LA HABANA. También en Cuba la pandemia avanza. Con independencia de la altura que tome la curva de contagiados activos, la mayoría de los modelos matemáticos avizoran presencia de casos confirmados, al menos, hasta los meses de julio-agosto. Todos los escenarios apuntan a que el país lograría, en el entorno de ese lapso, eliminar por completo esta primera ola del brote epidémico. ¿Qué viene después?
Con la distención del confinamiento las multitudes estarán nuevamente habilitadas para acometer la reanudación de todo lo detenido. Pero, como ya sabemos, el teatro de operaciones habrá cambiado drásticamente. Muchas cosas ya no estarán en el lugar acostumbrado, nos enfrentamos a las incertidumbres de la denominada “nueva normalidad”.
Los caminos transitados de la nueva crisis
Ya se van perfilando con mayor precisión las proyecciones recesivas globales para 2020. Cuba, al igual que muchos otros países en el mundo, estaría adentrándose en los próximos meses en una severa crisis económica. Algunos pronósticos iniciales de la CEPAL estiman una contracción del PIB de un 3,7 por ciento, mientras The Economist Intelligence Unit proyecta una caída del 4,7 por ciento.
A la sazón, algunas semejanzas —aunque también grandes diferencias— se presentan con aquellos años difíciles del llamado período especial. Al agotamiento del modelo interno de desarrollo, y al arrecie de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por ahogar la economía cubana, se sumaba entonces un súbito y contundente shock de comercio exterior, como catalizador. Estos tres factores vienen a desempeñar el mismo papel, treinta años después.
Ahora el Estado, como en aquel entonces, intenta por todos los medios administrar y atenuar los costos sociales de la crisis al colocar el énfasis inicial en las políticas de protección, aunque ahora enfrenta nuevas complejidades. La ampliación del régimen de racionamiento de alimentos y otros productos de primera necesidad, el esfuerzo por congelar los precios en toda la economía, la preservación de empleos y salarios a pesar de la caída de los niveles de actividad, y la ampliación —consecuentemente— de subsidios a las empresas con pérdidas, constituyen necesarias medidas de mitigación de impactos que trascienden la coyuntura del aislamiento social.
Sin embargo, la indiscutible justeza de este enfoque no soluciona el problema de base. Las distorsiones macroeconómicas —que no son espurios tecnicismos sin rostro humano— acumuladas entre 1990 y 1993 laceraron para siempre la funcionalidad de la moneda doméstica original e impusieron otros perdurables desequilibrios, que no han podido superarse por la política económica posterior.
Algo similar podría estar incubándose ahora. Ante los compromisos con el incremento salarial operado el pasado año, en un contexto de retracción severa de la oferta, protección de precios y venta regulada, se podría desatar un nuevo proceso de inflación reprimida, que potencie el desarrollo de la segunda economía y refuerce la pérdida de funciones de las monedas nacionales.
El espacio para la gestión fiscal de subsidios y subvenciones, así como el sostenimiento de los financiamientos a la salud, la educación, la ciencia y demás servicios y producciones esenciales, estará cada vez más limitado por la contracción en la captación de ingresos públicos. Si el incremento del déficit fiscal se financia con monetización total o parcial, entonces los desequilibrios monetarios de corto plazo tenderían a agravarse. Las personas podrían buscar refugio en otros activos y la posibilidad de una dolarización “desde abajo” reaparece como amenaza subyacente. No es ese un ambiente precisamente quimérico para el impulso productivo que se necesita.
A partir del inicio de la crisis de los noventa transcurrieron más de tres años antes que se desatara aquel paquete de transformaciones —llamado oficialmente reformas— que a la postre consiguió la remontada. Ahora no se puede esperar a que esta nueva crisis germine. Hay que actuar ya.
El mandato de la Actualización
La Actualización, la más reciente reforma concebida hace 10 años con el propósito explícito de desatar las fuerzas productivas, está a punto de pasar a la historia más por las pausas que por las prisas. Varios temas esenciales han resultado pospuestos una y otra vez por razones diversas.
Sin embargo, la principal fortaleza con que cuenta el país para afrontar el nuevo pandemonio radica justamente en el trayecto recorrido por esa Actualización. Disponer de un documento aprobado en un el último Congreso del Partido y refrendado en Carta Magna por una amplia mayoría de la población residente, no requiere la construcción de nuevos consensos. Ya se hizo. Ahora hay un mandato que cumplir. Hay otras necesidades, pero medidas como la reunificación monetario-cambiaria, la reforma de la empresa estatal, y la institucionalización del sector privado constituyen esencias de la Actualización que se encuentran en pausa.
Implementar el reordenamiento monetario enfrenta el enorme desafío de gestionar exitosamente los ajustes que han de producirse. La certeza de que una parte de las empresas verá afectada sus actividades por incosteables, la emergencia de desequilibrios macroeconómicos a solventar por el Estado, los riesgos de descalces de oferta durante el proceso de recomposición de las cadenas productivas, y el impacto negativo sobre amplios sectores de la población que requerirían ser protegidos, se hallaban entre las principales razones para temerle a este proceso. Pero todo esto está ocurriendo ya sin reunificación. Pareciera, por lo tanto, que este es un momento inigualable para resetear la economía de una vez y recomenzar en breve con la construcción de un nuevo orden monetario.
Por su parte, la prometida reforma integral al sistema empresarial estatal tiene que cambiar el ritmo. Independizarlas de las estructuras de gobierno ministeriales, eliminarle todo nivel superior de dirección que parasite su funcionamiento, transformarle los rígidos mecanismos actuales de asignación de recursos hacia métodos de planificación financiera facilitadores de su desarrollo, y generarle un sistema de incentivos óptimo que estimule incrementos productivos, exportaciones y expansión de capacidades constituyen urgencias impostergables.
No obstante, el más inmediato de los retos está en crear opciones de actividad económica para esa gran masa de personas en edad laboral que se encontrarían al margen ante el nuevo contexto. Esto comprende a los trabajadores estatales y cooperativos que queden disponibles, a los emprendedores cuyos negocios se vean forzados a cerrar, así como a los trabajadores contratados en estos negocios privados. Pero, sobre todo, habrá que desatar cuanta traba mental ha impedido movilizar a ese ejército de “inactivos” —entre los cuales se encuentran los informales— que suman más de 2.3 millones y representan un tercio de la fuerza de trabajo potencial. No es posible pensar en recuperación, y mucho menos en productividad y desarrollo, subutilizando económicamente a uno de cada tres individuos en edad laboral.
El desarrollo de un sector privado en Cuba, de pequeña y mediana escala económica, financiado por instituciones bancarias estatales, sin vínculos estructurados con el gran capital, y encauzado a través de las instituciones políticas domésticas, más que representar una amenaza para el socialismo cubano, constituye una pieza importante en su estrategia actual de salvación.
Aceptar formalmente su existencia como empresas y no como labores individuales; implementar la lista negativa de actividades restringidas a cambio de eliminar la restrictiva lista de actividades permitidas; ofrecerles de una vez, por las instituciones financieras estatales, opciones crediticias serias, con objetivos reales de fomento, que estimulen la incorporación de las personas y generen oportunidades de empoderamiento a grupos sociales en desventaja; fomentar las actividades principalmente productivas ; y apoyar resueltamente todo proyecto —privado, cooperativo, estatal, mixto o de cualquier tipo— que se proponga incrementar la producción, procesamiento y distribución de alimentos; están entre las acciones necesarias más destacadas.
La sociedad cubana actual no parece estar mejor preparada que su predecesora de los noventa para enfrentar la crisis que se avecina. Su naturaleza mucho más heterogénea, la profundización de múltiples brechas de igualdad, el desgaste por la acumulación de tensiones económicas, sociales y políticas, así como la naturalización de contradicciones latentes respecto al paradigma de sociedad socialista, harán mucho más compleja la tarea presente. Desatascar la Actualización de inmediato constituye el único antídoto. Se puede discrepar todavía sobre todos sus contenidos, pero nadie debe erigirse en obstáculo para que se aplique lo que ha sido aprobado por una amplia mayoría de la ciudadanía y por la máxima representación de su organización dirigente. No hay más tiempo.
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