes- las siguientes veinticinco propuestas enfocadas holísticamente -como un proceso sistémico y no como acción aislada- a la provisión de los recursos materiales, humanos y financieros que hoy resultan indispensables al hábitat cubano:
Incrementar la producción, movilización y aprovechamiento de los recursos materiales.
1. Desarrollo local y movilización de recursos a todas las escalas.
De acuerdo con la Constitución de la República, el Estado central no está obligado dotar a todos de viviendas sino a trabajar por favorecer el proceso. Parece oportuno entonces que libere las fuerzas productivas más involucradas en la atención del déficit y cree las condiciones para que los actores locales -en provincias, municipios y barrios- asuman con autonomía el peso mayoritario de la gestión, producción y movilización de recursos dirigidos a la vivienda. Libre autogestión local sería la clave
2. Promoción local de un sistema empresarial y una industria estatal blanda para los materiales.
Pequeños talleres estatales, industrias recicladas (como las resultantes de la reconversión azucarera), industrias locales del Poder Popular y pequeñas empresas públicas municipales o barriales, deberán promover la producción y movilización de recursos locales que no puede atender la gran industria central. Incluirá el reciclaje de desechos y la producción de insumos tecnológicos -aparatos, herramientas, equipos para la pequeña mecanización-. La venta directa a la población es un prerrequisito para la movilización local y la accesibilidad a esos recursos a través de reglas de mercado socialista.
3. Socialización y extensión de tecnologías económicamente viables, ambientalmente sostenibles y culturalmente apropiables.
El inventario de las técnicas constructivas disponibles forma parte también de la reserva de recursos nacionales. La importación acrítica de tecnologías ajenas -sean alternativas o high tech- no evaluadas para el escenario cubano debe cesar y promoverse las que resultan cercanas al contexto, cultura, tradiciones, demandas y potenciales del país para introducirlas, sin ser impuestas, allí donde resulten adecuadas y viables.
4. Ampliar el sistema empresarial autogestionario y promover la pequeña y mediana industria no estatal de materiales de construcción enfocados a la vivienda.
El sector no estatal de la economía, en tanto actor irregular ya presente, deberá formalizarse y estimularse su potencial de pequeña y mediana industria para que contribuya a la producción y venta local de materiales. Los procedimientos deberán ser facilitadores y no restrictivos del proceso, lo cual no está reñido con su comprensible ordenamiento. Resulta indispensable que sean abastecidos de ciertos insumos por el Estado, tal como sucede hoy con otros productores locales.
Foto: Raquel Pérez Díaz.
5. Ajustar la economía de escala a la dimensión local de la industria de materiales y recuperar tradiciones, tecnologías y métodos de producción culturalmente apropiables.
Junto a la gran industria, con otros objetivos específicos que cumplir, prevalecerá la racionalidad que reconoce a la pobreza como un factor restrictivo y condicionante de la producción a la par que se estimulará la actualización de tecnologías locales que alguna vez ayudaron a reducir el déficit habitacional, desde fuera de los circuitos formales de producción. Serán bienvenidas también la tabla de palma, el barro y la cerámica, la madera del marabú, el tapial, el guano, la piedra labrada y cuanto recurso se sabe producir como acervo de la cultura arquitectónica local.
6. Liberación del mercado estatal de recursos y la libre importación, con fondos privados o públicos, en ambas monedas.
Los productores locales intermedios o las grandes empresas, los actores privados con ingresos en ambas monedas y demás involucrados que poseen fondos legales destinados al hábitat, deberán acceder fácilmente al mercado nacional de materiales y servicios a precios accesibles o, de ser preciso, a facilidades para la importación de insumos y equipamiento que éste no pueda garantizarles ahora.
7. Planeamiento, loteado, venta y traspaso de la Propiedad en parcelas urbanas estatales.
El suelo urbano es un recurso escaso, necesario y no renovable a corto plazo. La tierra urbana no puede ser regalada ni prestada. Es preciso facilitar su venta y propiedad a quienes asuman la construcción de viviendas por esfuerzo propio, lo cual no ha sido usual o siempre viable. Las entidades estatales y otras no privadas se someterán -también- a un mercado del suelo regulado por el Estado, regido y pre-diseñado por él a través de su sistema de planificación física.
8. Reanimación de la venta e intercambio de viviendas, terrenos y azoteas privadas.
Se recuperarán estas facilidades descritas en la Primera Ley General de la Vivienda, en 1984, y luego canceladas o entorpecidas. Su contribución al equilibrio de la demanda y la rotación de medios es muy positiva. Constituyen una herramienta muy útil en la densificación urbana, la optimización de la ocupación del suelo y la movilización total de los recursos locales, dinamizando su mercado.
9. Liberalización y flexibilización reglamentaria en la producción y manejo de los recursos.
Se facilitarán los procesos relacionados con la gestión producción y distribución de los recursos locales, generalmente presentes sin poder ser movilizados por motivos burocráticos o formales. No se proclama la desregularización a ultranza sino la flexibilización del tema, con lo que los gobiernos locales asumirán un rol protagónico y facilitador. Leyes, reglamentos y resoluciones deberán rediseñarse desde ópticas no restrictivas, que estimulen y movilicen también los recursos dirigidos a reparar o mantener el fondo habitacional existente. La justicia se hará presente ejerciendo su potencial represivo sólo sobre el incumplidor y no sobre el total de actores con iniciativas, forzando directamente al infractor y no a todo promotor-productor.
Foto: Raquel Pérez Díaz.
Promoción y gestión de los recursos humanos.
10. Promover la vivienda semilla, la vivienda crecedera, el pie de casa y demás métodos similares para facilitar la auto-construcción por parte de la población.
La vivienda progresiva se estimulará en todas sus variantes y expresiones. Es una vía constructiva en las que la población -o aun las instituciones locales más débiles- aportan fuerza de trabajo de a poco, ajustando racionalmente los recursos humanos en el tiempo, según sus capacidades y potencialidades. Así se obtiene un producto final completo, construido solidariamente con apenas unos pocos brazos, a la par que va resultando habitable en cada estadio de crecimiento, resolviendo una necesidad sin estar totalmente concluida e incrementando el sentido de pertenencia.
11. Promoción de la urbanización bajo el esquema de “lote y servicios”.
Optimiza los recursos humanos especializados dado que el proceso urbanizador -por su complejidad, costos y envergadura territorial- es un proceso casi exclusivo del Estado, mientras que actores menores, incluidos los privados, cuentan con el potencial para construir viviendas sin distraerlo de ese empeño. Esta es una expresión de la construcción por esfuerzo propio y, simultáneamente, una fórmula de asociación público-privada que permite al Estado urbanizar una zona para vender el lote a particulares o entidades que lo edifiquen. La urbanización es un proceso inherente a la ejecución de las unidades habitacionales, y la vivienda, por sí misma, no constituye un producto acabado ni habitable si no es de conjunto con su sistema de redes técnicas y de servicios asociados. El manejo integral de la inversión urbana no es delegable para etapas mejores y su anulación suele resultar muy costosa a largo plazo, siendo precondición para la cualificación ambiental y el desarrollo local.
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12. Recuperación de las Microbrigadas como productoras de viviendas.
En los años 70 el método demostró excelentes resultados que nunca más fueron alcanzados. Se construyeron miles de viviendas en toda Cuba por esas fuerzas organizadas lo que bastaría como aval a la reinserción de las Microbrigadas de Construcción de Viviendas con Plus-trabajo y satisfacer demandas originadas en entidades e instituciones donde hoy existe un gran potencial de recursos humanos disponibles, ahora bajo advertencia de reducción, que podrían respaldar productivamente su salario con la ejecución de viviendas o materiales afines a ella.
13. Otorgamiento de licencias para el trabajo por cuenta propia en el ámbito del Hábitat.
Trabajadores de la construcción o quienes posean experiencia en ella -obreros, técnicos y también los profesionales- deberán ser estimulados y remunerados para trabajar en brigadas, cooperativas o individualmente, en la producción local de recursos, la reparación y ejecución de viviendas o la asesoría técnica mediante su libre contratación, resultando también una significativa fuente de empleo que contribuye al desarrollo local sostenible.
14. Fortalecimiento de la capacitación de los recursos humanos involucrados en la vivienda.
La improvisación, el voluntarismo, la ineficiencia, la falta de sustento económico-financiero en algunas decisiones, la baja calidad ejecutiva y errores tecnológicos en la gestión y manejo de los recursos dedicados a la vivienda se originan también en el desconocimiento técnico reinante. En gran medida, esa actuación es resultado de la incultura económica, tecnológica y teórica. Hay que socializar el saber promoviendo una amplia estrategia de capacitación y formación entre todos los actores involucrados en la gestión, producción y manejo del hábitat.
15. Reposición del Programa del Arquitecto de la Comunidad, en su versión original.
Cientos de arquitectos e ingenieros se incorporaron antes a este Programa promovido por la -lamentablemente- desaparecida ONG Hábitat-Cuba. Este método demostró su validez en el campo del diseño participativo comunitario facilitando el acceso de la población a proyectos locales de viviendas, ajustados a sus demandas y a precios alcanzables. La reposición del Programa en su versión fundacional optimizará recursos personales y familiares, facilitará el acceso popular a asesorías y diseños colegiados, a la par que permitirá contar con numerosos profesionales que garanticen proyectos compatibles con intereses locales y las regulaciones urbanas.
Foto: Raquel Pérez Díaz.
Captación, movilización y optimización de los recursos financieros.
16. Contribución directa del capital privado.
Miles de trabajadores internacionalistas, cooperantes contratados y diplomáticos de regreso, trabajadores por cuenta propia, artistas y artesanos, médicos retornados de su misión con fondos de estímulo acumulados, marinos, tripulaciones aéreas, taxistas, empleados de firmas extranjeras, agricultores, receptores de remesas, intermediarios, y muchos otros ciudadanos poseen pequeños capitales legítimamente ganados que podrían ayudarlos a financiar la vivienda que necesitan, tanto en moneda nacional como en divisas. No solo es posible captar esos fondos pasivos, sino resulta indispensable ante el actual déficit de recursos financieros.
17. Promoción de las Cooperativas para la construcción y administración de viviendas.
Esta fue una de las vías que alguna vez formó parte de las facilidades otorgadas por la Ley de la Vivienda, en 1984, y fue luego cancelada. Esta forma de asociación mancomunada y solidaria cuenta con los brazos y los recursos financieros de los cooperativistas que la integran, por lo cual gran parte de la inversión proviene de bolsillos personales y no del Estado. Éste solo asume los costos de recursos que desbordan totalmente a la población. Se convierte así en una forma de asociación público-privada perfectamente compatible con el escenario cubano. La estructura interna de las cooperativas también puede y debe incluir las instituciones, no solo a los privados. Es preciso que la Legislación contemple una correcta formulación para el mercado, la propiedad, manejo y administración cooperada, incluyendo no solo la casa misma sino el inmueble urbano en su conjunto.
18. Apoyo de la cooperación internacional y de las donaciones para el Desarrollo.
Significaría una contribución millonaria de capital solidario –no condicionado- en favor del hábitat cubano. Hoy resulta muy baja la cuantía e impacto de esos fondos externos porque ni el mercado nacional ni las severas reglamentaciones vigentes facilitan o potencian su accionar. A pesar de la notable urgencia social, y si bien el hábitat aparece entre los diez ejes que el Estado cubano prioriza para la cooperación internacional, el aprobado Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante el periodo 2008-2012 no lo describe explícitamente entre sus áreas de cooperación, sino lo considera en acciones transversales.
19. Créditos bancarios blandos y de bajo interés para financiar el hábitat.
Nominalmente, el banco puede otorgar créditos -y lo hace-, pero su cuantía y extensión actuales no tienen un impacto significativo sobre la vivienda que se construye; no hay un especialista que los ubique como un proceso facilitador de la producción de recursos. Los préstamos en divisas a particulares o instituciones para la producción de la vivienda no existen en la práctica. Esto debe revertirse para que el capital privado o institucional desempeñe su rol y complementen el esfuerzo del Estado, y debe hacerse en ambas monedas, hasta que se implemente su anunciada unificación. Los intereses sobre los préstamos, aun los bajos, significan una vía adicional de captación de fondos para ser reinvertidos por la banca en este eje.
20. Reinversión de las plusvalías urbanas potenciando el desarrollo local y humano.
El paradigmático caso de La Habana Vieja se muestra como una solución viable tratándose de un modelo de gestión replicable en otras localidades del país que tienen potenciales similares a los del Centro Histórico de la Habana y sólo precisan la aprobación de una autonomía de gestión que permita a la ciudad costearse a sí misma con los recursos que ella crea. El autor destaca que el Decreto-Ley 143 del Consejo de Estado -que puso en marcha la conmovedora y exitosa experiencia- se aprobó en octubre de 1993, durante los peores días del Periodo Especial, demostrando su capacidad para generar la captura de plusvalías urbanas, inversión sostenible de capital y desarrollo local aun bajo una severa crisis de recursos, con lo cual, de paso, desmintió a la escasez como única responsable del déficit.
Foto: Raquel Pérez Díaz.
21. Rediseño tributario con impacto en el hábitat y en la producción local de recursos.
No son públicos los datos que permitan conocer cuánto del impuesto en divisas cobrado a los arrendatarios privados se ha invertido directamente en esos recursos, definidos como la limitante principal de la vivienda. Más, este aporte no ha tenido un impacto visible y por ello se precisa recomponer el diseño tributario en éste y otros muchos aspectos. Por ejemplo, tal cual se gravan los servicios privados de renta, el Estado y las compañías de capital extranjero o mixto podrían tener aplicado un impuesto -para ser reinvertido en los asentamientos humanos en que actúan- mitigando los impactos ambientales que muchas veces se producen allí a causa de justificadas inversiones de interés nacional, como ocurre en Moa, por ejemplo. No es de ignorar la contribución a la balanza de pagos que significaría, entre otros, el impuesto sobre la propiedad urbana, a ser implementado lenta y progresivamente.
22. Reinversión de una parte de las utilidades de otros sectores nacionales.
El turismo, el mundo del espectáculo, el deporte, las tiendas recaudadoras, las principales entidades generadoras de divisas, las empresas mixtas u otros actores similares reservarían una mínima parte de sus utilidades para satisfacer algunas necesidades de recursos destinados a alojar a sus trabajadores. Parece una justa apropiación de la riqueza creada, conducida al modelo inclusivo que alentamos y una fórmula equitativa que da más a quienes más aportan.
23. Fortalecer la asociación público-privada para potenciar los recursos financieros.
En un escenario que se define “sin contradicciones fundamentales” entre ambos sectores, la asociación público-privada vendría como un resultado natural. Dos de estas modalidades mancomunadas fueron ya comentadas, pero otras pudieran promoverse: la vivienda vendida a empleados que convenían con sus instituciones la ejecución conjunta de casas amortizables a plazos; la vendida en calidad de estímulo o según méritos laborales; las hipotecas sobre préstamos bancarios inmobiliarios, la importantísima recuperación y venta de miles de viviendas o edificaciones originalmente residenciales que sufrieron cambios de uso o de tipologías para funciones ajenas al hábitat; la vivienda privada que recicla instalaciones inactivas, inventarios o recursos estatales obsoletos que le serían vendidos, así como otras fórmulas no habituales de financiamiento legal, se implementarían para alentar la inversión de fondos pasivos en poder de la población.
24. Alentar el financiamiento desde entidades no estatales con potencial para ello.
Una parte del sector emergente, firmas y agencias comerciales extranjeras, iglesias e instituciones religiosas, agencias de prensa y servicios externos, agencias de cooperación bilateral u otras entidades similares, tal vez estarían en capacidad e interés de financiar una parte de los recursos necesarios para que sus trabajadores más necesitados puedan accederles. Pareciendo viable, en ciertos casos, esta fórmula también debería alentarse y facilitarse. Un modelo incluyente significa con todos.
25. Limitación del subsidio de recursos, reduciéndolo a los más vulnerables.
El subsidio es una fórmula excepcional de financiamiento. Deberá aplicarse solo en casos bien identificados y para familias específicas, no a grupos o sectores sociales completos. Abordar el subsidio según esta definición libera al Estado de una parte de su carga actual, flexibiliza el manejo de sus menguados fondos y optimiza sus recursos financieros reservándolos solo a los sectores vulnerables más prioritarios.
Foto: Raquel Pérez Díaz.
Resumen
Los 25 apuntes descritos definen un modelo-proceso, descentralizado y sostenible, que no cancela la presencia estatal, sino la complementa. No sustituye al Estado en su intervención de gran escala, sino lo acompaña y no pretende resolver todo el déficit de recursos, sino estimular y movilizar los enormes potenciales locales, privados, institucionales y comunitarios, para articularlos en cadenas productivas. El listado anterior ha sugerido variables -nunca a ser consideradas definitivas ni aisladas del proceso general- que no apuntan a resolver la totalidad del déficit actual, sino una mayoritaria parte de él, contenedora del sector que puede producir y movilizar recursos con sus propias manos. Esa parte de la demanda –que es decir, de la necesidad- debe atenderse porque de seguro resultará en miles de nuevas unidades habitables por año. Desatar la capacidad latente en cada individuo, institución, gobierno y localidad liberaría los nudos que hoy traban las fuerzas productivas en la cadena-proceso del hábitat. Además, aliviaría al Estado de una parte de su carga en solitario para poder concentrar los esfuerzos del aparato central en las demandas de la gran escala regional, como las macro inversiones, redes técnicas y urbanizaciones, la industria y el transporte, incluyendo también la atención a los sectores vulnerables y a quienes no pueden relegar tareas prioritarias para involucrarse en el proceso autogestionario.
Generalmente mirada desde la acción parcial y no como un proceso sistémico, la vivienda suele ser vista desde una arista única –su construcción- mientras otras muchas facetas legales, ambientales, urbanas, financieras, energéticas, de diseño, planeamiento o socioculturales, no son siquiera abordadas. Esa reiterada limitación es responsable de los fracasos y desfallecimientos sufridos por muchas iniciativas locales, exitosas y dignas de replicación en el hábitat, que nunca pasaron del experimento aislado -el eslabón- para llegar a constituirse en políticas nacionales -la cadena- que resultaría de una aproximación integral, descentralizada y sostenible dirigida a atender esta demanda social que no merece, ni ya permite, más dilación.
Finalmente, sería ésta una buena oportunidad para fortalecer el capital social acumulado en Cuba dotándole de nuevas herramientas y capacidades para la participación y la potenciación del Desarrollo Local. Promovamos un nuevo modelo inclusivo para la gestión y el manejo sostenible de los recursos materiales, financieros y humanos en la vivienda, con la participación decisoria de todos, o llegaremos al punto de no retorno en el déficit habitacional acumulado y la recuperación de las ciudades.
(*) Arquitecto, diseñador urbano. Consultor para el Hábitat y la Gestión de Proyectos. Profesor fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Las Villas. Miembro del Comité de Expertos de la Construcción y Miembro de la Comisión Cultura, Ciudad y Patrimonio de la UNEAC. Ha trabajado el tema Hábitat por más de 40 años, desde diversas aproximaciones y escalas.
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