Si no es ahora, ¿cuándo?

Por Ricardo Torres Actualizado May 28, 2020

LA HABANA. A menos de un año del VIII Congreso del Partido, la realidad de la “actualización” supera los pronósticos más pesimistas. Si en el VII Congreso se exhibió con cierta preocupación la implementación total del 22 por ciento de los Lineamientos, ahora se necesita una carrera contra el tiempo para emular esos resultados. En los últimos años, concretamente desde 2016, asistimos con incredulidad a un fenómeno que resalta los grandes obstáculos que tuercen la reforma cubana. En el discurso público se fueron haciendo cada vez más esporádicas las menciones a la “actualización”, los “lineamientos”, o la “comisión de implementación”. Por ello no es tan sorprendente que los recientes llamados a considerar decisiones “postergadas” hayan sido recibidos con esperanza y entusiasmo.

En diciembre de 2015, durante las sesiones de la Asamblea Nacional, algunos diputados se quejaron del alza de los precios de los alimentos. Entre todos los factores que se podían haber considerado responsables, había un predilecto: los cambios en la comercialización y el mayor protagonismo del sector no estatal. En abril de 2016 se decidió deshacer lo poco que se había logrado en ese ámbito. Un año tardó la publicación de las versiones finales de los documentos del VII Congreso, acaecida en julio de 2017.

En marzo de 2018, una sesión del Consejo de Ministros reconoció que las transformaciones habían perdido empuje. Lo que resultó perturbador fueron las razones esgrimidas: se implementaron primero las medidas más sencillas, ahora debe ser más lento porque corresponden las decisiones más complejas; algunas cosas no han resultado de acuerdo a lo que se planeó inicialmente, por lo tanto, hay que repensarlas y readecuarlas. De esta última razón se derivó la decisión de “perfeccionar” el trabajo por cuenta propia, equivalente en la práctica a un retroceso claro, a pesar de que los documentos centrales preveían la constitución de pequeñas y medianas empresas. Las cooperativas permanecen en la categoría de “experimento”, ocho años después.

¿Qué es lo que verdaderamente salió mal en la “actualización”?

El crecimiento económico en la década pasada (2009-2019) fue de 2,3 por ciento promedio anual, lo que compara muy desfavorablemente con el decenio precedente (6,2 por ciento). Después de 2016, esa cifra se reduce a 1,4 por ciento. Cierto es que aquel resultado se obtuvo en medio de favorables, pero insostenibles, relaciones con Venezuela. Y también la economía mundial creció menos desde la recesión de 2009. Incluso, el Índice de Desarrollo Humano cayó durante gran parte de la década.

Dado que la Isla exhibe un buen desempeño en salud y educación dado su nivel de ingreso, la única forma de mejorar los valores en el futuro está determinada por el aumento de la riqueza. Las exportaciones, aspecto clave para acceder a las divisas y sostener las importaciones, han tenido una pésima década, en gran medida debido al colapso de los flujos con la nación bolivariana y la incapacidad de desarrollar otros mercados. El caso del ron, y más recientemente la miel y el carbón vegetal, demuestran que cuando hay un producto que se coloca inteligentemente en los mercados foráneos, las ventas pueden crecer aún bajo el régimen de sanciones.

Respecto a la estructura del empleo, los resultados son aún más contradictorios. El sector no estatal es usualmente responsabilizado por la “fuga” de empleados desde las entidades estatales. Esto a pesar de que fue el propio gobierno el que indicó que las plantillas del sector público debían reducirse en más de un millón de puestos de trabajo. Lo que ocurrió fue que más personas emigraron o se fueron al sector informal que aquellos que terminaron siendo cuentapropistas o cooperativistas. Si el país hubiese tenido en 2018 la misma tasa de actividad económica que en 2009, habría alrededor de 830 mil ocupados adicionales en el sector formal, que supondrían miles de millones de pesos adicionales en impuestos pagados para sostener mejores servicios sociales para todos. Lamentablemente, hay que decir que logramos latinoamericanizar la estructura del empleo. Sin sector privado, muchos más habrían ido a parar a la informalidad o a otros países.

El objetivo de incrementar el volumen de inversiones, y cambiar su estructura para favorecer los sectores de la producción material comenzó a lograrse, sobre todo después de 2014. Sin embargo, la eficiencia de esas inversiones es otro asunto. En medio de las graves distorsiones de la planificación material, la estructura de propiedad y el entorno monetario-cambiario, no es de extrañar que el rendimiento de las mismas sea incierto, lo que solo agravaría la escasez de divisas y el endeudamiento externo. La agricultura y el turismo internacional ilustran claramente el punto anterior.

Con semejante desajuste, no es raro que la economía crezca poco y con mayores desequilibrios macroeconómicos. Si bien las cifras oficiales dan cuenta de tasas de inflación relativamente bajas, la observación sugiere que, en mercados específicos como los alimentos, la realidad ha sido otra. La liquidez monetaria de la población ha aumentado más de 10 puntos porcentuales desde 2013, alimentada por el déficit fiscal creciente, el estancamiento económico y la contracción de las importaciones. Ello se manifiesta, sobre todo, en la escasez. En estas condiciones, la presión para el aumento de los precios se mantendrá en el futuro previsible. Esto, junto a la situación de las finanzas externas, explica la extensión de la dolarización.

Todo lo anterior vino acompañado de mayores niveles de desigualdad, cuya única causa, aparentemente ha sido la limitada y defectuosa expansión del sector no estatal. Ni una mención a la informalidad, la precarización de los servicios sociales o la impostergable reforma de los mecanismos de protección social en una sociedad heterogénea.

Lecciones para la “nueva etapa”

Ahora que es tiempo de repasar todo lo acontecido, la primera gran lección es que no se debe dejar para luego, lo que puede y corresponde hacer en el presente. No hay garantías de que el tiempo futuro sea mejor. Lo que se dejó de hacer o se hizo a medias se convierte en un lastre. La introducción de cambios apresurados y desordenados en situaciones límites, no puede sino empeorar las cosas.

La secuencia de las transformaciones es decisiva. Parece lógico comenzar por los cambios más simples, pero no siempre es lo más conveniente. El mérito y efecto de las medidas no se mide esencialmente por el número de decisiones que las acompañan, sino por su calado. En ese sentido, la estructura de propiedad y el mecanismo de coordinación (planificación central, ausencia de mercado) preceden al resto de las transformaciones. Por ejemplo, luego de una lista interminable de resoluciones, contrarresoluciones y “medidas”, la empresa estatal ha perdido diez valiosos años para comenzar una verdadera reestructuración. En la actualidad es mayor la burocracia que la rodea, y se han consolidado diversos tipos de empresas públicas, que obedecen a reglas diferentes.

Desde el punto de vista político, resulta contraproducente que la propia institucionalidad creada para implementar la “actualización” haya transitado gradualmente hacia la irrelevancia. Por increíble que parezca, en la medida en que se formalizó el proceso y se codificó en nuevos documentos, “cualitativamente superiores”, el avance se hizo más lento. Recientemente han proliferado incontables grupos temporales de trabajos, equipos asesores y demás, cuyas tareas son la identificación de trabas y la creación de bancos de problemas. Se vuelve a descubrir por enésima vez la importancia de la academia, cuando ya en 2012 se había constituido el Consejo de Ciencia y Tecnología, precisamente con el encargo de funcionar como una interfase entre las ciencias sociales y los decisores. ¿Qué pasa en las instituciones cubanas que resulta tan difícil adherirse a un cronograma mínimo de transformaciones? ¿Por qué insistimos en crear mecanismos paralelos en lugar de hacer que funcionen los existentes?

La pérdida de confianza en las instituciones es una consecuencia grave de ese proceder. A pesar de que los documentos rectores contienen contradicciones y ambigüedades que suponen desafíos para su implementación, despojarlos de su carácter referencial para la política económica socava la validez del proceso político que les dio origen. Tanto los documentos partidistas como la Constitución codifican líneas de transformación cuyo abandono o retraso significan un portazo al mandato popular.

La invocación del endurecimiento del escenario internacional, además de ser conveniente, revela una gran incoherencia. Los lineamientos y el proceso subsiguiente se han basado en la premisa de que una parte esencial de los problemas económicos del país se deben a causas internas, y es posible desencadenar acciones para corregir esas fallas. Ninguno de los documentos indica que las propuestas requieren un contexto externo favorable, casi ideal, como condición para su éxito. Todo lo contrario, un país en transformación genuina es uno que seguramente altera la correlación de fuerzas externas a su favor.

Recuperar la “actualización” seguro concitará el apoyo de no pocos cubanos honestos, pero se han perdido muchos años valiosos. Entre la restructuración del orden internacional y la epidemia de la COVID-19, el mundo tampoco es el mundo. Si en los noventa se apeló a una nueva inserción externa para retornar a la senda del crecimiento económico, ahora tendremos que ponernos de acuerdo con nuestros propios demonios. Ya no quedan máscaras.

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