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El rol del sector privado en la economía cubana viene tomando un gran destaque en el debate sobre la realidad del país y las trayectorias futuras. Los cambios que tienen lugar desde 2011 han venido a reposicionar esta cuestión en la esfera pública, gubernamental y académica. Los criterios suelen pasar por no pocas opiniones extremas. El proyecto cubano durante 50 años se ha distinguido por una extrema cautela en lo relativo al involucramiento del sector privado en la actividad productiva, muy especialmente de la propiedad privada nacional.
La profunda crisis económica de principios de los noventa creó las condiciones para un gran reacomodo en el sistema de propiedad, el primero desde el advenimiento de la Revolución. Fue tal su entidad que requirió una reforma constitucional desde la Asamblea Nacional. Como resultado de ese primer paso, se abrieron camino un número reducido pero simbólicamente importante de “cuentapropistas”, lo que se correspondería en otros contextos con la pequeña propiedad privada[1]. Este dinamismo inicial languideció desde finales de la propia década del noventa en la medida en que no hubo continuación en los cambios, y muchos de ellos fueron revirtiéndose. En varias actividades se postergó indefinidamente el otorgamiento de nuevas licencias, mientras que otros cerraron los negocios a partir de un endurecimiento de las exigencias de las agencias estatales vinculadas con la regulación del sector. Con estos antecedentes, no resulta extraño que la ampliación del espacio que ocupa el llamado “cuentapropismo” a partir de las transformaciones que ha adelantado el Gobierno desde 2007 haya generado una gran atención, dentro y fuera de Cuba.
A partir de las reformas en la estructura de propiedad de la tierra en busca de un nuevo modelo agrícola y la posterior flexibilización de condiciones para la operación del “trabajo por cuenta propia” en septiembre de 2010, se han creado las condiciones para que el tamaño del sector no estatal sea, a la altura de 2015, el mayor desde los inicios de la década de 1960. En la actualidad se ubica aquí el 27% de la fuerza de trabajo, un número sin precedentes en 50 años. Una de las características de las nuevas políticas, es que no todo lo “no estatal” se percibe de la misma forma. Públicamente, se ha defendido la legitimidad de estimular más la formación de cooperativas, [2] mientras que se verifica menos resistencia a involucrar a empresas extranjeras que a ampliar la participación del “sector privado” nacional.
Desafortunadamente, la forma actual de concebir la participación del sector privado en la economía nacional limita sus potenciales efectos positivos mientras crea no pocos problemas. Por ejemplo, su mayor presencia podría estimular un mejor desempeño de las entidades estatales sobre la base de una mayor competencia. Hasta el momento, el solapamiento a nivel de sectores es mínimo entre “estatal” y “no estatal”. De hecho, lo que está ocurriendo es que se acelera la competencia dentro del propio sector no estatal.
El “cuentapropismo” y las cooperativas urbanas están concentrándose en un ámbito sectorial muy semejante, mientras que en otros ámbitos se mantiene una costosa protección al sector público. Y se podría aducir que la competencia puede llegar a ser desleal, dado que las cooperativas disfrutan de personalidad jurídica propia y un régimen tributario más laxo. Es decir, a priori se ha decidido estimular una forma de propiedad específica, independientemente de sus resultados en el terreno. Dado que la ineficiente asignación de recursos es asunto de primer orden en el escenario cubano, esta es una pobre elección de política. ¿Por qué no premiar a los más exitosos, los que crean más puestos de trabajo, o innovan más, o generan exportaciones? De esa manera más recursos (desde fuerza de trabajo y capital físico hasta insumos de todo tipo) irían a parar a las organizaciones que mejor los usan. Esa política no es desconocida en Cuba, se practica hoy en la agricultura (o por lo menos es lo que se dice).
Otro de los efectos perversos se observa en el mercado laboral. El tipo de actividades aprobadas para el “cuentapropismo” no se corresponde con el nivel educacional de la fuerza laboral cubana. La inmensa mayoría de las actividades autorizadas se pueden clasificar como primarias, manualidades de bajo valor agregado. Adicionalmente, las diferencias en la retribución pueden estar induciendo un desplazamiento de fuerza de trabajo calificada hacia posiciones que no requieren necesariamente una alta preparación profesional. Esto representaría un beneficio a corto plazo para el individuo, pero constituye un derroche de recursos a nivel social. Este fenómeno se ve acentuado por la lenta y extraviada reforma en la empresa estatal.
El movimiento de fuerza de trabajo no es un peligro en sí mismo, ni debe apreciarse como una amenaza en sentido estricto. En las condiciones actuales, la existencia de un círculo vicioso que corre desde la hipertrofia del empleo en el sector público, hacia la depresión del salario real y los nocivos incentivos que genera, termina afectando el desempeño global de la productividad. Sin embargo, los probables beneficios de un reacomodo del empleo pueden ser más que anulados si la productividad media en los nuevos empleos es más baja. En casos extremos, estos pueden ubicarse en actividades informales o ilegales. Incorporar sectores más complejos puede ser una buena oportunidad para crear empleos mejor remunerados, mejorar la distribución del ingreso (la instrucción es quizá el activo mejor distribuido en Cuba) y [re] balancear el sector terciario hacia actividades intensivas en conocimiento, en correspondencia con las tendencias de las economías modernas. Muchas de ellas proveen servicios claves para mejorar la competitividad de las demás empresas.
Otro asunto tiene que ver con el tamaño de los emprendimientos y sus posibilidades de expandirse. Diversos estudios en América Latina documentan una relación inversa entre el tamaño de las empresas y la productividad media. Uno de los problemas estructurales que tienen muchos países subdesarrollados es que nacen demasiadas PYMES que no logran crecer, manteniéndose en un umbral de baja productividad, eficiencia y escasa innovación. Romper ese círculo requiere de un “ecosistema” bastante sofisticado que incluye un sistema financiero diferente, nuevos sistemas de mercadeo y aprovisionamiento, educación especializada, ambiente institucional que incluye reconocimiento legal, además de abrir el debate social sobre su rol y contribución esperada. Esto toma tiempo, probablemente una generación, pero es importante comenzar cuanto antes.
La discusión acerca de la función del sector privado debe ser adecuadamente asentada en un contexto más amplio, prestando atención a los contornos de la sociedad cubana actual. En un escenario donde las empresas públicas son dominantes y mayormente ineficientes, no se socializa riqueza. ¿Qué valor tiene una entidad que siendo pública, registra pérdidas continuadas o crece por debajo de su potencial, no crea empleos bien remunerados, contamina el medio ambiente, y ofrece bienes y servicios de escasa calidad? Estas preguntas deberían formar parte de un debate social serio. Existen mecanismos para propiciar que incluso cuando la riqueza se crea a través de empresas privadas, esta pueda ser redistribuida a favor del bien común y el proceso de producción mismo tome en cuenta los intereses de los trabajadores. Un tejido social denso y control democrático efectivo pueden proveer el balance requerido.
[1] También ganaron terreno las cooperativas agrícolas (a partir de las UBPC principalmente) y las empresas extranjeras.
[2]Más allá de la agricultura, a través de un proceso de aprobación vertical y prolongado, muchas veces a partir de empresas estatales consideradas no estratégicas e inviables.
(*) El Doctor Ricardo Torres es economista del Centro de Estudios de la Economía Cubana.
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