¿Quién pagará por la crisis del coronavirus?

Por Geraldina Colotti, Alai

Según todos los indicadores, la pandemia de coronavirus provocará una crisis aún más devastadora que la de 1929. Según el último informe de la ONG Oxfam, que utiliza las investigaciones más avanzadas en todo el mundo, es probable que por el choque pandémico será reducido a la pobreza entre los 6 y 8% de la población mundial.

En algunas regiones del sur global, el nivel de pobreza volvería al de hace treinta años, pulverizando el progreso logrado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones Unidas. La crisis afectará principalmente a los 2 mil millones de trabajadores en el sector informal. En los países pobres, el 90% de los empleos son informales, en comparación con el 18% en los países ricos.

Las proyecciones del Banco Mundial también dicen que el desempleo en Europa podría duplicarse en 2020, y que casi 60 millones de empleos estarán en riesgo. En una investigación de EuroFound, el 28% de los europeos dijeron que habían perdido sus trabajos, temporal o permanentemente, desde el comienzo de la pandemia.

En Italia, o sea en la tercera economía de la zona euro, al menos 3 millones de personas tienen contratos “al negro” y, por lo tanto, están excluidos de la ayuda ordenada por el gobierno. Más de un tercio de la población, que asciende a 60.317.000, tiene serias dificultades económicas.

Incluso antes de la pandemia, el 25% de los italianos no podían enfrentar un gasto inesperado de 800 euros sin endeudarse, y un tercio de las familias dijeron que no tenían la liquidez necesaria para vivir más de tres meses sin caer en la pobreza.

Incluso antes de Covid-19, la concentración de la riqueza mundial en muy pocas manos dejaba en claro en qué medida los datos de crecimiento, leídos desde el punto de vista de la economía burguesa, ocultaban enormes desigualdades. A mediados de 2019, desde el punto de vista del patrimonio, el 1% de la población mundial poseía más del doble de la riqueza neta de 6.900 millones de personas. No obstante, a principios de 2020, en 46 de los países más pobres del mundo, el gasto en deuda externa superó en promedio el gasto en salud pública en cuatro veces.

En Italia, la brecha de desigualdad ha aumentado a medida que el poder organizado de las clases populares fue derrotado. Todos los derechos laborales, conquistados en el ciclo de lucha de los años 70, se han erosionado. El 20 de mayo de 1970, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en el Parlamento, no solo la extrema izquierda, entonces muy fuerte, sino también el Partido Comunista, que se abstuvo de votar, lo consideró un nivel mínimo de compromiso alcanzado.

En aquel entonces, lo que estaba en juego era el poder. Hubo una división acerca de los tiempos y de las formas, pero no en la necesidad de transformar el orden económico y político existente. Era normal, entonces, gritar en todas partes: “Los patrones pagarán por la crisis”.

Ese Estatuto, aunque muy avanzado porque reflejaba el nivel alcanzado por la lucha de clases, fue considerado por la Nueva Izquierda como una estafa contra los trabajadores. En aquel entonces, se pensaba en construir el poder popular, desde los Consejos de fábrica hasta los Consejos de zona.

La alternativa entre Reformas o Revolución estaba teniendo lugar muy claramente. Ante la reacción de la burguesía al servicio de los Estados Unidos, ante las masacres cometidas por fascistas y servicios secretos, ese ciclo de luchas radicales se proyectó durante más de una década, también a través de organizaciones guerrilleras.

Después de las grandes reestructuraciones capitalistas de la década de 1980, después de la derrota de la vanguardia de la lucha y los más de 5.000 presas y presos políticos, casi todos condenados a cadena perpetua, la burguesía retomó el terreno, luego de despidos masivos y políticas neoliberales, que hicieron un desastre de esos derechos.

La identidad colectiva de las clases populares y su dignidad fueron destruidas, el recuerdo de esas luchas fue juzgado en los tribunales. Los reformistas de esa época se convirtieron en los cantantes del estribillo según el cual no hay alternativas al capitalismo, y, por lo tanto, los trabajadores deben pulir bien sus cadenas en lugar de romperlas.

El 20 de mayo, los sindicatos de base y los movimientos populares se manifestaron bajo el Parlamento en los primeros días de la recuperación, recordando cómo el Estatuto de los Trabajadores y muchas otras leyes sindicales fueron prácticamente canceladas. También hubo una manifestación de trabajadores del campo, principalmente inmigrantes, obligados a trabajar ilegalmente y sin ninguna protección.

Las organizaciones populares, que no se sientan en el Parlamento porque la ley electoral también ha mudado en un sentido elitario, denuncian que el decreto del gobierno ha cedido a los industriales: los mismos que, en el norte de Italia, donde la pandemia fue más devastadora, son responsables de los retrasos en los cierres, y que ahora planean hacer que los trabajadores paguen por la crisis.

Las tímidas aperturas del gobierno, por otro lado, indican la necesidad y la posibilidad de un cambio estructural, que permite a un Estado que no se arrodille a los intereses del gran capital tomar las riendas de la economía y planificar la producción en función de intereses reales y no a los de lucro.

Pero un cambio solo será posible si, como explicó la economista Pasqualina Curcio en su último artículo, volveremos a comprender los mecanismos que rigen la contradicción entre Capital y Trabajo y sacaremos las consecuencias. Marx lo explicó en su tiempo en “Salario, precio y ganancias”.

En Venezuela, donde la economía está pervertida por la guerra económica impuesta por el imperialismo, el grado real de explotación del trabajo por parte del capital, dice Curcio, es del 268%. En Italia, donde algunas de las principales empresas han trasladado su sede a un paraíso fiscal para no pagar impuestos, que en cambio siempre pesan sobre los trabajadores, el grado de explotación se indica por la enorme brecha entre ricos y pobres.

Incluso antes del coronavirus, en Italia, el 10% más rico tenía más de 6 veces la riqueza del 50% más pobre. En veinte años, mientras que la mitad más pobre de los italianos ha visto disminuir su riqueza en un 36,6%, los ricos han disfrutado de un aumento del 7,6%.

El año pasado, en términos de patrimonio, la proporción de riqueza que poseía el 1% más rico superó la que tenía el 70% más pobre. Y mientras que aquellos con un salario mínimo no pueden llegar a fin de mes, un gerente de fábrica o de banco puede ganar hasta 6 millones de euros al año.