La Gaceta Oficial N.º 94 Ordinaria de la República de Cuba publicó, en días pasados, varios decretos leyes y un grupo de resoluciones ministeriales encaminadas a perfeccionar el trabajo de las Mipymes, las CNA y el TCP
«Seguiremos avanzando en el perfeccionamiento de nuestra economía. Desde el Gobierno, todo el apoyo a las nuevas Mipymes y cooperativas», expresó, mediante su cuenta en Twitter, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a propósito de la entrada en vigor, desde el 20 de septiembre, de los decretos leyes relacionados con las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cooperativas no agropecuarias (CNA), y el ejercicio del trabajo por cuenta propia (TCP), como parte del perfeccionamiento de los actores de la economía cubana.
Sobre la «muy buena arrancada» del proceso se refirió, desde la propia red social, el vice primer ministro de la República y ministro de Economía y Planaficación, Alejandro Gil Fernández, quien destacó que hasta las 5:30 p.m. del primer día de la puesta en marcha de las normas jurídicas ya se habían recibido, en el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), 75 solicitudes de creación de Mipymes y CNA.
El titular de Economía también subrayó, al respecto de las solicitudes, que el equipo de profesionales del MEP trabaja en su evaluación.
La Gaceta Oficial N.º 94 Ordinaria de la República de Cuba publicó, en días pasados, los decretos leyes 44, 45, 46, 47, 48 y 49, y un grupo de resoluciones ministeriales encaminadas a perfeccionar el trabajo de las Mipymes, las CNA y el TCP.
Acerca de las Mipymes, Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación, refirió en conferencia de prensa en la que estuvo Granma, que estos actores no existían en nuestra realidad, sino que, por primera vez, se incorporan con una forma jurídica.
Indicó que dentro de los objetivos está lograr que las Mipymes se inserten en la transformación económica y productiva de la nación, y que no sean de subsistencia, lo cual significa crear nuevas industrias, productos y servicios que no existían antes y están en función, además de los objetivos que se han definido en el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
Esta norma jurídica define que las Mipymes pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, regula su creación y funcionamiento, facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país, delimita los procedimientos para su creación y extinción, define los criterios de clasificación y los aspectos relativos a su funcionamiento.
En el caso del Decreto Ley 47 de las cooperativas no agropecuarias (CNA), tiene por objeto establecer las normas que regulan la constitución, funcionamiento y extinción de cooperativas en sectores no agropecuarios de la economía nacional.
La Viceministra de Economía y Planificación explicó que se promueve «a las CNA como un actor más social, porque responde a un tipo de propiedad, donde todos los que trabajan son socios y se reparten las riquezas en función del trabajo acumulado».
Asimismo, se eliminan restricciones que tenían las normas vigentes relacionadas, entre otros aspectos, con la cantidad de socios, y se le encomienda al Ministerio de Economía y Planificación (MEP) todo el proceso de creación de las CNA.
En el caso del TCP, Ydelvis Álvarez Fonseca, directora Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que se modifica todo el proceso para obtener la autorización para ejercer este tipo de trabajo, al tiempo que los trámites se realizan por medio de una oficina en las direcciones municipales de trabajo que brindan asesoría, información y gestionan las solicitudes.
La funcionaria aclaró, además, que de no aprobarse el proyecto de trabajo, los interesados son notificados y se exponen las causas que llevaron a esa determinación; y de encontrarse inconforme, puede establecer recursos de apelación ante el jefe inmediato superior de la autoridad que emite el Certificado de Validación, «pero, además, tiene la posibilidad de acudir a la vía judicial», señaló.
También se conoció que el sistema de control del trabajo por cuenta propia es ejercido por los gobiernos provinciales del Poder Popular y por los consejos de la administración municipales, que son los responsables de la atención, evaluación, control y de los resultados de la inspección que se auxilian de grupos multidisciplinarios.
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